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Resulta sorprendente que, en un ambiente de pandemia, cuando algún personal se requiere para atender la misma, sugerencias aparentemente corporativas limiten la atención de los ciudadanos.
Según leo en las redes sociales, en marzo de este año, el señor Presidente Duque anunció que expediría un decreto que aceleraría la convalidación de títulos para los integrantes del sector salud, con el fin de que ellos aportaren sus conocimientos al país.
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En reacción a dicho anuncio, el gremio médico le envió una carta de preocupación por la flexibilización del mecanismo de convalidación, lo que generó que la representación nacional no hiciere efectivo el anuncio.
Resulta sorprendente que, en un ambiente de pandemia, cuando algún personal se requiere para atender la misma, sugerencias aparentemente corporativas limiten la atención de los ciudadanos.
Debo reiterar que Colombia está en su derecho de regular como estime pertinente el tema de la convalidación de títulos de cualquier naturaleza. Sin embargo, resulta interesante que el considerando contenido en el párrafo 14 de la Resolución 20797 del 9 de octubre del 2017, que regulaba el proceso de convalidación de títulos en Colombia, en el cual se citaba que este país era parte del Convenio Regional de la Unesco para la Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe de 1974 y “constituyó un hito mundial en la línea de asumir la equivalencia académica no como igualdad de contenidos, sino como reconocimiento de un valor formativo similar”, no se hubiere reproducido en la normativa vigente. También lo es que, pudiendo aplicar con carácter potestativo el sistema de apostilla – tal como lo ha reconocido en distintas oportunidades la cancillería del país – no lo esté haciendo.
Lo cierto es que el personal que Venezuela calificó como apto para ejercer la medicina, en Colombia no lo puede hacer por lo que pareciere trabas corporativas.
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Debe saberse en Colombia que en Venezuela el señor Chávez aprobó la figura de los médicos comunitarios, los cuales aparentemente no tienen la misma formación académica de quienes cursaron la carrera de medicina en el país y obtuvieron como título el de médico cirujano. Si ése es el problema, es perfectamente demostrable con los documentos que cada uno presentará, lo que pudiere facilitar la incorporación de estos al sistema mientras los otros hacen al Estado colombiano las demostraciones que éste crea conducentes, pero mientras todo eso ocurre, ciudadanos que pudieren verse beneficiados con atención de primer nivel – y la formación que reciben en Venezuela los médicos cirujanos así lo evidencia – no pueden beneficiarse de la misma.
Hemos propuesto en distintas oportunidades como alternativa a esa situación en la cual se encuentran los médicos cirujanos venezolanos que se les permita a ellos atender exclusivamente a migrantes venezolanos. Que la práctica profesional que respecto de estos los mismos realicen les sirva como mecanismo de demostración de las competencias que obtuvieron en el país, minimizando así – si es que el gremio profesional colombiano de la medicina así lo cree – el riesgo de los nacionales de esta tierra de Nariño y Caldas.
Sería una atención diferenciada convalidada por médicos colombianos que harían seguimiento al respectivo paciente. Una suerte de nuevas prácticas para estos, lo que es más beneficioso para ellos y para el Estado pues estaría validando competencias con experiencias. A eso adicionalmente agrego que, dado los avances telemáticos, con voluntad política se puede verificar en tiempo real, inmediatamente, si una persona que presenta documentación de médico cirujano, recibió en Venezuela en efecto el título en cuestión.
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Se me dirá que se estaría poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y a eso respondo que ello también ocurre cuando no hay oportuna atención por alguna circunstancia, de manera que la explicación no pareciere válida.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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