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Es posible que algún nacional colombiano se pregunte cuál es el motivo por el cual buena parte de los venezolanos que en Colombia se encuentran carece de pasaporte. Quizás estas líneas puedan darle alguna información al respecto.
Mientras en Colombia el salario mínimo -con bonos incluidos- puede alcanzar a más de trescientos dólares al mes, el salario mínimo en Venezuela, incluyendo el beneficio de cestaticket, asciende al día de hoy a seis dólares mensuales. Como es de suponer, con esa cantidad de dinero, en el país con la mayor inflación del mundo, no es posible vivir.
Ese venezolano que gana esa cantidad mensual, para acceder a un pasaporte –cuyo costo es de cerca de ciento treinta y cuatro dólares- debe trabajar -sin comer ni gastar un centavo- casi veintitrés meses. Solo así tendrá dicho instrumento de viaje.
Como es obvio deducir, si en el país no me pagan suficiente, si con ello no puedo comer ni mantener a mi familia, una persona decente adoptará la decisión racional de migrar sin papeles.
Esa migración, además, es silente.
En buena parte de las zonas populares de Venezuela, el partido del señor Maduro, a semejanza de Cuba, tiene comisarios. Estos verifican quién está y quién no y, si logran detectar que determinado vecino –por lo general empleado público o residente en una vivienda construida por el gobierno- migró, transmitirá la información a los directivos partidistas y, por consiguiente, se producirán las subsiguientes retaliaciones, entre ellas que no le llevarán a casa las bolsas de comida CLAP –que el beneficiario paga- con lo que la familia que allá permanece más limitada estará, mientras el familiar se instala afuera.
Mas no solo ese riesgo se corre. También es posible que el migrante pueda perder la vivienda que la familia ocupa pues el beneficiario de ella –que no propietario porque Chávez se negó a darles esa condición- puede ser instado a desalojar la misma puesto que solo es poseedor.
Todas esas circunstancias originan que buena parte de los venezolanos migren sin documentos y tan solo con su cedula de identidad. De esa manera no hay forma cierta que quienes ocupan Miraflores tengan la certeza de su lejanía del lar nativo.
Como concluirán mis lectores, eso que narro no es normal. En Venezuela hace tiempo que la normalidad dejó de existir. Esa es una de las cosas- quizás una de las más importantes- que estamos obligados a rescatar: la normalidad.
*Gonzalo Oliveros Navarro, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de AsoVenezuela, @barraplural
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