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No existe un solo colombiano que no privilegie la vida y más aún, en estos momentos de crisis por el Covid – 19.
Sin embargo, es función de los gobiernos en el mundo, en días de pandemia, analizar el impacto que el coronavirus viene representando para cada uno de los diversos sectores y proponer medidas de alivio ante la compleja situación. Seguramente, ante la prioridad del sector salud, no siempre será posible atender otros sectores de la vida nacional; lo que verdaderamente molesta es que el gobierno expida decretos para el sector cultura que en nada o en muy poco alivianan la crisis, pues en su gran mayoría son un puñado de medidas demagógicas. Eso sí es no valorar a los artistas, a los productores y a los gestores. Lo que indigna es que se le presenten al país como las grandes medidas decisivas para salvar el panorama cultural de Colombia.
Cultura aporta según el Presidente de los colombianos “el 1.8 al PIB nacional y genera una cifra muy importante de empleos formales” (intervención en la Universidad de las Artes en Londres UAL).
En un gobierno, cuya supuesta línea estratégica es la de la economía naranja, las expectativas son muy significativas.
Desde su discurso de posesión, manifestaba el Presidente Duque estar comprometido con el impulso de la economía naranja para que “nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”. Se le anotan frases como “la economía naranja representa el presente y el futuro del país” (discurso UAL). Durante el lanzamiento de la revista de Economía Colombiana, el Presidente afirmaba: “las actividades relacionadas con la economía naranja equivalen al 3.4% del PIB, más que la minería y la agricultura”. En esa misma publicación, el Presidente expresó: “La economía naranja es muy importante para el país porque está lleno de festivales y carnavales que cada vez mueven más la economía nacional, como la Filbo que solamente el año pasado vendió 25.000 millones de pesos, o el Carnaval de Barranquilla que genera más de 30 millones de dólares al año; o el Festival Vallenato que ha convertido a Valledupar en la capital naranja del folclor y la cultura. Agregó que: “Otros carnavales como el de Riosucio, que históricamente ha movilizado a la región cafetera; la fiesta de Negros y Blancos en Nariño; la Semana Santa de Popayán o Mompox; los distintos festivales de música, Rock al Parque, Jazz al Parque y Stereo Picnic. Colombia se está convirtiendo en el epicentro donde quieren llegar las grandes productoras cinematográficas y de series…”
Y, en fin, son miles las intervenciones del Primer Mandatario en estos casi dos años de gobierno valorando la importancia del sector. Pero, en la realidad, ¿qué es lo nuevo? ¿Lo novedoso? Con sinceridad hay que decir que muy poco. Toda esa lista, que se queda corta, de grandes acontecimientos culturales, ya existían en el país con el mismo ímpetu que tienen ahora. Lo nuevo es el término: “economía naranja”. Que la verdad, ni suma ni resta. Tal vez la única medida concreta en las políticas de la economía naranja fue aprobar que las empresas que se creen en el sector no pagarán impuestos por los próximos siete años. Y decretar complejos culturales como zonas ADN o zonas naranja. Muy favorable para los nuevos empresarios y a esperar para entender cuáles son los beneficios de ser un ADN porque los decretos que las reglamentan aún no han sido expedidos. Ni tampoco aquellos que se referirán a la implementación de Colombia Crea que parecen muy prometedores.
Lo que plantea el recién expedido decreto 475 del 25 de marzo de 2020 tampoco es novedoso. Y mucho menos aliviana la crisis como lo ha expresado el gobierno al presentarle su contenido al país; analicemos lo que contempla:
1. Seguridad social para los gestores y creadores.
Se trata de unos recursos que se encontraban atrapados en Alcaldías y Gobernaciones, asunto que se solucionó y se viene implementando desde el año 2017. Para tal fin, se expidió el decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017. Esto quiere decir que con coronavirus o sin éste, el programa es de obligatorio cumplimiento para beneficio de los adultos mayores del sector. Los recursos provienen del 20% de la estampilla procultura en aquellos municipios y gobernaciones que la tengan y ni un solo peso aporta el gobierno nacional. Es una renta de destinación específica local ya existente. No se han aforado recursos nuevos para este fin.
2. Beneficios para los espectáculos públicos de las artes representativas.
Se trata de una modificación temporal a la ley 1143 de 2011. Esta ley contempla que la boletería cuyo precio se estime en un valor de tres (3) UVTS o más paga una contribución parafiscal del 10%, contribución que recauda el Ministerio de Cultura y se les gira a los municipios que la generan. Ahora, con base en el decreto de emergencia, esos recursos a través de convocatorias públicas “ágiles” se podrán destinar al sector de las artes escénicas, lo que es muy lógico. Estos recursos ascienden a casi 44 mil millones de pesos. El asunto es que más del 50% le corresponden a Bogotá; una ciudad como Cali generará alrededor de 2 mil millones de pesos por este concepto. La realidad es que, haciendo uso de las medidas excepcionales de emergencia, han podido distribuir con más lógica esos recursos los que, además, a todas luces son más que insuficientes.
