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Su padre dejó de creer; él quiere seguir creyendo. Pero la negligencia de la Unidad de Restitución de Tierras lo pone a prueba. Escribe Juan Pablo Sarmiento, analista del conflicto armado.
NUNCA HEMOS SIDO PATRIA
Recuerdo aquellas tardes cuando, luego de que mi padre llegaba de trabajar, se bañaba y, sentado fuera de la casa mirando la noche llegar, me contaba sus historias relacionadas con el país que lo vio crecer y cómo, defendiendo sus banderas, acrecentaba su amor por el color azul del Partido Conservador.
Cuando se acercaban las elecciones de dirigentes, le preocupaba la compra de votos, le preocupaba la corrupción, pero aun así pensaba que el Partido tendría la salida que todos estábamos esperando. Él, un hombre de palabra, cumplido en horarios, nada parecido a mí, que amaba su Partido Conservador, no perdía reunión en la Casa Conservadora del centro de Bucaramanga. Creía fielmente en su partido.
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Yo crecí con sus historias llenas de amor y esperanza, tanto que en mi cabeza solo podía crear historias relacionadas con defender los colores de mi bandera y el imponente azul del Partido Conservador, pues mi padre me había enseñado amar esos colores.
El 2 de noviembre de 1995, entendí, al igual que mi padre, que ese país llamado Colombia, el país que él amaba y respetaba, al que sirvió en el ejército nacional, es solo una idea muy bien contada por aquellos que les gusta hacer la guerra.
Ese 2 de noviembre, como todas las noches, nos sentamos fuera de la casa, y entre lágrimas, me explicó lo que significaba el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Desde ese día, dejó de ser conservador. Ese país que, por esos días estaba polarizado tanto como hoy y que yo empezaba a entender, me llevó a conocer la lucha que mi madre había dado en los años 60s, cuando perteneció a los movimientos campesinos liberales de aquel entonces, que contrapunteaban con los conservadores del momento. Una foto me hizo investigar por aquellas tardes de lucha y reconocer que en mi casa existían dos ideologías políticas distintas que convivían.
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Mi madre, una mujer luchadora, trabajadora, que, a los 50 años, cumplió su sueño de ser maestra, me mostró como la lucha, la persistencia y la insistencia pueden hacer pensar que existe otra Colombia, una Colombia distinta.
Hoy con años trajinando por esta vida, con elementos teóricos, empíricos y prácticos y siendo testigo directo de las barbaries del conflicto armado, sigo creyendo en el país que tanto mi padre, desde su ideología conservadora, y mi madre, desde su ideología liberal y lucha agraria, me presentaron y me dieron a conocer.
Creo en el proceso de paz y en el Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991 y en la Ley 1448 de 2011 – Ley de víctimas y de restitución de tierras -, que pretende reparar el dolor a los campesinos que padecieron la violencia. Creo en la democracia y en las elecciones libres, sin presiones. Espero que algún día la gente tenga conciencia ciudadana y vote por un plan de gobierno y no por la cara bonita de un candidato o los 50.000 pesos que le dan por su voto. Cuando se habla de la seguridad en la zona suroriental, de la presencia de actores armados ilegales y estructurados y de una estrategia militar gubernamental para recuperar el país, el Gobierno minimiza los efectos que estas estructuras armadas pueden traer. Elabora una estrategia de seguridad para combatirlos como simples delincuentes comunes.
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Esta estrategia de contención y seguridad liderada por el gobierno Duque es la que tiene entregando a la fuerza pública partes de seguridad no muy confiables, colocando en riesgo la vida de inocentes y de personas que, al igual que yo, creen a las estructuras gubernamentales.
Un ejemplo concreto es la masacre de la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – ocurrida recientemente entre Mesetas y Uribe en el Meta. Fuentes confiables de la URT aseguran y denuncian la presión a la que se enfrentan para cumplir con las metas en el marco del proceso de restitución y productos pactados en sus contratos (Órdenes de Prestación de Servicios – OPS -). Esto, sumado a información no confiable de terreno aportada por las Fuerzas Militares – FFMM – y a una desarticulación institucional entre URT, FFMM y entes territoriales, conlleva apresuradamente a plantear misiones sin los mínimos de seguridad requeridos para garantizar el éxito y evitar poner en riesgo la vida de solicitantes, funcionarios “colaboradores de la URT” y conductores.
