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Ésta la continuación del relato Guáimaro: de noche los muertos lloran en el río de Norma Vera.
El retorno a Guáimaro no ha sido fácil. La lucha por la tenencia de la tierra ha sido un conflicto constante en la historia reciente de sus habitantes, quienes desde los años ochenta habían llegado a los playones de Laura y Castro a cultivar la tierra, tejer sus relaciones y constituir sus familias.
Con la incursión paramilitar en Guáimaro, sus habitantes comenzaron a vivir una pesadilla que les costó la vida a personas inocentes, señaladas como “auxiliadores de los grupos guerrilleros”, sufriendo diferentes formas de violencia y tortura. Esta escalada de terror acabó con familias enteras. “Cada mes pasaba algo” – recuerdan los guaimareros – quienes, después de padecer todo tipo de vejámenes, fueron obligados por los paramilitares a abandonar sus tierras en mayo del 2000:
“El día 18 de mayo del 2000, pusieron unos grafitis donde daban 48 horas para que desocupáramos, pero no era todo el pueblo sino los invasores de los terrenos de Laura y Castro […] Mandaron un panfleto, que los hombres se fueran y todos se fueron porque en el estado de nervios nada se ve y todo se da por cierto” (Testimonio de una de las víctimas del conflicto armado en Guáimaro)
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En Colombia, el discurso contrainsurgente del paramilitarismo terminó por transformarse, en una estrategia para favorecer a los terratenientes y políticos poderosos, cuyas ansias por acumular tierra figuró como la excusa perfecta para la conformación y consolidación de estructuras armadas, que, en el caso del departamento del Magdalena, devino en un proyecto “exitoso” auspiciado por ganaderos y comerciantes para controlar las rutas del narcotráfico, despojar a los campesinos y apropiarse ilegalmente de las tierras.
Con la desmovilización del Bloque Norte de las AUC y la Ley de Justicia y Paz, el retorno, que se había realizado de manera paulatina a Guáimaro, se volvió masivo en 2006. Sin embargo, las víctimas se encontraron con que su lucha por recuperar la vida arrebatada por la guerra aún no terminaba y ahora debían enfrentarse a la incapacidad institucional para garantizar su reparación integral.
Un par de meses después de su retorno, fueron entregados por el INCODER los predios de “Villa Denis”, un bien expropiado a alias “El Caracol”, exjefe del Cartel de la Costa condenado en 2003. Esta tierra cuales debía ser adjudicada a las víctimas del conflicto en Guáimaro, pero, mediante procesos aparentemente legales, terminó asignada a personas que no hacían parte del campesinado que había sido despojado y, por el contrario y bajo muchas irregularidades, pasaron a manos de familiares de terratenientes amigos de la administración municipal.
En consecuencia, la comunidad recurrió sin éxito a las instituciones del Estado, exigiendo investigación y revocatoria del proceso de adjudicación, con el fin iniciar la recuperación de sus tierras, las cuales por ley debían tener un uso social, pero estaban siendo utilizadas para aguardar el ganado de los poderosos de la región.
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La comunidad, en un ejercicio de resignificación de las experiencias traumáticas en el marco del conflicto, encontró en la movilización social y las organizaciones de base una posibilidad para responder y resistir ante el desconocimiento de las instituciones y la desidia estatal para garantizar sus derechos y dignidad. En 2009, fueron ellos quienes “corrieron los corrales”, sacaron el ganado y se apropiaron de las tierras, que consideran son suyas por derecho y que nuevamente les habían sido arrebatadas. Volvieron a cultivar y se enfrentaron al menos a tres desalojos autorizados por la alcaldía de Salamina.
Con la conformación de la Asociación de Campesinos y Campesinas de Guáimaro, se dio inicio a un proceso organizativo para mantenerse en los predios en su lucha por el reconocimiento legal de la que han llamado la “Tierra Prometida”. Por su parte, con la constitución de la “Asociación Nacional de Desplazados de Guáimaro Magdalena”, han gestionado la inscripción de las familias que fueron desplazadas y garantizado la llegada de ayudas del Estado a personas que realmente son víctimas del conflicto. La Asociación de Mujeres Campesinas Echadas Pa’ lante surgió como una iniciativa para reivindicar el rol de la mujer en la lucha por la tierra y en la consolidación de su proyecto colectivo.
De esta manera, el territorio, conformado no solo por las extensiones de tierra, sino construido a partir de la fuerza de trabajo de los campesinos y campesinas, constituye más que un bien material y se convierte en una construcción colectiva que reivindica y empodera a una comunidad que lucha por restablecer sus redes de apoyo y el tejido social roto por la violencia.
Sin embargo y pese a las batallas ganadas gracias al apoyo de otras organizaciones, la gestión de algunas ayudas estatales y las investigaciones adelantadas por las instituciones para la titulación de sus tierras, los guaimareros siguen en la soledad y el abandono estatal, acumulando desilusiones y atropellos. Después de más de 20 años de la masacre que desapareció violentamente a siete campesinos y el desplazamiento forzado de todo un pueblo, ancianos están muriendo sin ser reparados, viviendo como en “El coronel no tiene quien le escriba” con la esperanza de adquirir al menos un techo digno, donde pasar seguros y con dignidad, el ocaso de sus días.
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“Desde un escritorio de una persona que no lo ha vivido, esto es letra muerta […] porque es que lo que a nosotros nos pasó parece que no tuviera doliente […] hoy, 20 años más tarde, ni siquiera estas 450 familias han tenido derecho a que los indemnicen porque siempre nos han dicho: ‘es que en Justicia y Paz todavía tienen una partecita, que no se sabe si las personas estas son las que hicieron el acto o no lo hicieron” Antes de ayer se murió un anciano de 90 años en la indigencia, no alcanzó a una indemnización, siquiera para tener una casa digna. Aquí hay un señor de 95 años y todavía no le han priorizado.”
Aunque en las salas de Justicia y Paz, los paramilitares declararon la participación de exfuncionarios y exalcaldes en el despojo en Guáimaro, las magistradas de la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en 2017 desestimaron la solicitud sobre las 175 hectáreas que quedaron por fuera de los terrenos baldíos de los playones de Laura y Castro, que fueron reconocidos como propiedad privada, pero que, antes de los hechos victimizantes, habían sido cultivados colectivamente por los campesinos. Así dejaron en manos de particulares los terrenos que le pertenecían a la nación.
En el caso del conflicto armado en el país, la tierra tiene más que una connotación económica: reconocer y devolver a las víctimas los terrenos de los cuales fueron despojados es una forma también de reparación simbólica, de resignificación de sus historias y la dignificación de sus vidas, para siempre marcadas por el conflicto armado y movilizadas por la memoria.
Una memoria que demanda una verdadera reparación para quienes han sufrido en cuerpo y alma la incursión de la guerra, que la justicia no sólo se aplique para autores materiales de los hechos victimizantes sino también a quienes incidieron como autores intelectuales de los mismos y que hoy gozan de la más vergonzosa impunidad, paseándose libremente por el territorio y además fungiendo como dueños de una tierra obtenida de manera ilegal, producto de las prebendas y canonjías propias de sus relaciones con el poder. Que se le devuelva la dignidad a un pueblo que llora aún a sus muertos y continúa en pie a pesar de la desidia de quienes deberían garantizar verdaderos procesos de justicia para la paz.
*Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, investigadora, activista de género. @NormaVeraSa
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