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“Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor,
Ignorante, sabio o chorro.
Pretencioso, estafador.
Todo es igual.
Nada es mejor.
Lo mismo un burro, que un gran profesor”
“Los inmorales nos han igualao”.
Tango Cambalache. Enrique Santos Discépolo. (compositor, músico y cineasta argentino. 1901-1951).
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La posible oposición fáctica entre Justicia y Seguridad nos lleva a unas reflexiones, cuando no sólo la percepción sino la realidad de la Inseguridad ciudadana escala importantes cifras de registro y no registro. Me refiero a la Justicia como aparato institucional y a la Seguridad como un estado de respeto y convivencia ciudadanas.
MI análisis no es tanto jurídico, no es mi campo disciplinar, sino más bien sociológico, dentro de una especie de sub-disciplina que es la de la Sociología Jurídica. Y mi propósito es aportar unas reflexiones sobre lo que está ocurriendo cuando el asunto de la seguridad ciudadana se vuelve muy adverso y el aparato judicial parece no responder adecuadamente a la magnitud del problema de inseguridad. Sin que asuma que la responsabilidad sea de tal aparato en exclusiva.
El Garantismo es una corriente o doctrina jurídica especialmente sobre lo penal que postula los derechos del procesado por encima de cualquier otro derecho y la minimización de las penas y en general en el cumplimiento de derechos, para poner límites muy precisos al poder punitivo (o sea de castigo) del Estado, a través de garantías sustantivas y procesales que beneficien al procesado y en general al ejercicio ciudadano. Se inscribe en una concepción más amplia de la Justicia que enfatiza su aspecto restaurativo más que el punitivo. Su mayor exponente ha sido el jurista italiano Luigi Ferrajoli (1940). El problema es que si bien el excesivo Garantismo absolutizado y descontextualizado lleva a la percepción de las víctimas que tienen más derechos los delincuentes que el resto de la sociedad ofendida. Si bien en un Estado social de Derecho como pretende ser el nuestro, deben existir garantías reales para todos los ciudadanos basadas en la Constitución y las leyes, éstas deben corresponder al contexto de aplicación, para que no se conviertan en una ventaja perversa de unos sobre otros.
El Garantismo puede llevar también a una especie de “facilismo” de los operadores judiciales que optan por la no-punitividad aduciendo consideraciones formales y produciendo la percepción de la nula eficacia de la Justicia y favoreciendo, aún sin quererlo a la impunidad. Es un terreno en el cual hay que caminar con cuidado para no caer en los extremos punitivos (tipo Bukele) pero tampoco en la ingenuidad angelical.
Estamos en nuestro país en un propósito de Reforma a la Justicia y se ha creado una Comisión de Alto nivel para elaborar una propuesta de reforma. No es nada fácil el punto medio, o sea que no se ubique en el extremo de la mano dura, ni de la mano blanda del paraíso delincuencial. La crisis de Seguridad Ciudadana y el evidente aumento de la actividad delincuencial que tiene alarmados a los ciudadanos, exacerbada tanto en las áreas urbanas como en las rurales, demanda medidas prontas y eficaces que, en primera instancia, corresponden a control policial, pero en la cadena, también al sistema judicial y al sistema correccional.
La policía se queja que cuando captura a un delincuente en flagrancia, los jueces “los sueltan” y siempre tienen, los delincuentes, abogados con tecnicismos para lograr que sus clientes salgan libres o con arresto domiciliario. Es preocupante como la reincidencia en conductas delictuales ocurra con tanta frecuencia.
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La vigilancia y el control policial, especialmente en las grandes urbes, pero también en las medianas, tiene hoy en día muchos instrumentos tecnológicos que permiten mayor eficacia en tal ejercicio. Es cuestión de saberlas aprovechar y que el volumen de información que se genere tenga la suficiente capacidad de análisis y la correspondiente actuación o respuesta a las situaciones anómalas detectadas. Aunque las cámaras de vigilancia puedan en sí tener un efecto disuasorio, no se puede quedar ahí el compromiso gubernamental.
Otro elemento de este complejo problema de la Seguridad es poder contar con una ciudadanía activa y solidaria que intervenga en el cuidado de sus propias localidades y se constituya en un músculo eficaz. Es muy difícil, si no hay una relación adecuada con la comunidad de manera organizada, que se genere confianza mutua.
La policía no puede actuar simplemente como un “ejército de ocupación”, sino que construya una relación de confianza hacia sí y hacia los demás para en el propósito común, ambas partes: policía y comunidad sean las autoras de su propia convivencia con base en el ejercicio de las garantías constitucionales y legales.
Volviendo al tema del Garantismo, la pregunta es: ¿cómo siendo garantista el sistema y en el accionar de sus respectivos operadores, garantista tanto en sustancia como en procedimientos, se logre una justicia eficaz? Las reacciones más frecuentes frente al escalamiento de la inseguridad se expresan en la rabia de la impotencia frente al crimen y la delincuencia, son la “mano dura”, la “justicia por la propia mano”, “los escuadrones de la muerte” y otras formas reactivas que ponen en entredicho los derechos humanos y que muchas terminan siendo poco eficaces o más costoso el remedio que la enfermedad.
Esa difícil cuadratura del círculo que es lograr un equilibrio entre garantías y eficacia de la Justicia es lo que se impone resolver por estos días de tormenta delincuencial. Desde luego que el tema del delito no lo ubicamos exclusivamente en el terreno punitivo, implica variables socioeconómicas, no para excusarlo, sino para comprenderlo y atacarlo más profundamente. Esto significa que deben intervenir no sólo los operadores policiales y de Justicia, si no otras instituciones del Estado para resolver problemas de desigualdad, pobreza, miseria y exclusión.
No soy pesimista frente a lo que proponga la Gran Comisión de Reforma a la Justicia. No sé si se trata solamente de iniciativas legislativas o el asunto vaya más allá de ello, por ejemplo, en el diseño y ejecución de políticas públicas. No pensar que la sola existencia o expedición de normas arreglan los problemas, es parte de la solución, pero no la solución.
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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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