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Didáctica a modo de glosario sobre Violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con base en el libro “Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia”
El término “glosario” proviene de la palabra en latín glossarium entendida como catálogo de palabras definidas para un mismo campo de estudio, según la Real Academia Española. Por tanto, el siguiente ejercicio es resultado del mapa de lectura al capítulo 3 (páginas 133 a 211) que es la médula del volumen referido, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Víctima principal: población civil.
Perfil de las víctimas: en su mayoría hombres, adultos, mestizos (por homicidio, desaparición forzada y secuestro), mujeres y menores de edad (por desplazamiento), niñas y el doble de niños y pueblos étnicos (por reclutamiento).
Motivo: controlar a la población con el propósito de tener poder sobre el territorio y el país.
Responsables: múltiples verdades y agentes (Estado, grupos paramilitares, guerrillas, narcotráfico, grupos pos-desmovilización y terceros civiles).
Violaciones: atentados y homicidios (masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos), desaparición forzada, secuestro, tortura, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenaza, trabajo forzoso, extorsión, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo, pillaje y reclutamiento de menores y adolescentes.
Lógicas de la violencia: exterminio físico y simbólico del enemigo por razones políticas (a movimientos sociales o población civil), guerra controlada en el tejido social, reconfiguración violenta del territorio (mediante desplazamiento forzado, despojo de tierras, control de la política local y regional), obstrucción a la solución política del conflicto armado (con retaliaciones, respuesta violenta a otros hechos violentos e intentos de eliminar la implementación del acuerdo de paz).
Modus Operandi: desconocimiento de los responsables, acciones llevadas a cabo en la noche, entre comunidades o lugares lejanos, ataques cuando las víctimas estaban solas o mediante el ocultamiento intencional de los autores, práctica deliberada para ocultar los hechos, impunidad de los hechos debido a la falta de investigación de lo sucedido o por desconocimiento del presunto responsable o cuando esa identificación no depende de la víctima o de un testigo.
Territorios: Antioquia con 125.980 víctimas (28%), Valle del Cauca con 41.201 víctimas (9,1%), Norte de Santander con 21.418 víctimas (4,8%), Cauca con 19.473 víctimas (4,3%) y Cesar con 16.728 víctimas (3,7%). Se suman Meta con 8.542 víctimas (7%) y Bogotá con 5.565 víctimas (5%) por 121.768 personas desaparecidas forzadamente en el periodo entre 1985 y 2016. Por secuestro, extorsión y pillaje se agregan Antioquia con 9.308 víctimas (20%), Cesar con 3.353 víctimas (7%), Norte de Santander con 2.949 víctimas (6%), Bolívar con 2.611 víctimas (6%) y Nariño con 2.513 víctimas (5%).
Amenaza al derecho a la vida: violación planeada más frecuente a los derechos humanos relacionada con el conjunto de hechos de violencia y que se encadena con desplazamiento forzado, exilio, confinamiento, atentados y homicidios, extorsiones, trabajos forzados, violencias sexuales y tortura. El objetivo de la amenaza varía entre imponer una relación de dominación sobre determinados sectores poblacionales, mantener el control territorial por medio del terror, fracturar organizaciones, frenar procesos y acallar denuncias. Con base en el Registro Único de Víctimas (RUV) se registran 588.484 hechos y un aumento álgido entre 2000 a 2002, momentos del fin del proceso fallido de paz del Caguán, de la extensión de las masacres paramilitares, del secuestro y de la agudización del conflicto armado.
Ataques indiscriminados:acciones bélicas no dirigidas de forma precisa contra otros actores armados o un objetivo militar pero cuya consecuencia pone en riesgo o afecta a la población civil y a los bienes protegidos. Emplean armas como explosivos o métodos masivos como ataques sin dirección hacia objetivos militares concretos, personas civiles y bienes protegidos o distintas acciones a través de combates abiertos y bombardeos en medio de comunidades, ciudades o lugares donde vive la población civil desde aeronaves, detonación de bombas y otros artefactos explosivos, tomas armadas de poblaciones en las que se emplearon armas con efectos indiscriminados como bombas y artefactos explosivos improvisados e instalación de minas antipersona o abandono de munición sin detonar. Todos ellas afectaron a civiles y a bienes protegidos en 6 de cada 10 casos las víctimas fueron miembros de la fuerza pública debido a las numerosas tomas de cascos urbanos de las FARC-EP contra puestos de policía y bases militares. Según el DIH no son objetivos militares los elementos indispensables para la supervivencia de la población civil, las unidades y los medios de transporte sanitarios, los bienes culturales y los lugares de culto, los espacios educativos. La base de datos de «atentados terroristas» del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) almacena datos de 676 víctimas civiles, 77% en ataques a personas o bienes civiles, 21% en ataques a objetivos militares y 2% contra objetivos no establecidos durante los periodos de expansión y consolidación de los grupos armados ilegales y la fuerza pública, y entre 1985 hasta 2021, 21.197 hechos de ataques a bienes protegidos dejando 6.772 víctimas civiles.
