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En una verdadera democracia, los tribunales son la garantía de que las decisiones se ajusten a la constitución y la ley y no que éstas se adecúen a los deseos del mandatario de turno.
Así se sienten algunos mandatarios en sistemas presidencialistas latinoamericanos. El libreto siempre es el mismo: llegan al poder con alta popularidad, modifican las cortes o tribunales que habrán de decidir respecto de la prórroga de su permanencia en el poder y esos juristas, más faltaba, en alguna oportunidad posterior “escuchan el clamor popular” o a veces por el interés del mandatario desoyen sus sentencias.
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El proceso lo inició Hugo Chávez cuando en mala hora la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano validó su aspiración de presentar una enmienda constitucional que permitiere la reelección indefinida, a pesar de que la propuesta había sido derrotada menos de dos años antes en el referendo sobre una reforma constitucional que se nos consultó. Luego vino Evo Morales, a quien también el respectivo órgano judicial boliviano le permitió reelegirse en contravía de la opinión popular expresada libremente en una consulta al efecto, lo que por suerte fue enervado a posteriori aún cuando la división interna boliviana permitió que la mano derecha de aquél ganare las elecciones presidenciales en los últimos comicios celebrados.
También ha incurrido en la práctica el señor Ortega en Nicaragua, aún cuando cierto es reconocerlo, este ha perfeccionado los mecanismos pues, sin rubor alguno, detiene a cuanto adversario le asome su decisión de combatirlo y ahora lo hace el señor presidente de El Salvador, a quienes algunos venezolanos tienen de ejemplo conductual.
La Sala de lo Constitucional de ese país, integrada por abogados afines a las posiciones del señor Bukele a partir del pasado mes de mayo, acaba de decidir que es posible la reelección presidencial, siempre y cuando seis meses antes de las elecciones el presidente renuncie. Seguramente que a ese paso, el señor Bukele lo hará, ganará, gobernará y seis meses antes de las siguientes elecciones volverá a renunciar y así hasta que Dios lo llame a su presencia.
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Cualquiera dirá que ésa es la democracia, pero a ello alego que no es cierto. En una verdadera democracia, los tribunales son la garantía de que las decisiones se ajusten a la constitución y la ley y no que éstas se adecúen a los deseos del mandatario de turno, como sin duda está ocurriendo en esos países e inclusive en la actualidad en Venezuela donde la reelección indefinida existe a pesar de las voces que reclaman contra su derogatoria.
Quienes aducen que lo que está ocurriendo en nuestra América se replica en Europa – por ejemplo, con la señora Merkel próxima a entregar su cargo después de ejercerlo de manera ininterrumpida por dieciséis años seguidos – olvidan que el sistema que impera en dichos países es el parlamentario, lo que implica que sobre el jefe del gobierno se realiza un permanente control y que el mismo, por uno o más votos de confianza que en cualquier momento del período se plantee, puede caer, originando la realización de elecciones. Ése no es el caso latinoamericano y si a ello sumamos la experiencia que se tiene respecto de la realización de referendos revocatorios en los pocos países que lo permiten, como alternativa a la moción de confianza, observaremos que la diferencia entre ambos es notoria.
Suerte tiene Colombia de haber eliminado esa figura. Su decisión permite, así lo creo, la oxigenación de su dirigencia política lo que implica para sus electores la posibilidad de equivocación o acierto cada cuatro años. Nosotros, en Venezuela, lamentablemente, mientras esa figura exista en los cargos de elección popular, continuaremos como congelados en el tiempo vulnerando, así lo creo, los derechos humanos de los electores.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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