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Dos acciones con las que periodistas enfrentan noticias falsas, según sondeo sobre libertad de expresión y acceso a la información.
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Preocupación causan cuatro de las respuestas de la encuesta nacional de percepción de periodistas y columnistas acerca de la libertad de expresión y acceso a la información en Colombia, realizada por Cifras y Conceptos y financiada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre el 9 de diciembre 2022 al 16 de marzo del 2023.
1- Que 403 de 585 encuestados (69%) consideren apropiado regularizar las plataformas y redes sociales. Supongamos que son medios de comunicación. Entonces ocasiona inquietud algún tipo de control previo ante la doctrina de la Sala Plena de la Corte Constitucional emanada ante las objeciones presidenciales al fallido proyecto de Ley 030 de 2001, “por medio de la cual se reconoce legalmente la profesión de comunicador social y periodista y se dictan otras disposiciones”.
Recordando el expediente OP-068 de la Sentencia C-650/03 la jurisprudencia ha precisado la existencia de dos tipos de control previo que ninguno se ejerce en Colombia. El régimen de autorización previa −contrario al artículo 20 de la Carta que garantiza la libertad de fundar medios de comunicación− y el conjunto de normas del registro constitutivo que exige a los medios de comunicación su inscripción en un registro oficial. Lo que sí opera es el exclusivo principio fundamental de la responsabilidad posterior según el cual, los medios de comunicación, al ejercer libremente sus funciones democráticas, no pueden ser sometidos a ninguna modalidad de control previo.
Como las plataformas y medios sociales están lejos de ser medios de comunicación, la protección constitucional enfoca la libertad de expresión, verbal o no verbal. Dicha libertad cumple funciones trascendentales en una democracia que dependen de su valor intrínseco en tanto derecho fundamental. Es decir, “la protección de la libertad de expresión es un fin en sí mismo como manifestación de lo que entendemos por un ser humano digno y autónomo y por una sociedad de personas igualmente libres”, según el Magistrado ponente de la sentencia Manuel José Cepeda Espinosa.
2- Que 280 de 585 profesionales (48%) se muestren de acuerdo con que el gobierno combata las fake news. Si el periodismo como deber ser es el agente mediador de la veracidad social entre la administración pública y la ciudadanía genera alboroto aquella exposición. Suficiente tenemos con este gobierno que embiste mensajes de desinformación e información engañosa.
Otra vez desempolvando algunos de los posteados en la cuenta de Twitter del Presidente de la República hacemos un micro listado reciente: el acuerdo de cese bilateral de fuego que el ELN negó a pocas horas de su publicación en la noche del año viejo; el hallazgo de los cuatro menores indígenas sobrevivientes de la avioneta accidentada en la selva de Guaviare; que fue la prensa la que acuñó el término paz total vociferado en una reunión con Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas.
3- Produce intranquilidad que en zonas Pacífico (42%), Caribe (38%) y Centro sur (35%), donde se recogieron datos para la encuesta, la situación de seguridad del periodista no ha mejorado. Y cómo hacerlo si en entrevista con El Espectador (21 mayo 2023), “el comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, señaló que el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia no están cumpliendo con el cese al fuego” y un día después aparece la noticia que la “decisión del Gobierno de suspender cese al fuego con disidencias de FARC en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta se tomó luego del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo.”
4- Causa temor que, en el último año, las autoridades hayan restringido o entorpecido la movilidad de periodistas para ejercer el oficio (24%) o hayan sido víctimas de amenaza por internet (23%) y que el medio haya sido objetivo de hackeo (24%) o haya sido objeto de confiscación o destrucción de la propiedad (22%). De esos 12 meses transcurridos, al cierre de la encuesta, se habían avanzado siete con el gobierno del cambio para una Colombia potencia de vida.
Autocrítica al ejercicio profesional
Es urgente que las facultades revisen su programa universitario de Comunicación Periodismo si las cifras interesan. Menos de la cuarta parte de encuestados deja de publicar información por intereses políticos o comerciales (23%) y menos de la octava, difunde titulares engañosos o sensacionalistas para ganar audiencias (12%).
La percepción es diferente cuando el periodista se excluye del error. Entonces sí casi la mitad divulga información por intereses políticos o comerciales (42%) y la cuarta parte produce titulares engañosos o sensacionalistas para ganar audiencias (21%).
A pesar del hecho bipolar anterior, el silencio estratégico es común para enfrentar la desinformación en la práctica periodística (62%) razón por la cual es acción efectiva para combatir la circulación de noticias falsas, rumores (61%).
Los periodistas quienes laboran en las regiones Eje cafetero (62%), Centro sur y Oriente (57%) modifican su posición editorial a cambio de pauta publicitaria. Aun así, los periodistas de la región Centro sur cobran por publicar información (54%) y presionan o intimidan además para obtener pauta publicitaria (52%).
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Estos reconocimientos evidencian la carencia de ética periodística en la población objetivo de la encuesta, a saber: directores/presidentes de gremio, periodistas, columnistas, editores, directores, coeditores, jefes de redacción, jefes de emisión de noticias, comunicadores comunitarios e investigadores de periódicos/revistas, estaciones de radio, TV y medios digitales.
Verificación y acceso de información
Todo parece que según sea la región del ejercicio del periodismo el ambiente para la libertad de expresión se califica de mediana dificultad. Al interpretar los indicadores se percibe que a los medios retornaron los verificadores, pues para 63% de periodistas trabajadores su medio cuenta con ese rol. Ese proceso es calificado como muy bueno (84%) siendo totalmente indispensable (77%) en los cuatro tipos de medios y, en especial, para las regiones Pacífico (86%), Centro sur (78%) y Bogotá (77%).
Aun cuando el acceso a la información pública nacional es un derecho garantizado por ley, esa transparencia no ha mejorado en el último año en las regiones Eje cafetero (44%), Centro sur y Pacífico (35%) y Oriente (31%). Los actores que con mayor frecuencia dificultan acceder a la información pública son las autoridades e instituciones públicas, según señalan 37% de los encuestados. El obstáculo queda superado al presentar recursos de insistencia 78% o derechos de petición 67%.
Otro factor que si afecta directamente la credibilidad del oficio es el activismo ejercido en simultánea con el periodismo tanto para periodistas −sobre todo el mayor de 55 años, 81%− como para medios de comunicación, en concreto la prensa en 75%. El resultado por regiones da cuenta que esa alianza perturba en Bogotá y Oriente (76%), en Centro sur (70%), en Pacífico (63%), en Eje cafetero (61%) y en Caribe (53%).
Zapatero a tus zapatos, exclama el refrán. Por tanto, si la verificación de información es buena e indispensable para periodistas y medios de comunicación hay regiones donde escasea, igual que no ha mejorado el acceso a la información por restricción de autoridades e instituciones, pero existiendo recursos legales la creatividad acude a ellos.
El resultado de la encuesta se puede descargar del website.
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*Omar Villota Hurtado. Profesor universitario en sociología de los medios y comunicación para programas de pre-grado y post-grado. Creador de conocimiento para Inteligencias Colectivas. Master en comunicación digital. Especialista en redes de información documental.
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