Asesinato selectivo: eliminación de quienes han sido considerados «guerrillero», «sapo», «enemigo» que hacen la guerra en Colombia. Son muertes directas, intencionales, debido a la concepción del otro que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado. A priori se consideran sospechoso o simpatizante del bando contrario e incluso su condición de género se estigma o por la situación de exclusión o marginación social. Muchos de estos asesinatos fueron contra líderes comunitarios o políticos como forma de acabar con la resistencia, forzar la colaboración o producir parálisis colectiva. Según el CNMH, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de las acciones de paramilitares, guerrilleras y fuerza pública. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 06 para analizar la situación de victimización de los miembros de la Unión Patriótica.
Atentado al derecho a la vida: asesinato fallido o no consumado que implica planes, disponibilidad de recursos y esfuerzos orientados a la eliminación física de la víctima. La estadística muestra subregistro porque los sobrevivientes no denuncian.
Confinamiento: acción impuesta de guerra por actores armados al ejercer control territorial. La restricción a la movilidad de personas se ejerce al considerarlas el «enemigo» o cuando son testigos del tránsito de personas y de mercancías que no deben ser vistas. A pesar de que algunas oficinas de la ONU como Acnur y OCHA han documentado esta violación, es difícil establecer la verdadera dimensión de este crimen debido a que ha ocurrido en lugares distantes de la geografía nacional. Sin embargo, los confinamientos documentados en las entrevistas de la Comisión de la Verdad se concentran entre 1997 hasta 2005, siendo sus responsables guerrilleros, paramilitares y fuerza pública. En esos años se presentó la concentración de las FARC-EP en la zona de distensión durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), la consolidación y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia y la disputa de los territorios sobre los que habían ejercido influencia los paramilitares, posteriormente.
Desaparición forzada de personas: violación al derecho a la vida ya que sustrae a la persona de su medio social y familiar, se desconoce qué pasó con ella y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que sucedió. Existen casos de desaparición forzada donde participaron agentes del Estado mediante grupos privados como los paramilitares. La impunidad se alcanza debido al desconocimiento del destino de la víctima, al ocultamiento de la realidad o de las pruebas, a la negación de información a los familiares. Otros casos de desaparición forzada han sido por reclutamiento, secuestro, muerte durante el cautiverio o asesinato por las guerrillas y de los cuales los familiares desconocen su destino. Esta práctica de desaparición forzada se origina en Colombia con la implementación del Estatuto de Seguridad en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). La JEP abrió el Caso 03 Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado con el propósito que la Sala de Reconocimiento de Verdad avance en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.402 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran.
Desplazamiento forzado:práctica muy frecuente para coartar la libertad de residir, circular y poseer mediante expulsión, encerramiento y desplazamiento del ser humano de su residencia, su territorio, sus propiedades y su libre circulación. El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado, en condiciones de desprotección. Según la integración de datos finales del proyecto conjunto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (JEP-CEV-HRDAG), entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 víctimas y en 67% de los hechos de desplazamiento no se identifican responsables; por su parte, el RUV cifra en 8.273.562, con corte al 31 de mayo de 2022. De acuerdo con la información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) entre 2017 y 2021 se registraron más de 223.366 víctimas solamente en desplazamientos forzados masivos siendo las regiones más afectadas Pacífico, principalmente Chocó y Nariño, seguida de la región fronteriza de Norte de Santander, la región Caribe y la región Andina, principalmente Antioquia.
Despojo de tierras: es una práctica del desplazamiento forzado, un crimen con fines económico y militar que motiva otras graves violaciones de los derechos humanos a través de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales. El botín de guerra es la tierra, los territorios y los recursos naturales que apropian entramados compuestos por diversos actores armados legales e ilegales. No existen ley penal ni bases de datos que muestren la verdadera magnitud del despojo o que diferencien tierras despojadas vs tierras abandonadas por la fuerza. Solo existe la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y de restitución de tierras) que definió el despojo como «la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia». Una encuesta nacional de la Contraloría sobre víctimas del año 2013 muestra que más de 537.503 familias de civiles han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar a la fuerza entre 1985 y 2013 y más de ocho millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas entre 1995 y 2004.
