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Están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región.
Mucho hemos escuchado los colombianos en los últimos días sobre la grave crisis que afronta hoy Bucaramanga, especialmente Floridablanca y otros 16 municipios de Santander, por cuenta del cierre de El Carrasco, el relleno sanitario que hasta el 13 de agosto pasado venía operando como sitio final de disposición de las basuras de estos municipios, pero que, debido a una orden judicial, fue cerrado.
Esto ha causado una enorme crisis sanitaria que al día de hoy está afectando al 65% de los municipios más poblados de Santander, salvo Barrancabermeja. Incluso se habla ya de un problema que se puede convertir en amenaza a la salud pública de la región.
Lo más crítico está en Floridablanca, que hace parte del área metropolitana. Según lo denunció su alcalde, hoy, en las calles de ese municipio, hay más de mil toneladas de basuras esperando para ser evacuadas a departamentos cercanos.
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Toda esta situación ha generado una dura controversia, pues trasladar toneladas de basuras de 16 municipios de Santander a una región diferente como Aguachica en el Cesar o incluso hasta Medellín ha provocado el rechazo, especialmente de las gentes del sur del Cesar. A nadie le gustaría que le lleven las basuras del vecino a su propia casa.
Además del malestar ciudadano, esto también implica enormes dificultades, no solo por los múltiples gastos que esto representa para un ente territorial, sino también porque se podría ocasionar un aumento en las tarifas, perjudicando al usuario final que nada tiene que ver en este problema.
Disponer las basuras de Floridablanca en El Carrasco, por ejemplo, cuesta $107.000 por tonelada, en Aguachica costaría $258.000 por tonelada y llevarlas a Medellín valdría $568.000 por tonelada. Según el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, al subsidiar el excedente de los $107.000, se gastarían 2 mil 700 millones de pesos en un mes, una cifra sin duda exorbitante. Y algo similar sucede con el resto de municipios.
El Carrasco, al igual que Santurbán, no sólo se ha convertido en un problema local o regional, sino que esto tiene una trascendencia nacional. En buena hora, la Asociación Nacional para las Licencias Ambientales ha asumido el control, pero hace falta llegar al punto final para superar esta difícil situación que afecta a miles y miles de santandereanos.
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No nos digamos mentiras. Aquí falló el Estado colombiano en la planificación y en la regulación. Los documentos CONPES no han funcionado ni en Bucaramanga, ni en ninguna parte de Colombia por la bendita gana de las privatizaciones, donde los privados quieren máximo lucro al menor costo, importándole poco el servicio público. Un ejemplo claro de eso se ve en la crisis de los acueductos. No hay una política pública que garantice subsanar en el tiempo este tipo de fallas de forma definitiva.
Tienen que emplearse muy a fondo las entidades del gobierno nacional. Hay un fallo judicial de por medio y sobre ello no hay discusión porque las decisiones judiciales se respetan. Creemos que al más alto nivel del Estado se deben buscar unas modulaciones porque no es solo Bucaramanga. Es Medellín, es Aguachica, incluso se habla también de Cúcuta y Norte de Santander. Son temas estructurales y debemos ayudar a solucionarlos.
Se debe aplicar la Ley 2056 del nuevo Sistema General de Regalías, donde se estructuran los programas regionales de inversión de regalías en Colombia. Ninguna región los ha utilizado; hoy el 60 o 70% de Santander de las áreas más pobladas está inmerso en una grave crisis sanitaria y hay que resolver esto de forma casi inmediata, antes de que el problema crezca.
Pero esto tiene que ser un trabajo articulado de todos. El gobernador, con el OCAD del Centro Oriente, tiene que proponerle a Planeación Nacional y al Ministerio de Ambiente que pongamos como ejemplo la aplicación de esas regalías a proyectos de inversión en este tema. Hoy no se han utilizado esos recursos.
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El Carrasco lleva 40 años de crisis, diez años de fallos judiciales, y hoy vemos muchos alcaldes en camino a la cárcel por defender la salud pública de la gente. Empecemos a buscar prontamente la solución al problema, más allá de El Carrasco. Ahí están los recursos del Sistema General de Regalías.
Propongan esto en una mesa técnica: están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región. La crisis sanitaria no da espera.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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