3. Ampliar plazos de pago de parafiscales y de la cuota para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico.
Muy optimista el Ministerio con esta medida. Una disposición que si sirviera estimularía a las empresas del sector. En enero, febrero, y mediados de marzo, no están concentrados los grandes espectáculos de las artes representativas; sin embargo, para los eventos que se realizaron en esas fechas, evidentemente es un alivio poder pagar la contribución parafiscal un poco más tarde como lo prevé el decreto, en el mes de septiembre. Tal vez lo que se hubiera esperado era exonerar de ese pago a los productores permanentes o temporales por un período de tiempo. Sin embargo, incluir que la medida cobija a los espectáculos que se realicen en los meses de abril hasta agosto es no entender que, en dicho periodo, parte del problema es que no se realizarán eventos de las artes representativas y que el impacto para artistas, productores de espectáculos y salas de teatro es enorme.
El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico sufrirá enormemente con las salas de cine cerradas. Seguramente, la convocatoria lanzada en el FICCI en Cartagena no se podrá desarrollar. Esa convocatoria tiene una bolsa de 26 mil millones aproximadamente. En las actuales circunstancias no llegará a recaudar ni siquiera 10 mil. Y no se conoce una sola discusión o reflexión por parte de la cartera de cultura sobre un tema de impacto enorme para la industria cinematográfica del país; además, todos los proyectos que se financian con el Fondo de Filmación Colombia quedarán suspendidos quién sabe hasta cuando, lo que implica que los técnicos y artistas estarán desempleados pues en esa industria casi que la totalidad de empleos son “free lance” por proyecto. Seguramente, el equipo de Proimágenes sí debe estar analizando el impacto en cifras para el sector cinematográfico del coronavirus en Colombia, para no ahondar en asuntos como las convocatorias de Iberescena donde los mayores aportantes al fondo eran países como Italia y España cuyos aportes, con la devaluación y un dólar a más de 4 mil, se van a ver muy comprometidos.
4. Ampliación de fechas para los Programas Nacionales de Estímulos y Concertación.
Es una medida de aplicación inmediata, por fuerza mayor, dadas las circunstancias, que no requerían de un decreto de emergencia.
En este aspecto hubiera sido muy pertinente permitir o proponer otras formas de realizar estos proyectos priorizando temas virtuales y desarrollando la creatividad frente a los contenidos.
Ahora bien, otro tema que tal vez ha pasado desapercibido para las organizaciones y gestores culturales eslo contemplado por eldecreto 461 del 22 de marzo de 2020 donde se permite que las rentas específicas de creación legal no constitucional sean reorientadas por Alcaldes y Gobernadores. Su artículo primero reza así:
Artículo Primero: “Facultad de los Gobernadores y Alcaldes en materia de rentas de destinación específica. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020. En este sentido, para la reorientación de recursos en el marco de la emergencia sanitaria, no será necesaria la autorización de las Asambleas Departamentales o Concejos Municipales. Facúltese igualmente a los Gobernadores y Alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo.
Parágrafo 1. Estos recursos solo pueden reorientarse para atender los gastos en materias de su competencia, que sean necesarios para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020.
Parágrafo 2. Las facultades que se establecen en el presente artículo en ningún caso podrán extenderse a las rentas cuya destinación específica ha sido establecida por la Constitución Política.”
Así las cosas y durante la emergencia, los recursos provenientes de la estampilla procultura dado que son de creación legal, entre otros, serán de libre destinación lo que aún agrava más la crisis para el campo de la cultura. Estas decisiones seguramente ya están siendo tomadas por Alcaldes y Gobernadores lo que significa que los escasos recursos regionales destinados a la cultura pueden no estar disponibles. Esto hará aún más compleja la recuperación del sector en el corto y mediano plazo, pues no se contará con los mínimos necesarios en las regiones.
Y, por último, el mismo 25 de marzo de este año se expidió el decreto 474 que, en épocas diferentes a las actuales donde estamos sufriendo los rigores del coronavirus, seguramente hubiera sido un motivo de celebración y de gran regocijo nacional pues se trata de más y mejores inventivos para las producciones audiovisuales, estableciendo lo que resulta paradójico, incentivos tributarios en épocas de crisis, y creando el Certificado de Inversión Audiovisual.
Son tantos y tan importantes los asuntos que se quedan por fuera de las medidas tales como los museos, los centros de memoria, los procesos comunitarios, la lectura y las bibliotecas, que resulta verdaderamente preocupante que no se convoque a una reflexión nacional. Esta era una gran oportunidad para proponer una reactivación del sector, analizando incentivos al consumo cultural en los meses venideros, estímulos a los productores y empresarios, verdaderos créditos blandos con años de gracia que les permitan resistir y estímulos a la creación y a la circulación. No fue así, seguramente porque no son viables. En todo caso vale la pena discutirlos. Lo que resulta inadmisible es que se le comuniquen al país estos decretos como la gran panacea cuando no lo son.
* Mariana Garcés, exministra de cultura
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