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Es menester adoptar reformas “verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto del poder ejecutivo.
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Esta semana, se produjeron dos declaraciones. Una de ellas fue emitida por más de 40 países integrantes de la comunidad internacional, la otra por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen un elemento común, el poder judicial.
La primera fue producto de una Reunión de Coordinación de Alto Nivel sobre Venezuela y ella fue suscrita por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Portugal y Suecia, así como individualmente – como reiterando la posición de grupo – por España, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Quienes participaron en la reunión discutieron, entre otros temas, el relativo a la independencia del referido poder, resaltando en la declaración final la necesidad de un acuerdo “sobre un sistema de justicia independiente e imparcial” que actúe “como garante de las libertades políticas”.
Esa declaración del pasado 16 fue complementada al dia siguiente por la proferida por la citada comisión interamericana, en la cual ésta expresó su preocupación por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia adelantada por la Asamblea Nacional 2020, puesto que la misma tendía a profundizar la crisis institucional en vista que los comicios que originaron esa asamblea “no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas”.
En el mismo comunicado, el organismo internacional reconoció que es menester adoptar reformas “verdaderamente comprometidas con la consolidación de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto del poder ejecutivo y la reconstrucción de pesos y contrapesos”.
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La lectura de ambos comunicados muestra coincidencias en algunas cosas. Primero, la crisis venezolana sigue vigente en el interés de la comunidad democrática internacional. Segundo, a pesar de la gestión que despliega la administración Maduro en búsqueda de minimizar el impacto que han tenido en la misma los informes relativos a los derechos humanos, así como la desmejora en el goce de los mismos que ha significado el control del poder ejecutivo sobre el sistema de justicia, los esfuerzos no le están redituando. Tercero y no menos importante – por solo citar ese número pues obviamente hay otras -, el proyecto que adelanta la Asamblea Nacional de modificar el máximo tribunal del país, contando solo con quienes fungen como parlamentarios del 2020 para ello, no tendrá resultados positivos, ni para sus proponentes, ni mucho menos para el país, puesto que tal como lo sostiene el primero de los referidos comunicados, es menester que ello se haga por vía de acuerdos y en esa asamblea buena parte de los venezolanos no están representados.
Si existiere voluntad política verdadera para comenzar a corregir la situación nacional, lo atinente al poder judicial debería ser materia de interés general para todos los actores políticos y sociales, lo que conllevaría a que lo relativo a esa materia y la designación de los magistrados que conforme a la norma aprobada integrarán esa instancia, sea discutido y consensuado tanto por los actores que se atribuyen la representación 2020 – y son por ello reconocidos por una parte de la comunidad internacional – como los que les habrían precedido y son reconocidos por la otra parte de la misma. Si eso no ocurre, algunos corren el riesgo que procesos en marcha en instancias internacionales continúen su curso.
Es verdad incontrovertible que, en el mismo lapso de tiempo, las cosas pueden hacerse bien o mal, de manera que cada quien decidirá cómo lo hará. Lo que pareciere estar ocurriendo con el Tribunal Supremo de Justicia es un buen ejemplo de ello.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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