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Colombia debe tener la certeza que la gran mayoría de los venezolanos que aquí hemos llegado queremos contribuir con su crecimiento pues, en la medida que a ella le vaya bien, igual ocurrirá con nosotros.
Una de las preocupaciones de las organizaciones venezolanas que en Colombia contribuyen – la mayoría de las veces sin cobro alguno – con la atención de los migrantes es la relativa al destino de los recursos internacionales que con ocasión de nuestra presencia la comunidad internacional ha enviado a Colombia.
Según una reciente entrevista realizada al director de la Unidad Administrativa Migración Colombia, al año 2019 los mismos alcanzaban a 384 millones de dólares, cifra esta que, como ya lo hemos señalado en oportunidades anteriores, es muy inferior a la que los distintos países del mundo – y donantes de otra naturaleza – han remitido para atender la situación de Siria.
Independientemente del destino que han recibido los recursos es cierto que, en estas páginas hemos propuesto formas de canalizar parte de ellos y objetos posibles que permitan facilitar la integración del migrante al país, con las implicaciones que eso conlleva. Las cifras que pudieren destinarse a los proyectos que hemos esbozado, en la mayoría de los casos, no se destinarían a fondo perdido y serían reutilizables, utilizando como mecanismo de control de su eficiencia a la banca nacional colombiana.
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Es así como propusimos un Fondo de Inicio de Vida Crediticia – FIVC – el cual, como su nombre lo dice, permitiría que a través de microcréditos por una sola vez el migrante venezolano se incorpore a dichas entidades financieras del país, facilitándole con ello a quien esa condición y nacionalidad tiene su integración a la vida productiva nacional.
Propusimos igualmente el Fondo de Garantías de Arriendo de Viviendas – FGAV – el cual tendría por objeto garantizarle al arrendador de inmuebles en los estratos 1 y 2 del país el eventual incumplimiento de arrendatarios venezolanos quienes, a través de esa figura, no requerirían de codeudores adicionales. Ello se haría a través de la colocación en garantía del equivalente a cuatro o cinco meses de arriendo. Dicha suma permanecería inalterable en el fondo, solo que afectada al pago eventual correspondiente.
Igualmente hemos propuesto el Fondo de Emprendimiento Binacional – FEBN – mediante el cual un nacional colombiano y uno venezolano, con aptitudes para el emprendimiento, se asocian en igualdad de condiciones y contratan de manera paritaria personal de ambos países para formalizar su accionar en la economía nacional, impactando con ello positivamente al fisco y a las relaciones laborales. Este fondo se complementaría con el Fondo Binacional de Garantía de Arriendo de Locales y Oficinas – FBGALO – a través del cual esos mismos emprendedores pudieren respaldarle a sus arrendatarios en estratos 1 y 2 el pago de esos inmuebles que arrendaron, eximiéndoseles por tanto de la búsqueda de otros garantes, aplicándosele a este la misma condición que señalamos relativa al Fondo de Vivienda, es decir, el dinero solo se aparta contablemente en función de la garantía pero permanece produciendo intereses capitalizables.
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Adicionalmente a ello, en anterior oportunidad presentamos a consideración pública el Fondo de Retorno – FR – el cual es el único cuyos recursos serán gastados sin posibilidad de retorno e implica el pago por una sola vez del pasaje hacia la frontera con Venezuela de aquel connacional que no pudo adaptarse a las condiciones colombianas.
Ninguno de los fondos mencionados castiga el presupuesto colombiano pues los recursos con los cuales se alimentarían provendrían de fuentes de financiamiento internacionales; por el contrario, el destino de los mismos, en alguna medida contribuiría con la economía del país. Para ello en todo caso se requiere que la comunidad internacional de los mismos conozca y se interese en su implementación. Estas líneas, a veces reiterativas, tienen esa intención.
Colombia debe tener la certeza que la gran mayoría de los venezolanos que aquí hemos llegado queremos contribuir con su crecimiento pues, en la medida que a ella le vaya bien, igual ocurrirá con nosotros. Para que eso sea posible es menester, sin embargo, que quienes de alguna manera apoyan la actuación que el Estado colombiano está realizando para facilitar nuestra permanencia en su territorio evalúen opciones de apoyo al proceso migratorio distintas al pago de diagnósticos, estudios o atención humanitaria inicial.
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Nuestra obligación como venezolanos, causantes del impacto que estamos produciendo en Colombia, es presentarle al país propuestas que minimicen el mismo. Eso pretendemos hacer con las que hemos presentado y recordamos en líneas como éstas.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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