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Las formas de reciclaje y el péndulo moral de las acciones en la guerra de Colombia desde los Hallazgos y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
(Lea también: En ninguna generación hemos vivido en paz)
Cada árbol se conoce por su fruto
Desde 1962, mediante el primer informe de la verdad de monseñor Germán Guzmán Campos, “La violencia en Colombia”, se han mapeado hechos, lugares, protagonistas, acciones, del conflicto armado interno, cuyo punto central de guerra fue la lucha por la tierra y por la apertura del sistema político. Medio siglo después, con la investigación colectiva de 20 años de Fernán González González, “Poder y Violencia en Colombia”, se explica la violencia con base en la relación interactiva y multiescalar de factores culturales y subjetivos.
Ahora en 2022 el informe de la Comisión de la Verdad clasifica la guerra en Colombia en 15 grandes escenas producidas por tres actores armados que persisten, según los testimonios de las víctimas e informes recogidos en el libro “Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia” (896 páginas).
Para evitar todo engaño y suspicacia de repetirse el “No a la paz”, dicha Comisión se originó con el Decreto Ley 588 de 2017 “Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición” declarado constitucional mediante Sentencia C-017 de 2018 de la Corte Constitucional de referencia “Expediente RDL-009. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017”. Significa que detrás de lo actuado hay una previa legalidad plena desde el Estado de Derecho.
Marco común de nuestra guerra
El origen de los actores armados en Colombia − guerrilla y paramilitarismo − se establece en la década de 1960. Exactamente fue a través del Decreto 3398 de 1965 “Por el cual se organiza la defensa nacional” al modificar las funciones del Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa Nacional y, sobre todo, amparando las armas consideradas de uso privativo de las Fuerzas Armadas “por conducto de los Comandos autorizados por el Ministerio de Defensa Nacional, cuando lo estime conveniente, como propiedad particular.” Nos parecemos a Estados Unidos y su Asociación Nacional del Rifle.
Para el gobierno conservador que presidía Guillermo León Valencia (1962–1966), el concepto “defensa nacional” significó la “organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones”. En el siguiente gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966–1970), el Congreso de la República adopta como legislación permanente aquel decreto legislativo, entre otros, mediante la Ley 48 de 1968. Mejor dicho, un lustro conservando el enfoque, ¿cómo política de Estado o porque independencia grita?
En la presidencia liberal de Virgilio Barco Vargas (1986–1990) se intentó acabar con la legalidad del paramilitarismo con base en medidas fallidas tales como: suspendiendo el amparo de 1965 a las armas privativas de las Fuerzas Armadas, creando un comité de ministros para diseñar una política contra el paramilitarismo (¿funcionó en la práctica?), constituyendo una élite de mil hombres bajo la autoridad del Director de la Policía Nacional para enfrentar el paramilitarismo (¿cuándo y dónde operó?) y negando la palabra paramilitarismo. En resumen, se trata de la identidad nacional del cambio para que todo siga igual.
La política en Colombia se interviene bajo planes de gobierno no de Estado. Entonces, el del liberal siguiente, César Gaviria Trujillo (1990-1994), mediante el Decreto 356 de 1994 “Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”, entiende el servicio como las “actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.” Y con la Resolución 68 de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el siguiente gobierno liberal, se crean las cooperativas de vigilancia y seguridad privada «Convivir» que unifican «los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada». Es decir, gastamos 30 años dándole vueltas al tornillo de la autodefensa nacional.
¿De dónde proviene dicha agudeza? Se trata, en síntesis, del marco de la doctrina del enemigo interno y de la injerencia internacional. En la práctica inicialmente obedece a los primeros oficiales colombianos que recibieron preparación como rangers en la Ranger School del Fort Benning en la ciudad de Columbus (Georgia, USA) y quienes regresaron para crear en el fuerte Tolemaida del municipio de Melgar (Tolima, Colombia) la Escuela de Lanceros, a finales de 1955. Era el gobierno de facto del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Segundo parecido: queremos tener tropas marines a lo colombiano.
