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Creo que lo correcto sería que gobernadores y alcaldes electos en los pasados comicios, independientemente de las listas en las cuales lo fueron, se abstengan de participar en cualquier actividad que implique poner en práctica sus opiniones político partidistas.
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Avanza en Colombia el referendo revocatorio contra el señor alcalde de Medellín Daniel Quintero, mientras en Venezuela ha iniciado el plazo para que alguna efectividad tenga el que pareciere querer intentarse contra el señor Maduro. Independientemente del avance entre uno y otro – pues en el primer caso es un hecho que el mismo se realizará – se pueden observar, por lo que se refiere a los servidores públicos de ambas naciones, dos posiciones respecto de la conducta exigida a los mismos.
En el caso colombiano, la ley impide a quien presta servicio público participar en actividades políticas. Ellos son lo que son y como tal su accionar va dirigido a toda la ciudadanía, la que votó por ella y quien lo hizo en contra, pudiéndose sancionar severamente a quien de alguna manera intervenga en alguna actividad política, aún opinando, sin perjuicio que, como ciudadano – en la oportunidad de concurrir a las urnas – emita en éstas su opinión.
En Venezuela, como consecuencia de la reciente elección de gobernadores y alcaldes en la cual resultaron electos dentro de las filas opositoras cuatro de los primeros y mas de cien de los segundos, parte de la ciudadanía que por ellos votó seguramente les exigirá su participación directa en las actividades tendentes a llevar adelante el referendo contra el señor Maduro, repitiendo así, nadie lo dude, la conducta que se desplegó en el mismo evento contra el señor Chávez y contra el mismo Maduro en 2016. Es la comparación entre las conductas que observo en ambos países lo que motiva mi reflexión.
Independientemente de que exista una norma que sancione en Colombia actuaciones político partidistas por parte de quienes sirven a los ciudadanos, son estos últimos, independientemente de su afiliación o simpatía, quienes pagan los salarios públicos. De esa manera es indiscutible que una eventual actuación para favorecer o no a otro ciudadano – en perjuicio de quien a éste eligió – es contrario a los intereses generales. En Venezuela, aún cuando el principio es el mismo, ésa no ha sido la posición.
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Fundado en la manera como los señores Chávez y Maduro entendieron el ejercicio presidencial, para quienes les han adversado todo ha valido y es así como en el pasado observamos como gobernadores y alcaldes contrarios al accionar de ellos hicieron todo lo que pudieron hacer a los fines de que el revocatorio respectivo se llevare adelante y hasta concluyere con éxito. Esa práctica no la comparto.
Así, hoy se presenta la misma disyuntiva y, a diferencia de lo que en lo personal pensaba en aquellos años – quizás como consecuencia de mi estancia en Colombia y la observación respecto de la manera como la institucionalidad del país busca respetar la ley -, creo que lo correcto sería que gobernadores y alcaldes electos en los pasados comicios, independientemente de las listas en las cuales lo fueron, se abstengan de participar en cualquier actividad que implique poner en práctica sus opiniones político partidistas, en perjuicio de otra parte del electorado que no las comparte, lo que implica inclusive no suscribir la solicitud de revocatoria pero sí participar en el evento comicial llegado el caso pues en él estarían actuando solo como ciudadanos y no como alcaldes o gobernadores.
Para evitar confusiones afirmo que lo descrito debe entenderse en el sentido que, llegado el caso, esos gobernantes garanticen que los ciudadanos puedan ejercer los derechos que la ley les otorga, resguardándoles, por ejemplo, de eventuales ataques de desadaptados contrarios a su solicitud. Ello no puede conllevar a su participación directa en la solicitud que pudiere plantearse, como actor o interesado en sus resultdos.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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