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La responsabilidad de acelerar la emergencia de un poder constituyente recae principalmente en los actuales liderazgos políticos y sociales, representados en los sectores socialdemócratas y de izquierda.
Desde el pasado 28 de abril, el pueblo colombiano y, en especial, los y las jóvenes de diferentes regiones y ciudades retoman la decisión de continuar la protesta social y manifestar su descontento frente a las medidas económicas y la forma de gobernar en cabeza del Presidente Duque y su asesor de cabecera el exsenador Uribe Vélez. El fracaso del Gobierno y sus aliados en el Congreso en tramitar de forma dialogada y efectiva las demandas contempladas en el pliego de peticiones presentado por el Comité Nacional de Paro que, aunque no son las únicas exigencias del pueblo colombiano, sí representan a su gran mayoría organizada, demuestra más allá de la coyuntura su talante represivo y antidemocrático.
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La negativa del Gobierno y de instituciones tan importantes como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de acompañar la implementación integral y pertinente del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, la reforma tributaria aprobada en 2019 que entregó exenciones a los gremios económicos y al sistema financiero, el mal manejo de la pandemia del COVID-19, que ha causado más de 80.000 muertes, el fracaso evidente de la Ley 100 de 1993 que privatizó el sistema de seguridad social y salud, la nueva propuesta de ley (010 de 2020) que busca privatizar aún más el sistema; la entrega de recursos públicos a la banca privada aprovechando la emergencia de la pandemia, la falta de apoyos económicos y de respaldo a las pequeñas y medianas empresas, la negativa a implementar una renta básica que devuelva la dignidad a las mayorías, la desfinanciación de la educación pública, los anuncios de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos de uso ilícito, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las masacres, la persecución y el mal uso del derecho para judicializar a las organizaciones sociales, el desplazamiento y el confinamiento, caldearon los ánimos de las mayorías excluidas y empobrecidas, que han hecho de la convocatoria al paro y la movilización un escenario de agitación política sin precedentes en la historia reciente del país.
Esta situación seguramente no hubiera tenido desenlaces fatales en materia de asesinatos, mutilaciones, desaparecidos forzadas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, si quienes, debiendo responder desde el gobierno y el Estado, con soluciones efectivas y cambios de sus políticas, no hubieran decidido aprovechar el estallido social, que habían previsto sucedería como respuesta a las políticas neoliberales, para responder con planes y acciones represivas y militaristas oficiales y promoviendo que grupos delincuenciales agredan con disparos y violencia xenófoba a la Minga indígena y las demás expresiones populares, en una clara expresión neofascista, buscando, con el pretexto de la protesta social y de las resistencias juveniles y, desde las nuevas teorías de ultraderecha aplicadas recientemente en Chile y Bolivia, generar un estado de excepción que recorte aún más los derechos civiles y democráticos, o el rompimiento definitivo con el Estado social de Derecho, eje fundamental de la Constitución.
La movilización organizada u espontánea del pueblo colombiano en rechazo a esta política y a las respuestas represivas y violentas del Gobierno y la fuerza pública, con la complacencia del ministerio público, expresa un alto descontento que refleja la gran capacidad destituyente del pueblo y que se refleja en el retiro momentáneo de la propuesta de reforma tributaria, el debilitamiento de la propuesta de profundización de la privatización de la salud, la matrícula cero universitaria para estratos 1, 2 y 3 y las renuncias del ministro de hacienda y la ministra de relaciones exteriores. Victorias que han sido importantes, pero no suficientes para aclimatar la convivencia y desactivar la protesta social.
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Esa capacidad que puede señalarse como poder destituyente del pueblo, un poco amorfo, aún débil organizativamente y con múltiples expresiones ideológicas, debe avanzar de la mano de los partidos, movimientos y expresiones políticas socialdemócratas y de izquierda (que a su vez deben prosperar hacia la constitución de un frente amplio), las confesiones religiosas ligadas con una verdadera vocación por los más pobres, las organizaciones constructoras de paz y defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, los sectores académicos y demócratas en general, hacia mayores niveles de unidad y organización, para que continuemos con más fuerza, hablando de la construcción política y social del poder constituyente del pueblo, que haga realidad la soberanía popular permanente, para la construcción participativa y dialogada de la justicia social, la equidad, la democracia, la paz y la reconciliación.
Un poder constituyente que guarde y acumule celosamente la fuerza ciudadana no nacerá espontáneamente. La responsabilidad de acelerar su emergencia recae principalmente en los actuales liderazgos políticos y sociales, representados en los sectores socialdemócratas y de izquierda. De allí la importancia de continuar realizando encuentros como el acaecido entre la Coalición de la Esperanza, el Pacto Histórico, la convergencia Defendamos la Paz y el Comité Nacional de Paro. Este poder que se asoma desde la protesta social y la capacidad organizativa del pueblo en las regiones y ciudades, para terminar de consolidarse, reclama espacios de deliberación y de decisión reales, más allá de las estructuras tradicionales de los partidos y movimientos políticos. Debe estar cimentado en un gran movimiento que utilice como estrategia central el diálogo, la no-violencia, la pedagogía de lo sensible, el arte, la cultura y la construcción permanente de saberes.
Este poder, encarnado en un movimiento amplio, capaz de deconstruir vetustas formas de gobierno excluyentes, debe proponerse como metas a mediano y largo plazo edificar una nueva democracia transicional con una gran vocación transformadora, que enfrente los retos que presenta y nos deja la pandemia del COVID-19, que recupere y fortalezca las economías productivas nacionales tanto agrícolas como industriales y asuma la responsabilidad de quitar privilegios a los más ricos, erradicar la corrupción y superar definitivamente el hambre y la pobreza, que ataca grandes sectores de la sociedad colombiana.
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*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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El pasado 28F las bases hemos retomado el 21N y nadie imaginó que se desataría a punta de tiros y desconsideración con nuestros derechos el más importante movimiento cívico popular de la historia reciente del país. De hecho, ya ha conseguido en la calle lo que no se había conseguido en décadas de falsas representaciones. El detonante fue la agresiva Reforma Tributaria que ya cayó y sigue la de Salud, Laboral y Pensional. Entre tanto también ha desenmascarado el carácter criminal de la Policía y el Ejército “nacionales” que si o si deben ser reformados, incluyendo no más ESMAD. O sea, no se trata solo de tumbar estatuas, que a propósito, invita como dice la Comunidad MISAK para “resignificar la Historia”, así en mayúsculas, sino de una generación llamada a cambiar esa historia, no necesariamente por el camino andado de una Constituyente, para incumplir la, sino por el inédito de que las mayorías tengan acceso, cuando menos al mínimo vital o Renta Básica y la Matrícula Cero para tod@s nuestr@s jóvenes, a lo que tenemos derecho desde siempre. Ahí vamos porque el Paro sigue.