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La verdadera amenaza es que un mal perdedor nos lleve a una nueva espiral de violencia y destrucción.
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La polarización, las agresiones mutuas, los mensajes exacerbando el miedo y el odio, el deterioro de la legitimidad de la Registraduría, la incertidumbre de que el derrotado acepte la voluntad expresada en las urnas y la posibilidad de que su negativa pueda degenerar en hechos violentos y hasta en intervención de mano militar son sólo algunos de los pesados nubarrones que se ciernen sobre el proceso electoral, especialmente si el resultado que elija al próximo presidente es ajustado.
El accionar del Gobierno y de varias instituciones del Estado a los que le correspondería ser garantes de la realización de elecciones justas y libres no ha estado a la altura de las circunstancias. Por el contrario, ponen en riesgo la estabilidad democrática y la transición pacífica del poder en el país.
Desde hace tiempo, la cosa no pinta bien. En 2020, ante las abrumadoras cifras de desaprobación de la gestión del Presidente y las probabilidades reales de un triunfo de la oposición, con el pretexto de la pandemia, parlamentarios cercanos al Gobierno trataron, sin éxito, de alargar el mandato presidencial posponiendo las elecciones. Según afirman varios congresistas aproximados por el Ministro del Interior, este alto funcionario estuvo empujando personalmente la iniciativa.
Luego, el Presidente a sabiendas de su inconstitucionalidad, respaldó y sancionó integralmente la ley de presupuesto que mediante un artículo derogó el de la Ley de Garantías que impedía realizar contratos en periodo electoral. Así, con pleno conocimiento, de manera truculenta, reformó una ley estatutaria con una de menor entidad, evitó el control previo de constitucionalidad y facilitó la utilización de enormes recursos públicos durante el periodo electoral. Como era de esperarse, hace pocos días, la Corte Constitucional lo declaró inexequible y ordenó reversar los contratos así como no avanzar en su ejecución. Pero buena parte del daño ya estaba hecho.
Las manifestaciones del Presidente empezaron en diferentes escenarios privados y visitas de Estado, en los que expresó su preocupación por la amenaza que, en su opinión, representa Petro para la democracia y cómo el joven exalcalde de Medellín constituye la alternativa salvadora. Con el pasar de los días, en las intervenciones públicas de Iván Duque, fueron haciéndose más reiteradas las descalificaciones de las propuestas del candidato que no goza de sus afectos, dando cátedra, desde la primera magistratura, de cómo pasarse la Constitución por la faja.
La conducta del Presidente le vino como anillo al dedo al Comandante del Ejército. El general Zapateiro siguió el ejemplo y, en sintonía con su comandante supremo, participó abiertamente en política señalando a Petro de hacer politiquería con la muerte de los soldados y de recibir dinero en bolsas de basura. Este comportamiento, contrario a la Constitución y especialmente grave por el mando que ejerce sobre cientos de miles de hombres armados, pasó sin que se haya escuchado el más mínimo llamado de atención ni reproche de los órganos de control, pero sí el respaldo del jefe del Estado. Más peligroso aún, hemos sido notificados del mensaje transmitido entre líneas por un grupo de militares no dispuesto a soportar el triunfo de Petro.
Después de un prolongado silencio cómplice, la Procuradora decidió hacerse sentir como digna sucesora de Alejandro Ordoñez quien, en 2013, con su ideologizada decisión de destituir e inhabilitar por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, lo catapultó como opción presidencial. Margarita Cabello suspendió de su cargo al alcalde de Medellín por manifestaciones de respaldo a Gustavo Petro. Si bien no parece discutible la intervención de Daniel Quintero en política, sí hay serias dudas acerca de sus facultades para suspender a funcionarios elegidos por elección popular e indignación por la parcialidad y el descabellado doble rasero utilizado que, de paso, le da un buen empujón al candidato del Pacto y pone en línea de sucesión al alcalde suspendido.
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Las dudas sobre la idoneidad y competencia del Registrador empezaron a escucharse desde su elección, pero éstas fueron incrementándose a medida que se aproximaban las elecciones legislativas. En ese momento, se denunció el retraso en la entrega del software de escrutinios y la falta de la auditoría previa, así como la deficiente formación de los jurados electorales. Después de la jornada del 13 de Marzo, la cosa se puso peor. Los errores en el pre-conteo fueron gruesos y no se contaron más de un millón de votos de los cuales alrededor de 500.000 correspondían al Pacto Histórico. La inconveniente e ilegal solicitud del Registrador de realizar un reconteo general terminó de sellar su descrédito.
La narrativa de los expresidentes Pastrana y Uribe, así como de congresistas del Centro Democrático, que pretende hacer creer que los votos del Pacto Histórico salieron del sombrero y se está fraguando un fraude es contraevidente, mezquina y peligrosa. ¡Es una perogrullada que los fraudes electorales los llevan a cabo los gobiernos que no quieren ceder el poder! Las anteriores declaraciones son un indicio serio de que preparan el terreno para no reconocer los resultados en caso de una eventual derrota de su candidato.
Del otro lado, también se presentan señales de alarma. La capacidad de movilización de Gustavo Petro es notoria y la probabilidad de que ésta degenere en violencia y vandalismo es un déjà vu.
Circulan en redes diferentes y numerosos mensajes acerca del incontrovertible triunfo del Pacto Histórico, de una supuesta manipulación de las encuestas pues sus mediciones muestran una victoria holgada en primera vuelta, de la renuencia del establecimiento a aceptar los resultados, de cómo se está cocinando un fraude, entre otros, con lo que se evidencia un relato que no da cabida a la derrota y considera que las elecciones no serían sino una formalidad para refrendar la abrumadora mayoría con la que ellos dicen contar.
Pero más alarmante aún es la circulación de mensajes y pasquines supuestamente de frentes de resistencia y primeras líneas en los que se hacen llamados a salir a las calle, a tomarse las principales ciudades y generar un estallido social violento de enormes proporciones en caso de una derrota de Gustavo Petro, que para ellos no tendría explicación diferente al fraude.
Ante este panorama tiene la mayor pertinencia el llamado de la Comisión de Garantías Electorales a la mesura de las partes y al compromiso serio e indeclinable de las campañas y líderes de partidos políticos de aceptar los resultados de las elecciones sea quien sea el ganador. Este llamado hay que hacerlo extensivo al Gobierno y a los organismos de control.
Nos aproximamos a una prueba de fuego sin precedentes en la historia reciente del país.
Nuestro sistema electoral es imperfecto, pero cuenta con controles para evitar que un fraude altere una elección presidencial. El fraude no es la amenaza, tampoco el triunfo del adversario. La verdadera amenaza está después y es que el vencido atropelle nuestra democracia; la verdadera amenaza es que un mal perdedor nos lleve a una nueva espiral de violencia y destrucción con consecuencias mucho más devastadoras de las que podría generar el gobierno de quien tanto se teme o se odia.
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*Juan Manuel Osorio, abogado experto en derechos humanos.
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