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Líderes de los principales partidos apuntaron a los venezolanos en campaña. El país carece de un plan a largo plazo para esta población.
La xenofobia entre los líderes políticos del Perú es un asunto que no distingue colores ni ideologías. Después de seis meses de campaña, entre las elecciones a Congreso y las dos vueltas presidenciales, las figuras más visibles de los partidos exhibieron un discurso que apuntó al ciudadano extranjero como un riesgo para la seguridad, buscando exacerbar el nacionalismo y cultivar votos a costa de la discriminación.
La carente apuesta por un discurso inclusivo fue protagonista. Pedro Castillo, de Perú Libre, habló de expulsar, en cuestión de 72 horas, a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos. “Abrieron las fronteras del país a diestra y siniestra, ha venido gente de otros lugares a hacer lo que quieren (…) Perú está primero y al peruano se le respeta”, dijo en el último debate presidencial.
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, propuso convocar a las Fuerzas Armadas y a los Comités de Autodefensa – que fueron creados por comunidades campesinas en el conflicto contra el terrorismo de Sendero Luminoso – a luchar contra los “delincuentes” extranjeros. Entre promesas de seguridad y “mano dura”, ningún candidato trazó un plan para gestionar la migración en el territorio.
La carente apuesta por la integración no fue solo un factor de la campaña. “Los esfuerzos para acoger a las personas venezolanas han sido insuficientes e inconstantes. Hubo un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que eliminaron y ahora hay figuras temporales que no funcionan muy bien a la hora de proveer derechos”, afirma Víctor Molina, coordinador de movilización de Amnistía Internacional Perú.
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Bajo la presidencia de Martín Vizcarra, la Policía Nacional creó una brigada especial para delitos de extranjeros y se fomentaron las expulsiones de migrantes que ingresaron al país de manera “clandestina” y que generaron “desorden social”, términos que usó esa administración para justificar los operativos de vigilancia de irregulares en la frontera.
Garantizar los derechos, un pendiente
Tener un PTP no es una garantía de acceso a derechos para los venezolanos en Perú. Tramitar ese documento cuesta alrededor de 40 soles y, una vez expedido, solo tiene vigencia por un año. Cuando se cumple ese lapso, el migrante, nuevamente, queda en condición irregular y a la espera de que el Gobierno habilite un nuevo periodo de regularización.
“La integración ha sido heterogénea: en educación ha marchado mejor, en salud sigue siendo un proceso lento y en términos de empleo es un problema estructural relacionado con la condición de una sociedad muy desigual”, detalla Tania Vásquez, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos.
De un millón de venezolanos que residen en Perú, 4.285 han recibido la vacuna contra la Covid-19, de acuerdo con un balance que presentó el Ministerio de Salud en mayo. Incluso, previo a la emergencia sanitaria de la pandemia, para acceder a salud se necesitaba tener un carné de extranjería, según relató Vásquez, documento al que no ha se ha suscrito toda la población.
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Solo 465.858 venezolanos están en condición regular, de acuerdo con la plataforma R4V de Acnur. La irregularidad es la puerta al desempleo y al empleo informal, especialmente en el sector de servicios; la falta de un ingreso digno empuja a los migrantes a la pobreza y amenaza su proceso de integración, una tarea que es determinante para el desarrollo del Perú, que se convirtió en el segundo destino del segundo fenómeno de migración internacional más grande del mundo.
¿Qué pasará con la migración?
Perú eligió presidente este domingo seis de junio y el ganador deberá gestionar la migración.
“Si hay un elemento que no ha diferenciado a los políticos en campaña es ver la migración, y especialmente la venezolana, como un problema a tratar. Todos y todas han cuestionado la política migratoria del país, usaron la percepción negativa de la migración para dar un sentimiento de regreso de la autoridad y buscaron exacerbar el nacionalismo”, detalla Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Las agendas políticas populistas amenazan la integración de los ciudadanos extranjeros, la necesidad de migrar persiste y los desplazamientos internacionales se hacen más frecuentes con la reapertura de fronteras y la posible reactivación de las rutas por Latinoamérica: salir de Venezuela y atravesar Colombia y Ecuador para llegar a Perú.
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La migración es un derecho, una apremiante necesidad de los venezolanos para sobrevivir, pero en el contexto regional solo dos países, Colombia y Brasil, parecen apostar por la integración. Y, aunque los discursos xenófobos de Perú intenten desatender ese escenario, el próximo gobierno tiene la tarea de acoger a esta población.
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Si quiere saber más, escuche el podcast Esto no es una frontera, es un río.
*Juliana Gil Gutiérrez, investigadora adscrita al proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
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