Ese curso de entrenamiento norteamericano de 62 días se estableció en septiembre de 1950 y fue ofrecido a pequeñas unidades extranjeras. El eje era liderazgo y tácticas con base en habilidades funcionales directamente relacionadas con las unidades de estudiantes militares aliados selectos, cuya misión es enfrentar al enemigo en combate cuerpo a cuerpo y en batalla de fuego directo.
Posterior llegaron “misiones estadounidenses a visitar el país en el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo (1958-1962)” con base en el Plan Laso (Latin American Security Operation). Aquellas visitas de militares de la base estadounidense especializada en guerras no convencionales, operaciones especiales y guerra psicológica dejaron en el año 1962 la tarea de elaborar normas, se desconoce si permanentes, sobre la defensa nacional. A las ya mencionadas se debe agregar el Decreto 1381 de 1963 “Por el cual se crea el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar”. Esta primera legalidad consideraba obligación del Estado “luchar por todos los medios legales a su alcance en la erradicación total de la violencia [a través] de la acción cívica [que] ha probado ser un procedimiento indispensable en la tarea de la pacificación del país.” La decretada acción cívico-militar integraba a los ministros de Gobierno, de Guerra, de Agricultura, de Salud Pública, de Educación Nacional y de Obras Públicas, a las entidades oficiales, semioficiales y particulares y a las personas naturales que deseen colaborar a sus propósitos. Como contra parte, en el campo operativo se creaban reglamentos de combate y manuales específicos para el Ejército Nacional como el «Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC 3-10 del 9 de abril de 1969)».
¿Pudo haber sido la fogata de la revolución cubana y la quimera de llegar al comunismo por las armas la brasa para que las autodefensas campesinas de Colombia se armaran o fue defensa propia estratégica ante el pavor norteamericano frente a aquella candela? Por ahora lo aclarado se encuentra en la historia de la ley nacional con base en la creación de Comandos (la fuerza especializada) y de Acciones cívico-militares (la expansión defensiva). Eso gira nuestras guerras.
Insurgencias
Es el Capítulo 4 del libro de la Comisión de la Verdad antes citado, entre las páginas 212 a 294 que contiene bibliografía, en las que se exponen algunos ángulos. (Incluye a los paramilitares como los “más violentos ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil”, pero claramente no representan grupos armados ilegales que luchan contra el régimen político, lo contrario. Leer el subtítulo siguiente.)
Cada grupo insurgente en Colombia ha tenido variada orientación: foquista, inspirada en la revolución cubana; maoísta, sustentada en la lucha de clases desde el campesinado agrícola; marxista-leninista, que combinó el desarrollo simultáneo de la acción política legal del partido Comunista y la lucha armada; y nacionalista con visión de revolución democrática y objetivos menos radicales que las anteriores.
Todas esas guerrillas, incluyendo paramilitares, han ejecutado estrategias militares comunes en las que todo vale: el secuestro como crimen de guerra para financiar o presionar en lo político deshumanizando la vida; el atentado y el asesinato contra representantes de sectores económicos y políticos; y en general, la violencia y la coacción armada para controlar a la población civil y al territorio.
Tanto la guerrilla como el paramilitarismo tienen un tiempo de origen común que se remonta a los años 1960 − como ya se expuso − cuando se ligaron como defensa al campesinado y a los colonos que huían de la violencia bipartidista, primero y de las operaciones de seguridad, posteriormente. Durante la década 1970 la visión de las guerrillas que ya existían FARC, ELN, EPL, más el ingreso del Movimiento 19 de abril o M-19, presentaron características propias para continuar la lucha escalonada contra el Estado de Colombia, calificado como régimen político excluyente. Y como utopía armada que se gestaba en el continente se sustentó en “la combinación de lucha armada, movilización social y formación de «conciencia de clase» de obreros, campesinos, estudiantes y sectores de la clase media.”
