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A los ciudadanos de cada país donde existe confianza plena en el poder judicial, corresponde velar porque la misma no sea afectada.
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Los presidentes, quienes lo son y quienes lo fueron, en sus respectivos países alguna influencia tienen en la opinión pública, de forma y manera que, sus aseveraciones influyen en la misma, mucho más cuando aquellas van referidas a actuaciones del poder judicial.
Para los venezolanos nos es inolvidable una expresión escatológica del presidente Chávez en la oportunidad que el máximo tribunal del país estableció vía sentencia que lo ocurrido en Caracas los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002, no había sido un golpe de estado sino un vacío de poder. Esa reacción no sólo se manifestó verbalmente sino que, meses después, la bancada de su partido –prevalido de su mayoría simple en la Asamblea Nacional y contrariando la normativa aplicable- modificó la ley del Tribunal Supremo de Justicia y designó para la más alta posición judicial a magistrados afines a sus ideas políticas para que, nunca más, pudiere emitirse sentencia en contra a los intereses gubernamentales en esa instancia, situación que al día de hoy, más de veinte años después se mantiene.
En días pasados, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América, el señor ex presidente –y aspirante a repetir en el despacho oval- Donald Trump, fue juzgado por doce ciudadanos de ese estado por actividades ilícitas sancionables pecuniariamente y con hasta cuatro años de cárcel. Ya durante el juicio, el imputado desestimó de todas las maneras posibles al juez y al poder judicial de ese estado, arreciendo las críticas personales e institucionales contra todos los que participaron en su juicio cuando se anunció la decisión en su contra.
Esta semana, también en Estados Unidos, concluyó el desarrollo en el estado de Delaware de un proceso judicial que se seguía en el mismo contra Hunter Biden, hijo del actual presidente de esa nación. Al producirse la sentencia condenatoria, la declaración presidencial –que bajo los supuestos antes referidos pudiere haber sido en consonancia con aquella- fue absolutamente diferente, profundamente institucional, lo que evidencia una notoria diferencia entre Chávez, Trump y él en atención al sistema de justicia.
A su vez, en España, el presidente Sánchez tiene enfiladas las baterías gubernamentales y mediáticas, aparte de la fiscalía del país, contra quienes le adversan en sus posiciones políticas o imputan a su esposa de prácticas indebidas en el ejercicio de su actividad pública pues, según lo que se afirma en los medios, utiliza su vinculación con el poder para obtener beneficio particular. Así, España, que había presenciado como su jefe de Estado –el Rey Juan Carlos-observó en silencio sepulcral el juzgamiento de una de sus hijas con posibilidad de cárcel para la misma, ve estupefacto la conducta diametralmente opuesta del actual jefe de gobierno.
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Obvio es entonces que, como ocurrió con Chávez, ni el señor ex presidente Trump cree en la justicia norteamericana ni el presidente Sánchez en la española, quizás porque con su conducta personal e institucional el primero ha sido y está siendo objeto de muy variados procesos judiciales y nada mejor que demeritar al juzgador para nuclear a su clientela política, cada vez más polarizada, así aún cuando se le condene, continúa aumentando fondos para su campaña, en tanto que el segundo, reditúa la victimización que le produce la actuación judicial.
La diferencia sin duda la establece el presidente Biden; su reconocimiento a la misma a pesar de que su hijo hubiere sido condenado es un recordatorio para todos que quien preside un país a todos representa y que su accionar en el ejercicio de la presidencia y después de la misma debe estar en consonancia con la majestad del cargo que ejerce o ejerció.
Buena parte de los venezolanos no creen en el sistema de justicia; las prácticas del mismo son tan politizadas que hasta la Corte Penal Internacional, por el principio de complementariedad, se está viendo precisada a estudiar si juzga a funcionarios del país porque el poder judicial venezolano es incapaz de impartir justicia en materia de violación de derechos humanos y ello no viene desde la administración Maduro sino que se acentuó a partir de los referidos sucesos del año 2022, a lo que se suma el hecho que, en materia penal, los plazos de detención se extienden de manera indefinida –aun existiendo posibilidad de enjuiciamiento en libertad- porque los señores jueces esperan una orden superior que les ilumine el camino a seguir.
Estoy convencido que el poder judicial de un país hace la diferencia en un sistema democrático; que a pesar de lo que se crea en nuestro mundo occidental no hay igualdad de poderes. Que al ser el judicial el árbitro de los conflictos, el tiene un poco más de primacía que los otros pues dirime la controversia de todos, de manera que cuando una persona –y mucho más un actor político de relevancia- se expresa injustamente contra él, al contrastar esas afirmaciones con la sentencia emitida contra el hijo del presidente Biden se evidencia lo incorrecto de las mismas, lo que conlleva en el fondo a que se este erosionando esa condición que los jueces tienen.
A los ciudadanos de cada país donde existe confianza plena en el poder judicial, corresponde velar porque la misma no sea afectada; a aquellos en la cual el mismo está siendo atacado, les concierne respaldar el accionar de los jueces pues ellos son la garantía de su libertad y cuando sea posible, los venezolanos debemos modificar la estructura del mismo, desde su cúspide, para que en él no imperen decisiones de carácter político sino las ajustadas a la Constitución y la ley sin diferencia alguna entre quienes recibirán el efecto de sus decisiones.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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