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Como lo he afirmado en ocasiones anteriores en las cuales las propuestas que hemos presentado han sido de alguna manera acogidas por el país, nos complace que hubiere ocurrido.
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En muchas de estas columnas hemos sostenido que, si alguna obligación tenemos los venezolanos que a Colombia hemos llegado como consecuencia de la situación que afecta a nuestro país, es proponer soluciones a los problemas que nuestra presencia ha generado.
Así, en materia de la comisión de hechos punibles, mientras desde la administración del Presidente Santos y buena parte de la del señor Presidente Duque se sostenía que nuestros connacionales que aquí llegaban a delinquir debía extrañárseles del territorio nacional de manera inmediata, sostuvimos siempre que lo correcto era judicializarlos, que en juicio se demostrara su culpabilidad, que cumplieran la pena en Colombia y luego – solo luego – se adoptare la decisión de expulsión. Afirmamos que, hacer lo que en esos tiempos el gobierno nacional pensaba, era darles vacaciones en Venezuela para que, luego que las disfrutaren, retornaran a estos lares.
Esa posición que, inicialmente era compartida por la señora Alcaldesa de Bogotá, varió con el tiempo y ella explicó, en alguna de las declaraciones en las cuales vinculaba delincuencia con migración, que ocurría que los venezolanos, al no estar identificados en Colombia, no podían ser judicializados y debían ser puestos en libertad.
Como consecuencia de dichas afirmaciones, en una de los escritos que hemos publicado, propusimos a Colombia diseñar un mecanismo de identificación que permitiere solventar esa traba y facilitare con ello la seguridad de todos en el país, desarrollando en la misma la forma como pensábamos podía dicha medida ejecutarse.
Es así entonces como hemos leído esta semana en el bogotano diario El Tiempo que las autoridades diseñaron un mecanismo biométrico de identificación para quienes presuntamente habían cometido delito, aduciendo al momento de su captura que carecían de documentación y procedieron a implementarlo, poniendo así fin a la práctica adoptada por nuestros connacionales y también por sus compañeros de práctica colombianos de afirmar que eran de la tierra de El Libertador y que carecían de la misma, con lo cual buscaban vulnerar la acción de la justicia.
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Hemos sostenido que Colombia debe identificar a los migrantes que llegan – regulares o no – saber de sus aptitudes y competencias, a los efectos de que puedan ser mejor aprovechados en el país. Con los regulares no existe ese problema, así como tampoco existirá con quienes llegaron a Colombia de manera irregular hasta el 31 de enero del año pasado y por tanto pueden inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos que prevé la normativa que creó el Estatuto de Protección Temporal para estos. El problema existe respecto de los que lo hicieron a posteriori – que no están contemplados en dicho estatuto – y, por supuesto, respecto de quienes no tienen interés en ser identificados puesto que vinieron a delinquir.
Los dos primeros grupos ya tienen resuelto el problema. Respecto del último, la decisión informada esta semana ya no permitirá que puedan continuar haciendo fechorías sin sanción. Son los irregulares llegados luego del último día de enero del año pasado, los que, por imperativo normativo vigente, continuarán siendo desconocidos para el país, para quienes deberá implementarse un mecanismo.
Como lo he afirmado en ocasiones anteriores en las cuales las propuestas que hemos presentado han sido de alguna manera acogidas por el país, nos complace que hubiere ocurrido. Sería presuntuoso afirmar que lo decidido fue consecuencia de nuestra propuesta pero es lo cierto que la misma se hizo y que, por coincidencia, fue ejecutada, para bien de todos los que en Colombia habitamos.
La mayoría de nosotros hemos llegado a Colombia a coadyuvar en su desarrollo. En la medida que hagamos propuestas que a ello contribuyan estaremos cumpliendo con ese cometido.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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