Los abogados que ocupan el despacho de magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela han designado en Caracas un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Ni oigo misas de quien no es sacerdote ni leo sentencia de quienes no son jueces. Sin embargo, lo cierto es que las decisiones de esas personas se les imponen a la generalidad de los venezolanos a quienes solo les queda discutirlas políticamente.

El Consejo Nacional Electoral es el árbitro de las controversias de esa naturaleza así como el Tribunal Supremo es el de todas las que al mismo les competa conocer.

Para ambas instituciones, la Constitución estableció las calidades personales que sus integrantes deben reunir y los límites de competencia de actuación. Nada de eso se está respetando en Venezuela al punto que uno llega a observar que quienes deciden – aun sin que la ley se los permita – se postulan y son elegidos para el organismo cuya composición procesan.

Hemos sostenido que la situación venezolana debemos resolverla nosotros. De hecho hemos abogado de manera pública y privada por ello. Como diría el Libertador, a la fecha, hemos arado en el mar.

Da la impresión que quienes ocupan el Palacio de Miraflores y los que desde los distintos organismos del Estado les acompañan en su gestión, no tienen genuino interés en que la situación se resuelva por actuaciones políticas. A todo le ponen una traba que dificulte avanzar.

No me atrevo a emitir juicio de valor respecto de las personas que, sin ser parte del partido de Gobierno -como sí lo son las tres señoras que se designó este viernes 12 – , aceptaron actuar como árbitros electorales. Sí observo – lo digo sin ningún rubor – que pudiendo haber avanzado en la solución de la crisis, no lo hicimos, no solo por tema de procedimiento, que es fundamental, sino por el de las damas designadas.

Nuestra crisis se inició cuando se desconoció la elección de los diputados indígenas en diciembre del 15. La señora designada por los abogados en Caracas como integrante y presidente del Consejo Nacional Electoral suscribió esa decisión y, a la fecha, casi cuatro años y medio después, no resolvió la causa impidiendo con ello el ejercicio constitucional que a la Asamblea Nacional correspondía. Esa persona fue designada ayer como “árbitro”.

Los venezolanos debemos prepararnos para situaciones políticas mucho más complicadas que las que hemos visto a la fecha y los países vecinos para más migración. Esa situación obliga a todos los interesados en resolver la crisis venezolana a afinar estrategias que lo permitan.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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