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Si de verdad querían hacer respetar el Estado social de derecho, debieron apelar al fallo de la JEP y no a una constituyente. Si de verdad querían defender la institucionalidad, debieron respetar la decisión de los jueces y no sabotearla como lo han hecho. Y si de verdad querían que Santrich pagara por sus delitos, le hubiesen entregado a la JEP las pruebas que tenían escondidas y así seguramente el sentido del fallo hoy sería otro.
Una verdadera tormenta desató la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Santrich a los Estados Unidos, quien fue requerido por supuesta conspiración para enviar diez toneladas de cocaína a ese país después del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz.
Cabe aclarar que esta decisión no implica que Santrich sea inocente de los delitos que se le imputa, toda vez que la JEP no decidió de fondo sobre su responsabilidad (además de no ser esa su competencia), si no la de determinar si el delito fue antes o posterior a la firma de los acuerdos. Pero para determinar eso, primero tenían que verificar la existencia de un hecho que podría configurar un delito, para luego sí, establecer la fecha en que se cometió. Después de realizada la debida valoración, la JEP consideró que las pruebas aportadas no permitían determinar la tipicidad de la conducta, y por ende, no se podía establecer la fecha precisa de su realización. Como consecuencia, el tribunal ordenó aplicar la garantía de no extradición y pidió a la Fiscalía liberar al exjefe guerrillero de forma inmediata.
Ante esta decisión, el Procurador General de la Nación interpuso recurso de apelación y el fiscal General Néstor Humberto Martínez renunció de manera irrevocable a su cargo.
No habían pasado veinticuatro horas, cuando funcionarios del CTI abordaron a Santrich en el momento en que salía de la cárcel la Picota con el fin de notificarle que sería de nuevo retenido debido a la incorporación de nuevas evidencias que dan cuenta con claridad de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometió el delito.
Todo lo anterior generó una serie de ataques contra la legitimidad de la JEP por parte del senador Álvaro Uribe Vélez y la militancia del Centro Democrático, a tal punto, que llegaron a sugerir la declaratoria de “conmoción interior” y hasta el “coco” con el que tanto nos amenazaron que nos íbamos a convertir en otra Venezuela: una constituyente.
Pues bien, todo esto hace parte de sus maniobras engañosas. Si de verdad querían hacer respetar el Estado social de derecho, debieron apelar al fallo de la JEP y no a una constituyente. Si de verdad querían defender la institucionalidad, debieron respetar la decisión de los jueces y no sabotearla como lo han hecho. Y si de verdad querían que Santrich pagara por sus delitos, le hubiesen entregado a la JEP las pruebas que tenían escondidas y así seguramente el sentido del fallo hoy sería otro.
Pero no, lo que quieren es destruir los acuerdos, acabar con la JEP y hacer una nueva constitución justo a su medida. ¿Por qué? Porque le tienen pavor a la justicia, porque no quieren que se sepa la verdad, porque les conviene el caos, el debilitamiento de las instituciones… que son, en últimas, el caldo de cultivo para su política guerrerista. Y si para eso tiene que incendiar el país, lo harán.
Por último, aclaremos dos cosas. La primera: Santrich es un bandido. Esto no es una defensa a él, es una defensa a la institucionalidad, a la constitución y a los acuerdos de paz. Como tampoco es una apología a la impunidad o al narcotráfico; al contrario, los que apoyamos la JEP también queremos ver a Santrich extraditado respondiendo ante la justicia (en caso de comprobarse que siguió delinquiendo después de la firma de los acuerdos), pero lo que no podemos aceptar es que se cometan arbitrariedades.
La segunda: el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez también es otro bandido, y además cínico, quien renunció a su cargo bajo el argumento que la decisión de la JEP era un atropello al orden jurídico y que, por lo tanto, su conciencia y su devoción por el Estado de Derecho le impedían refrendar ese fallo. Bastante descarada la posición de Martínez, rasgándose las vestiduras por el Estado de derecho mientras fue él quien irrespetó la institucionalidad escondiendo las pruebas para desprestigiar a la JEP. Y me pregunto, ¿por qué esa misma “conciencia” no le dio para retirarse hace meses de su cargo por estar involucrado hasta los tuétanos en el escándalo de corrupción más grande que ha tenido la historia del país?
Conclusión: Ni Santrich es una víctima, ni Néstor Humberto Martínez es un héroe. Los dos le han hecho muchísimo daño al país; uno desde el poder del Estado y el otro desde el poder de la guerrilla; uno de cuello blanco y el otro de camuflado. Pero ambos, desde cada una de sus trincheras, sin pudor y sin el más mínimo reato de conciencia, han utilizado “todos” los medios necesarios para cumplir sus fines y saciar sus ambiciones y, como consecuencia de esa esa sinergia corrupta y criminal, hoy tenemos campesinos despojados de sus tierras, indígenas reclamando sus derechos, testigos muertos, líderes sociales asesinados, estudiantes y maestros marchando por una mejor educación, un presupuesto mezquino en inversión social y enormes brechas de desigualdad que cada día nos separan más.
Y, entre esos dos tipos de bandidos, ha transcurrido la historia de Colombia.
*Diana Martínez Berrocal, Abogada, especialista en Derecho Público, Magister en sociología política, docente, columnista y analista política,
@DianaMartinezB8
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Qué hacer… Cómo, cuándo y dónde …! para que personajes como éste… dejen de burlarse de nuestro país y de todos los colombianos que seguimos con esperanza por un mejor mañana para nuestros hijos y nietos! Hasta cuándo!