En los años 1980 se inicia la inserción gradual de la colonización cocalera en las economías regionales generando un punto de no retorno debido al financiamiento de la guerra con las ganancias del negocio ilícito, al propio auge del narcotráfico y sus consecuentes como control territorial rural, deterioro de las relaciones con la población civil, consolidación y expansión del paramilitarismo. Así más grupos de guerrilla, PRT y MAQL, y de paramilitares, son actores activos que promueven transformaciones decisivas en las variadas guerras de Colombia: contra el narcotráfico, entre carteles de narcóticos, contra otras guerrillas, entre el Estado y su «enemigo interno» y «peligro comunista», etc.
Para la década 1990, las guerrillas urbanizaron el conflicto armado y se expandieron hacia territorios mucho más ostensibles de “regiones donde el Estado no había resuelto las demandas y conflictos por la tenencia de la tierra”. Sin embargo, la Constitución Política de 1991, con la apertura del sistema político colombiano, conquistó algunos de esos grupos o fracciones que se desmovilizaron, pero no a las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ni a la federalización del Ejército de Liberación Nacional (ELN), responsables de mantener la organización político-militar como objetivo prioritario.” A partir de 1996 los “paramilitares, con la aquiescencia de las Fuerzas Militares, arreciaron su ofensiva en el norte del país para disputar el control del territorio” mientras que las guerrillas de las FARC-EP en el sur de Colombia amedrantaron a la población campesina «raspachin» por la erradicación de cultivos de coca. Por su parte, el ELN en regiones de Cauca, Nariño y Catatumbo “se metieron de lleno en el narcotráfico después de 2008” aunque lo nieguen en el comunicado público dirigido a la ONU de noviembre 2020.
En el nuevo milenio, las dinámicas militares del Estado compartían como característica la centralidad operacional de las Fuerzas Militares para la movilidad propia de la guerra insurgente y contrainsurgente y la vitalidad para conseguir los recursos necesarios para el desarrollo de la guerra y controlar las economías ilegales. Pero debido a la expansión territorial de los grupos armados y los paramilitares se “alcanzarían las mayores violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario.”
¿Por qué la insurgencia se mantiene? La Comisión de la Verdad encontró seis hallazgos relacionados:
1) todos los grupos insurgentes construyeron con sectores de la población civil diferentes relaciones mediante estrategias adaptativas que provocaron formas violentas de control y de órdenes sociales basadas en la coacción de las armas y del autoritarismo;
2) todos los grupos insurgentes generaron dificultades para mantener proyectos autónomos y cerraron el espacio para alternativas civiles agudizando la guerra y sus secuelas;
3) todos los grupos insurgentes fueron actores centrales en sus zonas de presencia ante las disputas por el poder político local y regional;
4) todas las guerrillas han buscado solucionar los problemas estructurales mediante la guerra acrecentando el conflicto armado interno;
5) todos los grupos insurgentes han infringido graves infracciones al derecho internacional humanitario por desarrollar sus objetivos políticos y militares afectando a los diversos sectores de la sociedad colombiana y a las comunidades de las zonas donde hacen presencia;
6) todos los grupos insurgentes buscan salir del conflicto armado a través de procesos de negociación y acuerdos con los respectivos Gobiernos, pero con resultados letales y desenlaces contrastantes.
Como garantía de no repetición, la justicia transicional − debido al Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo de 2016 − con base en la sala de “Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas” de la Justicia Especial para la Paz, elemento componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, abrió en distintos momentos tres macrocasos priorizados contra la guerrilla de las FARC-EP con el fin de “recibir, contrastar y cotejar los informes sobre hechos relacionados con el conflicto armado que presenten órganos estatales y organizaciones sociales y de víctimas, [así como] recibir versiones individuales y colectivas, y convocar a audiencias de reconocimiento de responsabilidad [para] presentar resoluciones de conclusiones ante el Tribunal para la Paz.”