Detención arbitraria: prácticas de agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo o con el fin de desestructurar las organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes u obstaculizar los procesos sociales. Son usadas como antesala para otras violaciones como tortura, violencia sexual, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Desde 1958 − con los otrora estados de sitio o de excepción que se decretaron en Colombia − se presentan diversas normas justificadas que facilitan la detención, limitan las garantías judiciales y cobijan detenciones arbitrarias masivas como entre 2002 y 2008 en lugares de Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero, Huila, etc. Según datos del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en el periodo del Estatuto de Seguridad se registraron un total de 16.000 víctimas. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registró 10.732 víctimas, entre 1990 y 2002. La Comisión Colombiana de Juristas plantea que desde 1990 hasta 2016 se registraron 5.985 detenciones arbitrarias. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que entre 2002 a 2004 se registraron 6.590 víctimas.
Ejecución extrajudicial: eliminación del opositor a como dé lugar y cuya motivación central es ganar la guerra, a cualquier costo. Se presentan estas modalidades: civiles muertos en falsos combates como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales, civiles muertos de modo individual y violento vinculados con partidos políticos y movimientos sociales, ciudadanos muertos sin razón aparente o combatientes muertos de forma violenta dentro de los propios grupos guerrilleros. La investigación de los motivos solo le corresponde a la justicia, pero existe impunidad. Con base en datos del CNMH, 56% de los municipios del país registra al menos una ejecución extrajudicial en los últimos treinta años mientras que la Justicia Especial de Paz determinó que entre 2002 a 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas con alto grado de sofisticación a través de aparatos criminales desde la fuerza pública.
Extorsión: política de los grupos armados − guerrillas y paramilitares − para recaudar dinero y para controlar territorios obligando a la víctima a un pago forzado para trabajar y vivir. En general es la imposición de una contribución patrimonial arbitraria a una persona por parte de un actor ilegal del conflicto armado. En algunas ocasiones se denomina «vacuna», «cuota», «impuesto de guerra» o «contribución» que han sido pagadas por multinacionales, grandes empresarios y ganaderos, pequeños productores, docentes, tenderos, taxistas, vendedores ambulantes o cualquier persona con alguna actividad económica legal. La Comisión de la Verdad en su propio ejercicio de escucha documentó 824 hechos de extorsión entre 1985 hasta 2018.
Masacre: forma de control social, de vaciamiento del territorio o para provocar terror entre las comunidades. Su agudizó en el tiempo y en la geografía nacional desde 1998 hasta 2002 como estrategia de terror de los grupos armados, especialmente el paramilitarismo. Según el CNMH, Colombia vivió masacres desde 1958 hasta 2019 que registran al menos 4.237 formas en el 62% de los municipios del país y 24.600 personas víctimas.
Pillaje:robo de animales, de bienes inmuebles y de enseres de propiedad de una persona, organización o institución sin su consentimiento, efectuada por algún actor del conflicto armado para el financiamiento o el mantenimiento de los combatientes. También supone una forma de estimular la violencia por parte de las tropas de los diferentes actores armados. Los robos operan como estímulos a la violencia con un beneficio personal o de grupo. La Comisión de la Verdad documentó 751 hechos de pillaje de paramilitares (46% de los hechos), de guerrillas (33%) y de la fuerza pública (17%) entre 1998 hasta 2002.
Reclutamiento de menores y adolescentes: crimen de guerra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que persiste. Se entiende el reclutamiento como «cualquier modalidad de vinculación o involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de los grupos armados tanto legales (Fuerzas Militares) como ilegales (guerrillas y paramilitares) en el conflicto armado interno, ya sea que dicha participación sea directa o indirecta en las hostilidades. Los eventos que se desarrollan con este crimen son variados: acciones bélicas, actividades de vigilancia e inteligencia, prácticas logísticas o administrativas, tareas relacionadas con el narcotráfico y financiación u obtención de recursos para el actor armado». Según los datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, desde 1990 hasta 2017 se registraron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Meta con 2.977 víctimas (18%), Antioquia con 2.346 víctimas (14%), Guaviare con 1.105 víctimas (7%), Caquetá con 1.063 víctimas (6%) y Cauca con 838 víctimas (5%). La JEP abrió el Caso 07 Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado para priorizar el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Secuestro o Toma de rehenes: es el delito contra el DIH que priva de la libertad a una persona por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios, lo que condiciona su liberación o su seguridad e integridad personal como víctima ante la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la toma de rehenes se configura en escenarios bélicos mientras que el secuestro extorsivo se establece en otros contextos, pero en la guerra el secuestro ha tenido finalidades políticas, extorsivas y militares. Según el proyecto JEP-CEV-HRDAG, entre 1990 a 2018 hubo alrededor de 50.770 víctimas de secuestro y toma de rehenes. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos (20.223 víctimas), los paramilitares con 21% (10.538 víctimas), el ELN con 19% (9.538) y otros grupos como “Bacrim”, “Bandolerismo”, “Grupo armado no identificado”, etc. (9%). La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Caso 01 Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP para imputar a su antiguo Secretariado de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros.