Estas mismas fuentes afirman que los protocolos de seguridad fallaron en todos los aspectos por negligencia, inoperancia, desidia institucional o porque sencillamente a este gobierno no le interesa el proceso de reparación integral a las víctimas y, particularmente, el de restitución de tierras que tantos cayos ha tocado. La anterior afirmación se sustenta en lo siguiente:
Los recursos para operar los Sistemas de Posicionamiento Global – GPS -, que permiten ubicar a los colaboradores de la URT en campo, tanto de manera real como por mecanismo de emergencia por su botón de pánico y que son de uso obligatorio hace un poco más de un año, no han sido contratados.
No existió ningún tipo de monitoreo, como lo ha afirmado el director de esta entidad. En el territorio, las autoridades de orden local – alcaldía, personería y especialmente la policía, que es que realmente realiza el monitoreo, no tenían conocimiento de que la comisión se encontraba en la zona.
Lo más importante es que esta actividad de comunicación debería hacerse con acompañamiento de fuerza pública de manera presencial y permanente, ya fuera por el ejército o la policía, por la reconocida presencia de actores armados en la zona, como se hacía hasta el cambio de administración. Esta omisión en protocolos es de responsabilidad exclusiva de las directivas de la URT.
Las omisiones y violaciones a los protocolos de seguridad generaron el resultado de las desapariciones el 27 de mayo de una funcionaria de la URT, un conductor externo a la entidad y dos reclamantes de tierras en la zona de Mesetas y que luego se confirmara el 9 de julio que los cuatro cuerpos encontrados en una fosa común correspondían a Karen Garay, funcionaria, John Cagua, conductor y las hermanas Yadmil y Sandra Cortés Uribe, solicitantes.
Como es conocido públicamente, por diferentes medios de comunicación, las reclamantes de tierras estaban siendo amenazadas por el predio que estaban esperando se les restituyera, contaban con medidas de protección de la UNP cuya insuficiencia sin componentes diferenciales y sin análisis de riesgo responsables que garanticen la seguridad de los reclamantes de tierras, queda demostrada.
Hoy cuatro familias lloran sus seres queridos, mientras el director de la URT menciona en medios que tanto el ejército y la policía conocían el procedimiento de verificación del predio que se realizaba en Mesetas y que estaban monitoreando la situación de manera remota, pues de acuerdo a los partes de seguridad entregados por fuerza pública y los criterios de priorización para la microfocalización en este lugar no existían grupos armados ilegales que generarán un riesgo para el proceso de restitución.
Afirmación falsa. Es conocido por habitantes de la región y organizaciones que monitorean la zona que ésta es un corredor estratégico, de movilidad y centro de operaciones de la estructura primera de las disidencias de las FARC, al mando de alias “Gentil Duarte” y de un grupo que llegó a la zona el año anterior, al mando de alias “Romaña”, conocido como la Segunda Marquetalia.
Es importante señalar que: “Según datos de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a los casos por Desplazamiento Forzado, se tienen 14 noticias criminales para Mesetas y 28 para Uribe durante el lapso comprendido entre noviembre de 2017 a abril de 2020; un total de 42 casos denunciados, advirtiendo un subregistro toda vez que muchas personas omiten denunciar por temor a las consecuencias adversas contra su integridad personal. De los 42 casos se tienen 33 Activos, 9 Inactivos, 41 en Indagación y 1 en Juicio. Según monitoreo del SAT, la mayoría de casos de desplazamiento forzado surgen como consecuencia de afectaciones a los Derechos sobre la Tierra”(AT-026-2020)
La confirmación hecha por el Gobierno el 9 de julio de la masacre de la comisión de la Unidad de Restitución me hizo pensar en las historias que mi papá me narraba y la lucha por la tierra que mi madre dio. Hoy, con indignación por la incompetencia del gobierno Duque, recuerdo aquel 2 de noviembre cuando mi padre dejó de creer. Espero no dejar de creer, pero sí exijo al Gobierno nacional una investigación seria, transparente y responsable frente a los hechos que enlutaron las familias de Karen Garay, John Cagua, y las hermanas Yadmil y Sandra Cortés Uribe para que estas familias encuentren sosiego y tranquilidad al escuchar la verdad que trajo silencio a sus vidas.
*Juan Pablo Sarmiento Sánchez, sicólogo, analista del conflicto armado, conocedor del sur del país. @juanpab45656107
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