Se trata de los macrocasos 01 «Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP» abierto el 26 de enero de 2021; el macrocaso 04 «Situación territorial de la región de Urabá» que prioriza hechos del conflicto armado presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP, entre otros actores armados, aperturado el 11 de septiembre de 2018 y el macrocaso 10 «Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano» abierto el 15 de julio de 2022. Con este reciente macrocaso “serán investigados y juzgados tres patrones de crímenes: (i) homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual como partes de un patrón de control social y territorial; (ii) el uso de medios y métodos ilícitos de guerra y otros crímenes cometidos en el desarrollo de las hostilidades; y (iii) el sicariato y atentados con explosivos en las ciudades por parte de las redes urbanas”
La Comisión de la Verdad hace un llamado a los diferentes grupos insurgentes aún activos para que el entramado guerrillero, partidos políticos y movimientos sociales respeten la independencia, sin violencia ni autoritarismo ni como instrumentalización, con el fin de realizar las demandas y las propuestas de víctimas, comunidades afectadas y movimientos sociales. Es decir, vivir la esperanza que despertó el acuerdo de paz en La Habana pero que ha pasado a la pesadumbre para otro nuevo ciclo de violencia.
(Texto relacionado: Nuestro execrable silencio)
Paramilitarismo
Los Comandos y la Acción cívico-militar fueron apoyados directamente a partir de 1957 por todos los gobiernos democráticos de Colombia, siendo sus aliados los altos mandos del Ejército Nacional y el adiestramiento precursor desde el interior de las escuelas militares. Tanto esa fuerza especializada como aquella expansión defensiva se fueron propagando libremente con el tiempo hacia fincas privadas con instructores mercenarios pagados extranjeros (vinieron de Israel, de Australia, de Inglaterra). Inicialmente arribaron en 1988 al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) para entrenar y graduar “un curso que podía matar y descuartizar un hombre en cinco minutos”, luego se desplazaron hacia Meta, Caquetá y Putumayo…
En la historia de los últimos 35 años de la guerra en Colombia, se colige que el paramilitarismo ha sido una estrategia armada y paraestatal, defensiva y ofensiva, negada durante décadas, pero vinculada aún con servidores públicos, con miembros de la Fuerza Pública, con instituciones del Estado y con decisiones de gobierno. El punto común se relaciona con “la delegación y el suministro de la seguridad pública, la coerción y las armas a grupos de civiles y agencias encargadas.” Razón de más para deducir que ese camuflaje ha tenido transformaciones, legalizaciones, simbiosis, tránsitos intergrupales, todo dentro del marco de la doctrina del «enemigo interno» y la injerencia internacional, desde su origen en los años 1950.
Según el libro de la Comisión de la Verdad, producto de esta caracterización de actores armados, ejemplos de esas mutaciones anteriores fueron los guerrilleros del frente 11 de las FARC-EP hacia grupos paramilitares asentados en la zona del Magdalena Medio a mediados de 1980 o los comandos populares del Ejército Popular de Liberación (EPL) reconfigurados una y otra vez en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o El Clan del Golfo, desde el año 2006. Las declaraciones libres de Salvatore Mancuso Gómez y Jorge Iván Laverde, ante el programa de Justicia y Paz con que se “desmovilizaron los paramilitares”, confiesan que dentro de la Escuela Superior de Guerra se impartía el curso «¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?» Debemos creerles ya que Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia “muestran la existencia de vínculos entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo en operaciones conjuntas, apoyo y coordinación, así como omisiones de integrantes de la fuerza pública.” Con base en la investigación penal − que languideció desde el año 2012 −, conocimos la alianza de doble vía entre paramilitares y poder político compuesto por alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas en donde operan sistemáticamente los grupos paramilitares y cuyos objetivos eran legalizar el despojo producto del desplazamiento masivo, controlar los recursos económicos, cabildear desde lo político las instituciones públicas y obtener beneficio personal.
