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“Yo no estaba presente cuando sucedió el hecho, pero me lo contó una persona fidedigna. Pues bien, en 1996 Romano Prodi acababa de ganar las elecciones y por primera vez subía la Izquierda al Poder (en Italia). Gran fiesta, creo, en la romana Piazza del Popolo, muchedumbre delirante. Mientras Massimo D’Alema (entonces secretario general de los Demócratas de Izquierda) se dirigía hacia la tribuna, una mujer lo tomó por el brazo gritando: “Compañero Massimo, ¡ahora sí que haremos una oposición fuerte!”. (Umberto Eco, escritor y filósofo italiano. 1932-2016).
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La situación vivida hace algunos días por la Fuerza Pública y población en la región del Caguán, amerita un análisis más profundo, más allá de lo puramente reactivo que se ha manifestado desde posiciones polarizantes. No es mi propósito analizar tal coyuntura, sino trazar algunos elementos que permitan impulsar un debate de fondo sobre el rol de las fuerzas armadas y de policía en un contexto democrático.
La posición del Gobierno no ha sido clara respecto del papel que debe jugar las instituciones armadas, que, al decir de unos de los clásicos de la Sociología, Max Weber, tienen el monopolio legítimo de la violencia, en representación del Estado (y no el monopolio de la violencia legítima, como falsamente se le atribuyó a este autor). Con esto reafirmo la convicción de que no hay violencia legítima (tal vez la que se ejerce en defensa propia). Monopolio legítimo significa ejercicio regulado proveniente de un Estado de Derecho, con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De lo contrario toda violencia que proviniera del Estado se consideraría legítima
Se lee en el programa presidencial de Gustavo Petro: “La reforma progresiva de las FFAA debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman. La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional”. Pues, esa” nueva política de defensa nacional”, no está clara y de alguna manera ha conducido a querer un nuevo enfoque, que se debate aún o no se ha elaborado o no se conoce y por los graves problemas de orden público subsistentes existe una sensación de inoperancia real o mediática, que parece haber llevado al episodio reciente del Caguán. Esa construcción de esa nueva política de seguridad debe ser producto de un gran consenso entre todos los actores involucrados, por ser un tema esencial de la vida colombiana. Desde luego involucra a las propias Fuerzas Armadas, que, aunque constitucionalmente no son deliberantes (en cuanto a ejercicio político) si tienen mucho que decir, en un proceso de construcción de esa política y desde luego la sociedad civil.
La izquierda colombiana y en general, ha sido reacia a tratar los asuntos militares y policiales desde una habitual posición opositora, algo así como “contraparte”, han colocado a esta institución como “brazo armado” de las élites dominantes. Desde luego esa situación se ha dado, pero también cada sociedad nacional debe reflexionar sobre que ese papel no es consubstancial a la institución armada y aún si lo fuera, las nuevas realidades llaman a cambiarlo. Pero entendiendo el importante rol que juegan dentro de un sistema democrático y no como un instrumento de un gobierno contra una parte de sus ciudadanos. No se puede mantener una actitud “opositora” cuando se es gobierno, como se transluce del episodio narrado por Umberto Eco en el caso de Italia.
Hay sectores políticos colombianos que han pretendido ser los defensores de las Fuerzas Armadas, en diferentes episodios de la vida colombiana. Prácticamente han pretendido estos sectores colocar a la institución armada en su haber político. Y de alguna manera la izquierda y algunas fuerzas progresistas han jugado el papel contrario.
Es muy curioso que muchos de los regímenes de Izquierda han sido los más duros represores, para eliminar o controlar a sus disidentes. Ejemplos tenemos en América Latina. También que esas mismas fuerzas, desde otra orientación y en el pasado fueron los instrumentos de derrocamiento de gobiernos de izquierda o progresistas.
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En la perspectiva de la Paz Total, como política del actual Gobierno colombiano, es definitivo reflexionar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en ese proceso, sin los prejuicios habituales de quienes ejercieron la oposición política durante muchos años. No se trata de una instrumentalización de la institución armada con los propósitos contrarios a quienes si las emplearon para reprimir duramente la protesta popular y social. Esta reflexión debe ser para definiciones de un papel constructivo dentro de un propósito de paz y desarrollo.
Esta conversación o diálogo hay que instalarlo, podría ser iniciativa de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara (encargadas constitucionalmente del tema), para que participe tanto la sociedad civil, los partidos políticos y desde luego los voceros de las instituciones armadas y policiales.
El país tiene muchas falencias en términos de seguridad, desde sitios donde la delincuencia ejerce dominio territorial o domina actividades económicas, como en el ejercicio de soberanía, sobre sus fronteras o mares territoriales y aún en el espacio aéreo y espectro radioeléctrico.
En alguna época, concretamente en el Gobierno de Rojas Pinilla se utilizó la expresión del binomio Pueblo-Fuerzas Armadas, quizás en un nuevo contexto y en la redefinición progresista de esta relación se pueda hallar ese camino de búsqueda de reencuentro de la sociedad civil y sus fuerzas armadas, para objetivos comunes de Paz y desarrollo, sin instrumentalizaciones de pequeña política partidista interesada en réditos protectores o privilegios.
No me considero un experto en términos de seguridad pública o ciudadana, sólo pretendo la reflexión de un ciudadano preocupado por la agenda nacional, intentando interpretar lo que este ciudadano podría sugerir. Por eso no ahondo en temas específicos que corresponden tratarlos a expertos en la materia, ya que esto demanda conocimiento específico, al cual solo tangencialmente me he ocupado, desde tareas de formación en derechos humanos.
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*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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