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Un poder judicial conformado en su mayoría por jueces que ejercen sus cargos por decisión administrativa de magistrados y no por concurso como lo establece la Constitución ha incurrido en una gravísima falla institucional.
“Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”. Con esas palabras ha anunciado en Bogotá el señor Fiscal de la Corte Penal Internacional – CPI – Karim Khan la referida decisión.
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Ciertamente, desde 2004 se adelantaba contra Colombia en la Corte Penal Internacional – CPI – un examen preliminar sobre la situación del país, consecuencia de la suscripción por su parte del Estatuto de Roma y, por ende, desde La Haya se observaba la institucionalidad que habría de juzgar los sucesos y obviamente los delitos cometidos durante el conflicto armado que a este país ha afectado.
Bajo esa coyuntura, desde dicha ciudad europea se seguía cómo Colombia construía la institucionalidad requerida y confiable para todos a los efectos de que esta tierra de Nariño y Caldas pudiere juzgar los delitos que el Estatuto de Roma prevé y la decisión anunciada por el señor Fiscal de la CPI confirma que el país actuó correctamente, lo que es un éxito para todos los que en ello intervinieron, pero sobre todo para los colombianos.
Que quienes cometan hechos establecidos en esa normativa sean juzgados en La Haya pondría de presente el fracaso del sistema jurídico de la nación que debió juzgarlos, lo que evidenciaría que la institucionalidad no funciona, lo cual, para un Estado que se respete como tal, es cuando menos vergonzoso.
Así las cosas, por lo que se refiere a Venezuela, los magistrados de la sala de cuestiones previas de la Corte Penal internacional tienen sobre su escritorio una solicitud de apertura de investigación que ante ellos radicó la anterior Fiscal de la CPI. Ello es producto de dos circunstancias concurrentes: la primera, que a su juicio y conforme a la información y datos que reposan en su oficina, en Venezuela se estaban cometiendo hechos punibles competencia de ese tribunal; la segunda, que los tribunales venezolanos no estaban en capacidad de juzgar los mismos.
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Respecto de lo primero, la prudencia obliga a no emitir opinión; lo que sí es indudable es lo segundo.
Un país donde trece de quienes fungen como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tienen esa condición porque la misma les fue revocada por decisión del órgano que les designó y, a pesar de ello ocupan los sillones asignados a esas funciones, mientras que quienes deberían ocuparlos por el mundo se encuentran evidencia un falencia de importancia. Un poder judicial conformado en su mayoría por jueces que ejercen sus cargos por decisión administrativa de magistrados y no por concurso como lo establece la Constitución ha incurrido en una gravísima falla institucional. Un país en el cual para acceder a cargos públicos se verifica previamente la simpatía política del aspirante no es uno en el cual pueda confiarse que se imparte justicia conforme a derecho.
La decisión favorable a Colombia evidencia que, a juicio del órgano internacional, la institucionalidad existente en el país, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz derivada de los Acuerdos de La Habana, está funcionando adecuadamente, que hay un debido proceso a través del cual los hechos son juzgados conforme a las garantías que corresponden y que los órganos de la administración de justicia imparten ésta en los términos previstos en la ley, a pesar de los errores que pudieren existir, cuya enmienda es posible a través de las vías recursivas respectivas.
Ésa no es obviamente la situación actual venezolana. Nuestra institucionalidad ha sido destruida en estos últimos veinte años. Es por ello que, sobre quienes ocupan posiciones de poder en Caracas, pesa la mayor responsabilidad para que la CPI no aplique el principio de complementariedad que establece el Estatuto de Roma. Para ello, lo que deben hacer es, simplemente, ponerse a trabajar seriamente, a través de la mesa de negociación de México, en la reinstitucionalización del país, empezando por el Poder Judicial y construyendo en paralelo el sistema de justicia transicional y la integración de una verdadera, plural y, por tanto, confiable comisión de la verdad.
Si deciden obviar dicha situación – visto los términos de la solicitud presentada a los señores magistrados de la CPI por la anterior Fiscal de esa corte – probablemente facilitarían el que sean venezolanos los que ocupen el sillón de acusados en La Haya.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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