Es por tanto que las motivaciones para el apoyo mutuo han sido dinámicas, tales como: voluntad de participar, proteger el patrimonio, acumular nuevos intereses (tierra o poder), defender el statu quo, consolidar territorios, usurpar recursos económicos de la contratación pública, exterminar los rivales políticos, cooptar las instituciones estatales y el sistema político y electoral. Y sus formas de existencia variadas, pues lo que otrora se sentaba como Asociación de… las actuales células y facciones del paramilitarismo en Colombia se han convertido simplemente en franquicias tales como Masetos, Rastrojos, Águilas Negras, Pachenca, Tangueros, Caparrapos, Carranceros, Clan del Golfo…
Según “testimonios, informes, sentencias y declaraciones de los mismos paramilitares”, recogidos por la Comisión de la Verdad, aún siguen operando las profundas alianzas en doble vía, los diversos roles sectoriales, la articulación multidireccional, las órdenes de legalidad, siendo la más actual la Ley 2197 de 2022 “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana” bajo la presidencia de Iván Duque Márquez (2018-2022), que decreta la ausencia de responsabilidad para “reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura”.
En los diversos debates televisivos se ha generado la intencionalidad grotesca de esconder el conflicto armado interno y entremezclar paramilitar mediante polisemias como «defensa civil» que sigue doctrinas militares incorporadas en decretos y leyes o «muerte a secuestradores» grupos que integraron miembros del narcotráfico y de la fuerza pública o «autodefensas campesinas» asociación que unió sectores del narcotráfico y de la contrainsurgencia, etc. Sin embargo, los comisionados de la Verdad honran los hechos y catalogan al paramilitarismo como un “entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos.” Por mencionar, «Promotores de Desarrollo Social», «Por una Urabá unida, grande y en paz», «Por una provincia unida», etc. En síntesis, es una red tupida de alianzas de difícil exterminio.
Los grupos paramilitares como ya lo habían hecho también los Insurgentes se desmovilizaron en colectivo durante los años 2003 a 2006 en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) pero dejaron sin llave la puerta trasera para el tránsito de otras organizaciones sucesoras. Contrario a otros procesos similares de desarme, el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” se caracteriza por ser la negociación menos transparente cuyo contenido se desconoce. Aparece en el sub-portal web peacemaker de Naciones Unidas un documento titulado “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia” de tres hojas digitadas sin firmas ni logotipos ni escudos ni banderas.
Fue un acuerdo de paz nacional con “ejércitos privados violentos por sus estrategias de terror” plasmado en papel higiénico que facilitó el resurgimiento, con toda fuerza, en cantidades sin precedentes, en lo que restó de la década del 2010 y la siguiente, a grupos paramilitares inestables y cambiantes que ejecutan acciones violentas mediante asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas. Se cuentan “39 estructuras con múltiples frentes y facciones armadas, más de 35.000 integrantes [que desencadenan] efectos directos en la escalada de violencia, son responsables del 47% de las víctimas letales y desaparecidos… se constituyen en el actor armado más violento.” Con base en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica 140.642 personas (61,6%) del total de víctimas civiles letales en Colombia fueron causadas por grupos paramilitares, entre 1958 y 2018.
¿Por qué el paramilitarismo persiste? Para la Comisión de la Verdad se establecen los siguientes factores clave:
1) los grupos continúan vigentes o las franquicias han sido heredadas por nuevos actores a pesar del negacionismo de la relación entre paramilitarismo y Fuerzas Armadas y todo el entramado de alianzas con los sectores políticos y económicos;
2) el proceso de desarme para contribuir a la paz no acabó con los pactos paramilitares que siguen siendo factor fundamental de violencia;
3) la delegación de la defensa nacional a esos grupos en diferentes momentos ha ido en detrimento de la seguridad pública mientras que las exclusiones de delitos para el fortalecimiento legal de la seguridad ciudadana han sido causa de desconfianza de las comunidades ante las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población;
4) la legitimación social y la legalidad política por parte de distintos sectores motivadas por la protección ante las acciones guerrilleras sumadas a la conservación de privilegios económicos y políticos, ha dejado constante deuda en las víctimas, quienes no han recibido el reconocimiento de esta verdad;
5) las economías ligadas al narcotráfico siguen siendo motor central pese a las diversas iniciativas y esfuerzos que han buscado desarticular esa enorme industria ilegal de los estupefacientes.
