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Tarea pendiente. Ésa es la construcción del Estado social de derecho y justicia que establece la Constitución de 1999 y lo es porque, bajo esos supuestos, la división de poderes debería ser paradigmática y esa no es la circunstancia.
Hace menos de un mes, un dirigente político que pasó cerca de cuatro años resguardado en la embajada de Chile en nuestro país, Freddy Guevara, pudo salir de ella sin ser perseguido. Inmediatamente se dedicó a las actividades inherentes a su condición hasta que, en plena autopista caraqueña, fue detenido y enviado por los tribunales que actúan a instancias del señor Maduro a una celda en una institución política. Este domingo 15, sin embargo, salió de su encierro carcelario – desconociendo el beneficiario de la medida el motivo que la originó – en tanto que este lunes el señor Maduro declara que, si él pasa a formar parte de la delegación que en nombre de los factores democráticos negocia en México, bienvenido. Lo ocurrido deja en evidencia lo que buena parte del mundo reconoce: en Venezuela, separación de poderes, no hay.
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Como ocurre en otras partes del mundo, en Venezuela, hay actividades de alto riesgo. Cualquiera diría que en las mismas se destaca, por ejemplo, la que realiza el personal que construye rascacielos en algunas partes del país y es lo cierto que éste tiene elementos de protección mucho mayores que otros. Me refiero aquí a dirigentes políticos, representantes de instituciones de derechos humanos y ciudadanos, que aceptan una designación que, a juicio de quienes ocupan el Palacio de Miraflores, pueda de alguna manera afectar sus intereses.
Para éstos, en un Estado social de derecho y justicia, corresponde la aplicación del kit revolucionario: imputación del delito de traición a la patria – que conlleva pena de 30 años de presidio – probablemente terrorismo y asociación para delinquir más la imposibilidad de movilizar cuentas y bienes y todo ello acompañado – más faltaba – de auto de detención, lo que implica prisión intramuros, como se conoce en Colombia.
Lo descrito es posible por la circunstancia que, en nuestro país, la gran mayoría de los jueces que integran el poder judicial no llegaron a ocupar su posición por concurso como lo ordena la Constitución sino que han sido el producto de una designación provisional dictada desde la más alta instancia judicial, la cual, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, se encuentra desconfigurada puesto que 13 de los magistrados principales que integran el Tribunal Supremo de Justicia y 30 de sus suplentes carecen de la cualidad con la que en Caracas sentencian y buena parte de quienes la integran fue elegida privilegiando su cercanía al pensamiento revolucionario que ha imperado en Venezuela los últimos veinte años.
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Es en ese escenario que se hace política en Venezuela; es una actividad que entraña riesgos y, a pesar de ello, algunos desde la comodidad hogareña la critican acerbamente.
La circunstancia de que en México, con control internacional – pues eso es a mi juicio lo que es – se esté avanzando en una negociación seria como la que las circunstancias exigen permite pensar que será posible que en la misma se aborde, con la urgencia y serenidad que el caso amerita, la necesaria recomposición del único poder que puede garantizar confiabilidad para todos. Si se analizan las recientes encuestas respecto del grado de aprobación que los venezolanos le asignan al poder judicial, no es poca cosa que los resultados evidencien un amplio rechazo al mismo, lo cual a todos debería preocupar.
Mientras quienes ocupan las instancias de poder no comprendan que cada rama del estado tiene limitadas sus atribuciones y que la elección – o selección – de sus integrantes debe ajustarse estrictamente a los términos que la ley establece, no será posible construir el país que los constituyentes de 1999 previeron en el referido artículo 2 y que los venezolanos les aprobaron en diciembre de ese año.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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