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En Venezuela, se encuentra de visita desde el domingo 31 de octubre el señor Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan.
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Ha llegado a un país en el cual hay presos políticos, desaparecidos y exiliados como probablemente nunca antes en su historia. Uno que, en los últimos cinco años, ha expulsado por razones económicas y humanitarias aproximadamente al 20% de su población. Ese país está institucionalmente desconfigurado como ningún otro de Latinoamérica y quizás del mundo y sus gobernantes enfrentan la posibilidad de que ante la instancia que el visitante actúa, se les abra un proceso judicial de inconmensurables consecuencias. En esa Venezuela se encuentra el señor Khan hoy.
Seguramente las personas de la institucionalidad con la cual el visitante se entrevistará le afirmarán que todo es color de rosa, lo cual ciertamente no es verdad. Si eso afirman, cometen un error pues dejan ellos a un tercero la posibilidad de que concluya contrariamente a sus deseos, pudiendo esa dirigencia adoptar las decisiones que correspondan para enervar la acción judicial internacional que pende sobre ellos. Solo a quienes ocupan posiciones de poder en Venezuela les es dado revertir la actual situación institucional venezolana. A más nadie.
Son ellos – el señor Maduro el primero – quienes pueden anticiparse a cualquier medida, decidiendo inclusive unilateralmente, revertir la situación del poder judicial, que es por cierto el elemento fundamental que conlleva la aplicación del principio de complementariedad por parte de la Corte Penal Internacional. La sola circunstancia del estatus actual del proceso en La Haya evidencia que respecto de nuestra judicatura existe una falencia y que, a juicio de la instancia que dirige el señor Khan, ella no es capaz de resolver en derecho las controversias y, por consiguiente, es el reflejo de la posición política de la dirigencia gobernante. A eso es a lo que se enfrenta el poder en Venezuela.
Los jueces y magistrados de un país no pueden ser actores políticos. Seguramente que sus simpatías tendrán, pero en las materias sometidas a sus conocimientos no pueden – y no deben – decidir como actores sino como lo que son, jueces y más nada.
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En la última convocatoria de la mesa mexicana, se informó que se trataría el tema de la reinstitucionalización del país. Retardar esas negociaciones es un error, salvo que en un gesto de amplitud y generosidad – que a veces ocurren – quien está en capacidad de resolver la situación decida adoptar una decisión que anticipe lo que ocurrirá y resuelva lo conducente, incorporando en una comisión del más alto nivel a personas que, con la mayor representatividad posible, puedan adelantar el proceso por lo que se refiere al poder judicial. Insisto en éste, no sólo porque es mi ámbito natural de actuación, sino por la circunstancia de que, en la medida que el mismo sea confiable para todos, facilitará el que los restantes, vía acuerdo político, puedan reconfigurarse, con la garantía de que quien resolvería las dudas lo hará aplicando derecho y no por simpatías políticas.
La necesaria reinstitucionalización del poder judicial implicará obviamente que el principio de complementariedad ya citado resulta inaplicable, lo que seguramente disgustará a quienes quieren que el mismo se aplique, pero no dudo que esa reorganización a quien beneficiará será a los ciudadanos en general, quienes podrán recobrar así la confianza perdida en el sistema de justicia. Creer que con decisiones maniqueas se podrá engañar a otros es un error y éstos, nadie lo dude, se pagan.
Si algo beneficiará al país es avanzar de manera perentoria en la reinstitucionalización del poder judicial. Quienes ello deben aprobar harían muy bien en ponerse manos a la obra.
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Ha dado comienzo al último bimestre del año. Con vista a la presencia del visitante caraqueño, en la actual circunstancia de la investigación que contra Venezuela existe – y que en todo caso implica la eventual investigación internacional de venezolanos – no es mal momento para empezar a hacer lo conducente respecto del poder judicial.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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