El tema del paramilitarismo se desarrolla en el Capítulo 5, entre las páginas 295 hasta 383, incluyendo bibliografía. Pero por fuera del libro “seguirá siendo un factor fundamental de violencia [debido a que] lo que queda por desmantelar son, precisamente, los profundos entramados de sus alianzas” es decir, el narcotráfico. (Leer el subtítulo siguiente.)
Como la vida se fundamenta en la confianza, tenemos la garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición a través de los macrocasos abiertos en la Justicia Especial para la Paz, 03: «Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado» con apertura el 12 de julio de 2018; 06: «Victimización de miembros de la Unión Patriótica» (las acciones de los paramilitares y sus vínculos a través de violencia sistemática contra miembros del grupo político de izquierda fundado en mayo de 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Partido Comunista Colombiano como consecuencia de los Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua de La Uribe bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) en 1984) abierto el 26 de febrero de 2019 y 08: «Graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado» por abrir.
Narcotráfico
En el libro de la Comisión de la Verdad este tema, con gráficas incluidas, se desarrolla entre las páginas 384 hasta 463 que componen el Capítulo 6 como tercer “protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, que crea un problema de criminalidad organizada… al ser una bisagra entre el crimen y el poder, un actor comodín”. Para los grupos armados ilegales financia la guerra, para la política prohibicionista evidencia el fracaso de la «guerra contra las drogas», para las comunidades rurales sin opción económica son hectáreas rentables sembradas con matas de coca debido a que ganan por erradicar y cobran por negociar, para los consumidores su adicción es objetivo militar, y así. De nuevo perdimos el año: “la guerra al narcotráfico tuvo influencia de las políticas estadounidenses” siendo, esta vez, la «narcoguerrilla» y el «narcocultivador» el enemigo interno.
Al igual que los ejércitos ilegales armados, este negocio anclado en el narcotráfico se ha adaptado desde la década de 1970 cuando ingresa a través de bandas con poder territorial y se convierte en el brazo armado del paramilitarismo, especializado en el terror y la muerte. El primer escuadrón «Muerte a Secuestradores» es formado (por “223 industriales de todo el país”, según los avisos publicados) en diciembre de 1981 con recursos económicos de carteles del narcotráfico en Colombia para tramitar intereses asociados a la protección de laboratorios para producir narcóticos, la comercialización de estupefacientes, el blindaje y la expansión de las propiedades derivadas del negocio ilegal. La chispa para el voraz incendio provino del secuestro de una hija de una familia antioqueña dedicada al negocio camuflado en caballos finos de paso y cometido por la guerrilla M-19.
En el sistema de la defensa colombiana el narcotráfico participa como contrainsurgente con la fuerza pública, las entidades de seguridad y de inteligencia, los órganos estatales colegiados, las instituciones judiciales y los organismos de control. Y en la sociedad civil se presenta como sectores extractivos agroindustriales, de infraestructura… como empleados públicos, como candidatos a cargos de elección popular… o permeando a sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación.
Las bandas de narcotráfico mantienen relaciones con las élites de la economía formal donde cada aristocracia aprovecha infraestructuras, contactos y redes existentes de dimensión internacional, y la fragmentación en nuevos grupos y jerarquías ante la detención y extradición de traficantes de cocaína. En las relaciones con el poder político, la Comisión de la Verdad tiene documentos oficiales desclasificados del gobierno norteamericano del 11 de mayo de 1977 sobre la penetración de dineros del narcotráfico en las campañas políticas por la Presidencia de la República y reportes de la Central Intelligence Agency (CIA) desde el 4 de agosto de 1977 según los cuales «hubo reuniones entre narcotraficantes con Alfonso López Michelsen, Presidente de la República de Colombia (1974-1978)». Quedan otros por desclasificar en las oficinas de “la CIA, que investigó en 1993 el grado de implicación del cartel de Cali en las entidades del Estado, en la fuerza pública y en otras agencias”.
