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Eso, que ya vimos con esas expresiones políticas de la sociedad civil, ahora la veremos con la Cruz Roja.
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Ha intervenido el poder judicial que bien le sirve al señor Maduro en Caracas, la Cruz Roja. A diferencia del señor Ortega, en Venezuela se cuidaron un poco –solo uno- las apariencias, procedieron a designar un nuevo presidente y designarán una suerte de junta interventora.
La decisión no debe sorprender a nadie.
En Venezuela quienes gobiernan utilizan a los señores que ocupan los sillones de magistrados del más alto tribunal, a los fines de darle una suerte de legitimidad a las decisiones que allí se adoptan, aún cuando las mismas contraríen el texto constitucional, tratados internacionales, la ley y hasta el sentido común.
La decisión de intervenir a la Cruz Roja viene precedida, desde años atrás, por la intervención de partidos políticos a los fines de que las autoridades que allí designen, sean lo más cercana posible al proyecto que en el país se desarrolla. Es así como buena parte de la oposición política que adversa el accionar gubernamental, carece formalmente de institucionalidad pues los símbolos y tarjetas de sus partidos los controla el tribunal supremo con sus sentencias.
Eso, que ya vimos con esas expresiones políticas de la sociedad civil, ahora la veremos con la Cruz Roja.
Ciertamente, quien ha sido desplazado de la presidencia de la entidad por decisión gubernamental, tiene casi medio siglo en esa posición, pero lo cierto es que si allí se ha mantenido es porque quienes tienen a su cargo la decisión de su designación, le han renovado reiteradamente la confianza. Si ese ciudadano, con su accionar particular ha vulnerado la ley, lo correcto es sancionarlo con apego a la misma, no en modo alguno intervenir la institución. Pero ello en la Venezuela de este siglo no es posible.
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La cooptación que desde la Presidencia de la República ha hecho de todos los poderes del Estado, impide a cualquiera en el país sentirse seguro. En cualquier momento, aún por el motivo más nimio, podrá ser otra víctima del accionar institucional, lo que convierte al país, en pocas palabras, en el Dodge City del viejo oeste americano del siglo 19 y a sus ciudadanos en espectadores de ello.
Hemos sido reiterativos en distintos artículos como este de la necesidad imperativa de la reinstitucionalización venezolana. Nada mejor le podrá ocurrir al país que el tener poderes públicos confiables, muy especialmente el judicial. Que este sea árbitro de conflictos y diferencias, no compañeros de ruta de quienes ejercen el poder, normalmente contrariando las normas que limitan su accionar.
En atención a ello, hemos visto con profundo agrado que, con ocasión del documento firmado esta semana por los precandidatos presidenciales de la oposición al señor Maduro, dentro de los acuerdos principales está el relativo a la necesaria reinstitucionalización de los poderes del Estado. De producirse en la elección presidencial del próximo año la victoria de quien resulte electo el próximo octubre, el cumplir ese acuerdo, será una garantía para todos del inicio del retorno de la confianza extraviada todos estos penosos años.
El accionar de quienes dirigen los destinos de Nicaragua y Venezuela este siglo 21 es un ejemplo de las actuaciones que nuestros pueblos no debemos repetir, cuando a ambos países retorne la democracia y la libertad.
La decisión de intervenir la Cruz Roja en Venezuela debe servir de alerta –una más- a la comunidad internacional respecto de la forma y manera como se están manejando los asuntos públicos en el país. Hoy fue ella, mañana, nadie lo dude, será otra, hasta que todas estén controladas por quienes gerencian el país.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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