Aprobemos Escazú ¡Ya!

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Sacado de Fundación Paz y Reconciliación

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Nuestro país encabeza la penosa lista de las naciones con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo. ¡Es una vergüenza!

Sacado de Fundación Paz y Reconciliación

Cuando pensamos que las cosas en Colombia no podían ser peores por cuenta del recrudecimiento de la violencia en los territorios, la mala imagen a nivel internacional tras el magnicidio del presidente de Haití, el mal manejo de la pandemia, la corrupción rampante, el escandaloso y multimillonario contrato de MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados, la persecución por parte del partido de gobierno al Acuerdo de Paz de La Habana, la inseguridad reinante en todas las ciudades, nos enteramos ahora que Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, quienes ejercen la defensa del agua, el territorio, la naturaleza y la vida misma.

Un reciente informe de la ONG Británica Global Witness da cuenta de que nuestro país encabeza la penosa lista como la nación con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo. ¡Es una vergüenza!

No es posible que de 212 asesinatos a líderes ambientales sucedidos en todo el mundo durante el 2019, 64 de ellos hayan sucedido en Colombia. Eso es impresionante y causa enorme tristeza para quienes también defendemos la vida y la naturaleza. Ese vergonzoso ranking también lo lideran en su orden, después de Colombia, Filipinas con 43 víctimas, Brasil con 24, México con 18 y Honduras con 14. En conclusión, Colombia, según lo documentado por Global Witness, es el país más peligroso para ser ambientalista.

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Es decir, según el informe, uno de cada tres asesinatos a líderes ambientales sucede en Colombia. ¡Por Dios! Y el Gobierno nacional sigue literal, como la canción de Shakira “Ciego, sordo y mudo” ante este desolador panorama.

En Colombia, se volvió costumbre y hace carrera ya desde hace varios años que defender la vida, los territorios, nuestra riqueza hídrica, nuestra biodiversidad es sinónimo de muerte. Muchos de esos asesinatos se quedan en la impunidad, como si a nadie le importara la vida de nuestra gente.

Está demostrado que, quienes asesinan son los grupos armados ilegales, pero también los que promueven minería ilegal, cultivos ilícitos y, sobre todo, los grandes deforestadores de la Amazonía, la Orinoquía y de otras regiones del país como Antioquia, que son ganaderos ilegales y acumuladores de tierras, como lo indican los estudios y, en otros casos, los cultivadores de palma.

Entonces, están actuando a sus anchas. Ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública, han logrado contener este grave fenómeno que va en aumento. Un instrumento importante es la aprobación del Tratado de Escazú, donde hay elementos fundamentales de protección de los líderes sociales y ambientalistas. No es un chiste, ni un capricho, pretender la aprobación de este Tratado.

(Texto relacionado: La élite empresarial contra el Acuerdo de Escazú)

Por eso, nosotros hacemos este llamado para que nos concienticemos y promovamos cuanto antes la aprobación del Tratado de Escazú que tiene este tipo de contenidos.

Sería el mejor mensaje para contestar que en Colombia sea un delito prioritario de perseguir por parte de las autoridades judiciales el asesinato de ambientalistas. Entre todos, tenemos que trabajar estos graves fenómenos que impactan directamente a Colombia de una forma negativa ante el mundo.

Escazú es un acuerdo firmado por 24 países y Colombia no puede seguir haciéndose el de la vista gorda con un asunto de tanta relevancia a nivel internacional. El Tratado de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales, que da apoyo a los derechos humanos y, sobre todo de acceso oportuno a la justicia en asuntos ambientales. Es el único tratado derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y es el único en adoptar disposiciones puntuales para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Ojalá en esta cuarta y última legislatura el Congreso no le siga dando la espalda a esta iniciativa y, por el contrario, ratifique este tratado para reivindicar la vida y los derechos de los líderes ambientales en Colombia, el país con la medalla de oro en muertes de los defensores de la vida, el territorio y el ambiente.

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*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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