Una valiente investigación interna dejó al descubierto cómo ingresaron dineros del narcotráfico del grupo cartel de Cali a la campaña presidencial para hacer Presidente de la República a Ernesto Samper Pizano (1994-1998). En 2006 hubo otros vínculos que se denominaron parapolítica. Esa “corrupción del narcotráfico en la política fue utilizada por Estados Unidos para negociar agendas… y alinear al gobierno colombiano en asuntos clave como militarización… y apoyos presupuestales.”
Pero todos los grupos niegan sus vínculos con el narcotráfico de la misma manera en que las Fuerzas Militares rechazan sus alianzas con los paramilitares. ¿Se niega para evitar indemnizaciones a las víctimas o para esquivar a la justicia criminal? Mientras tanto, territorios en Putumayo, Caquetá, Catatumbo −Tibú, Sardinata, El Tarra, Teorama −, Nariño − El Charco, Olaya Herrera − y Cauca −Argelia, El Tambo − se destacan por el cultivo de coca y la producción de cocaína.
La Comisión evidenció cuatro aspectos nucleares del narcotráfico: i) promueve un modelo de acumulación de riqueza y poder sostenido sobre la violencia (las FARC-EP invirtieron el dinero ilícito en fincas o estaciones de gasolina mientras que los paramilitares lo hacen en bancos extranjeros o en bienes fuera del país); ii) sus dimensiones políticas y su vínculo con amplios sectores del poder político han sido obstáculo para la democratización del país; iii) el prohibicionismo de las drogas activó la criminalización de poblaciones y territorios lo que justifica las operaciones violentas; y iv) mientras el negocio siga siendo ilegal proveerá los recursos suficientes para continuar la guerra, corromper funcionarios y financiar combatientes de ejércitos privados.
El motivo que nutre al narcotráfico para estar dentro de la función pública tiene doble objetivo: asegurar la impunidad en la logística de la operación ilegal y lavar dinero a través de la contratación pública o la compra de tierras. Numerosos testimonios presentados a la Comisión de la Verdad muestran deterioro en la manera como la población percibe la función pública y el papel del Estado. ¿Cuándo viviremos independientes con paz?
El narcotráfico y su relación con el conflicto armado interno muestran “los grupos armados al servicio del negocio ilegal… el modelo de acumulación de capital apoyado a partir de la reproducción y el escalamiento del conflicto… la ilegalidad y el encaje de prácticas mafiosas de poder.” Las cifras también evidencian la conexión con la economía agrícola que “de 27% en 1965 descendió al 5% en 2013 como aporte del sector en el PIB nacional”, según la información compilada para todos los países del Banco Mundial. Y por si no bastara, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) manifiesta que “Colombia en 2020 es el principal productor de cocaína en el mundo, para un mercado que se estima entre 19 y 20 millones de usuarios”.
En la Justicia Especial para la Paz han hablado las FARC-EP de sus vínculos con economías de la coca, pero otras insurgencias desmovilizadas hace tres décadas como el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) jamás lo hicieron. Por su parte, excombatientes desmovilizados del ELN acogidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional han detallado los vínculos de esa guerrilla con la economía de la cocaína: “cobrar impuestos a compradores de pasta base y traficantes, ofrecer seguridad a cultivos y cristalizaderos que se encuentran en sus zonas de control, y participar en los eslabones clave de la economía de la cocaína y la marihuana como el cultivo, el procesamiento y el tránsito de droga al interior de las fronteras, así como en las transacciones por armas o por dinero.”
Estas violencias sostenidas desde el narcotráfico perjudican a pueblos étnicos, mujeres y jóvenes vinculados al cultivo, a estructuras del microtráfico, a consumidores de drogas y a campesinas y campesinos, de manera diferenciada. Es por ello que la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz abrió el 10 de julio de 2018 el macrocaso 02 «Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)» sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectaron sobre todo a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI y abrirá el macrocaso 09 «Crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos».