Tortura: forma de discriminación para obtener información o confesión y modalidad de castigo, represalia o venganza. En Colombia se ha generado principalmente mediante cuatro situaciones: 1) en detenciones llevadas a cabo por policías y militares, 2) en masacres y ataques a comunidades o ejecuciones, 3) en ejecuciones extrajudiciales y asesinatos y 4) durante secuestros realizados por las FARC-EP. Al comparar las tendencias temporales de los 2.589 hechos de tortura documentados en el proceso de escucha de la Comisión con los 7.571 del RUV se muestran coincidencias en los periodos de 2000 y 2002.
Trabajo forzado: violación e infracción invisibilizada a víctimas que no tienen reconocimiento ni reparación ya que el delito no se encuentra ni dentro de las líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación, ni como hecho victimizante en la Ley de Víctimas. Tampoco se cuenta con información cuantitativa al respecto, pero la Comisión de la Verdad documentó 383 hechos de trabajo forzado con base en los relatos de las víctimas (lavar, cocinar, cultivar, transportar materiales, mercancías o información, apoyo logístico) que responsabilizan a guerrillas y a paramilitares y, en menor medida, al Ejército Nacional. Según el convenio 29 de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta violación se entiende como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente».
Violencia sexual: hace parte de la esclavitud sexual, como las amenazas de violación, el acoso sexual, el desnudo forzado y las prácticas denigrantes como humillaciones sexuales. Han sido cometidas por los distintos actores del conflicto armado en su totalidad por hombres contra mujeres en tres tipos de enclaves: 1) en contextos de indefensión (capturas o detenciones); 2) en escenarios de control territorial; 3) en contextos de operativos y masacres. La violencia sexual en el conflicto armado es una expresión del poder sobre la vida y el cuerpo de la mujer, quien queda traumatizada por la posesión y el sometimiento de su cuerpo y su mente. Los paramilitares incluyeron mutilaciones o heridas en los cuerpos de sus víctimas, en ocasiones de manera pública. Las FARC-EP obligaron a las mujeres y adolescentes guerrilleras a la violencia reproductiva mediante la anticoncepción forzada, la esterilización y el aborto forzados. En la Fuerza Pública se registran menos casos desde la época del Estatuto de Seguridad en el contexto de detenciones y torturas, principalmente contra mujeres acusadas de guerrilleras o quienes formaban parte de grupos armados y que fueron detenidas. De acuerdo con el RUV, en Colombia al menos 32.446 personas han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual siendo las mujeres y las niñas que habitan áreas rurales las más afectadas (92% del total de víctimas).
Conclusiones: i) en estos últimos sesenta años de conflicto armado no ha existido una sola generación que haya vivido en paz pues el “todo vale” que gana la guerra, involucró al narcotráfico, despreció la vida de la gente considerada «enemigo», se imprimió en cada memoria de las víctimas y de la sociedad la violación e infracción al DIH como muestra de lo intolerable. ii) la impunidad − por investigaciones archivadas, estancadas o refundidas; negacionismo de esta realidad, en especial del paramilitarismo; ataques a los procesos de esclarecimiento de los crímenes cometidos; acciones omisivas de la Fiscalía General de la Nación, en no pocas ocasiones − ha favorecido la persistencia a las violaciones de derechos humanos y a los crímenes de guerra y de lesa humanidad. iii) el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG da cuenta de las siguientes cifras: 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos forzados, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados, alrededor de 8 millones de desplazados y más de un millón de personas exiliadas, de acuerdo con los registros oficiales y el estudio realizado por la Comisión junto con Acnur para el periodo entre 1982 a 2020.
Fuentes: La Comisión de la Verdad utiliza relatos de violaciones, experiencias de víctimas y sobrevivientes, estadísticas, historias que explican las dinámicas y la realidad de lo intolerable. Además, el resultado de la integración y del análisis a la información para 5 violaciones comprendidas en el proyecto JEP-CEV-HRDAG (homicidio, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado). Son cifras provenientes de 112 bases de datos existentes en Colombia, 17 de instituciones del Estado (Centro Nacional de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Registro Único de Víctimas, etc.) y otras 25 de organizaciones de la sociedad civil (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Organización Nacional Indígena de Colombia, País Libre, etc.). Para otras 10 violaciones, que se encuentran registradas tanto en el Centro Nacional de Memoria Histórica como en el Registro Único de Víctimas, se hace contrastación de fuentes. Y para las demás violaciones sobre las que no se encuentra información en este tipo de bases, se utiliza la base de datos de la Comisión de la Verdad.
*Omar Villota Hurtado. Profesor universitario en sociología de los medios y comunicación para programas de pre-grado y post-grado. Creador de conocimiento para Inteligencias Colectivas. Master en comunicación digital. Especialista en redes de información documental.
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