Adicional a la guerra que sostienen los grupos armados, las operaciones violentas afectan aún más la precariedad de las comunidades rurales en Colombia. Aquellas han sido la ineficaz aspersión con glifosato que generó impactos en la salud humana, la seguridad alimentaria y la naturaleza; las estrategias de sustitución voluntaria que no han sido sostenibles en el tiempo y la ausencia de implementación de procesos de desarrollo rural transformadores. Después de 60 años de muertos, mutilados, heridos, desplazados, exiliados, por la guerra financiada con dineros ilícitos nos hemos devuelto a la primera causa del conflicto armado señalado en 1962, la carencia de una política agraria incluyente.
Y si se enumeran las perversiones invisibles a la dignidad humana se tiene como algunas causas de genero la explotación, la violencia, la desigualdad, la expansión de la prostitución en las mujeres y afectaciones a “17 macroterritorios interétnicos de resguardos, territorios indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales por el control de la población y de las rentas para el desarrollo de la coca.” Ni siquiera se excluyó lo que nos queda de la isla caribeña de San Andrés y Providencia.
El narcotráfico y sus mafias, en consecuencia, han torcido todo sistema legal al que ingresan o con el que constituyen relaciones clandestinas. En los acontecimientos cotidianos los órganos de justicia no han sido del todo efectivos debido a la impunidad, la corrupción y el asesinato; los de investigación han limitado su capacidad como consecuencia de la extradición automática de narcotraficantes que no aportan su verdad; las víctimas no han tenido reparación porque partes del sistema financiero y de notarías han blanqueo los capitales o esos recursos han financiado a los sistemas de seguridad y punitivo; las campañas políticas electorales han quedado atrapadas en el clientelismo y el poder mafioso, etc.
Hasta la cultura del país se ha transformado debido al entramado del narcotráfico ya que impuso la siembra de cultivos ilícitos en territorios de comunidades excluidas, encierra formas de vida social según el modelo mafioso y las “relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se protegen con el beneficio y la acumulación de capital, también [constituyen] redes clientelistas y relaciones familiares” que no han sido ni investigadas ni desmanteladas. Para el Political Officer norteamericano (oficial militar designado por un gobierno para supervisar la fidelidad de una unidad militar) se configuran tres roles en una misma identidad: narcotraficante, anticomunista y paramilitar.
¿Cuáles han sido los factores para la duración del narcotráfico? La Comisión enumera seis aspectos:
1) impacta los conflictos históricos y sociales perseverando la doble moral que propicia ocultamiento, conveniencia a algunos sectores, estigmatización, exclusión social y persecución de otros pues su capital y su poder rigen las relaciones con el modelo económico;
2) seguir planteando la drogadicción como guerra conserva el callejón sin salida que ha producido militarización de territorios, criminalización de ciudadanías y persistencia del conflicto armado interno donde la población civil ha sido la principal víctima;
3) el control del negocio lo pelean quienes controlan el mercado, la producción, la transformación del químico, la distribución de las ganancias, etc. al tiempo que fomenta la corrupción en los funcionarios públicos debido a la plusvalía sin precedentes;
4) la extradición de narcotraficantes se ha convertido en un mecanismo de impunidad ya que le priva al país los resultados de la investigación judicial, evita desmantelar los entramados de esa economía ilícita y obstruye el derecho a la verdad de las víctimas;
5) la ausencia de implementación de políticas de Estado que faciliten la prevención, educación y trabajo en las comunidades más afectadas ocasiona más víctimas y relaciones entre crimen y política;
6) el incumplimiento de los acuerdos de paz especialmente en relación con el desarrollo rural integrado, luego de la salida de las FARC-EP del escenario de la guerra, paraliza la ejecución del Plan de Atención Inmediata del Programa Nacional Integral de Sustitución monitoreado y verificado por UNODC.
La Comisión de la Verdad en su informe sostiene que “es necesario el cambio de paradigma hacia un contexto de impulso político más amplio, de transformación integral estructural del campo y un cambio en la regulación legal” pues el intercambio de conocimientos recae más en el ciclo reiterativo de la violencia.
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*Omar Villota Hurtado. Profesor universitario en sociología de los medios y comunicación para programas de pre-grado y post-grado. Creador de conocimiento para Inteligencias Colectivas. Master en comunicación digital. Especialista en redes de información documental.
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