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Lo irónico es que los mismos que nos juzgan a nosotros de hacer estrategias elaboradas para desmeritar la fuerza pública representan las instituciones que han actuado de forma coordinada para prevenir las denuncias de las víctimas
Aunque ya desde hace medio año son públicas y de amplio conocimiento los atroces sucesos que tuvieron lugar el día 4 de Septiembre del 2020 en el CAI de San Mateo, Soacha, las acciones de las autoridades para ocultar o negar los sucesos son la real tragedia.
La primera acción fue una revictimización pública. No solo salió el entonces Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, junto con la comandancia de la policía a tratar de politiqueros y populistas a los concejales (ambos de Soacha y Bogotá) que se atrevieron a denunciar los hechos, incluso alcanzaron a decir que las denuncias hacían parte de una “campaña de desprestigio” contra la policía y trató de mentirosas a las víctimas. Sin embargo, esto ya es noticia de ayer: sabemos que la posición oficial del gobierno ante el abuso policial es y siempre ha sido la falacia de las “manzanas podridas” o incluso la teoría hermana a la del “enemigo interno” bajo la cual cualquier crítica a la fuerza pública es un intento coordinado para desmeritar sus acciones y satanizarlos. El mismo General Zapateiro, el militar de más alto rango en nuestro ejército en este momento, publicó un video en las redes sociales tildando de víboras a los “enemigos del ejército” que son comúnmente entendidos, gracias a las acciones de las Fuerzas Militares y sus aliados en la política, de ser la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las ONGs y los periodistas y activistas que investigamos casos de corrupción y abuso dentro de la fuerza. Esto ya es conocimiento general, y aunque sea grave y peligroso, no le llega a los talones a lo que ha sido la experiencia de las víctimas del Incendio del CAI de San Mateo que tratan de recuperar sus vidas y buscar la verdad.
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Para empezar, la asistencia psicológica para superar el trauma de perder un ser querido fue entre ineficiente y criminalmente negligente. Varios reportes de víctimas vinculadas al Colectivo Rosa Negra, el cual agrupa a las familias víctimas del incendio, coinciden en que la asistencia psicológica les dijo que “no lloraran tanto” y, de una forma u otra forma, las y los acusaba de ser melodramáticos. Estos sucesos fueron corroborados por varias víctimas presentes en un evento que organizó el colectivo a comienzos de este año en compañía del concejal Diego Cancino y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Es importante señalar que varias víctimas vieron la actitud del alcalde Juan Carlos Saldarriaga y su administración como confrontacional y poco colaborativa. Además, la coalición del Alcalde defendió a su administración ante el Presidente del Concejo (y aliado cercano de Saldarriaga) Carlos Ospina del Partido Liberal, criticando a Cancino y pidiendo que solo se enfoque en problemáticas de Bogotá, y así trató de ocultar los criminales del 4 de Septiembre. La atención psicológica, que fue arduamente criticada por las víctimas, fue brindada por la Alcaldía y claramente respondió a la misma estrategia para someter a las víctimas y los denunciantes a un rechazo social y así evitar que se vinculen con el Colectivo Rosa Negra o cualquier otro colectivo de víctimas. La alcaldía y sus amigos pretenden prevenir la presión pública que ya logró trasladar el caso a la justicia ordinaria al igual que la detención domiciliaria de la subteniente Aleida del Pilar Gonzáles y los patrulleros Jorge Eliécer Súarez y Gabriel Ruiz (lo cual para abuso policial es casi sin precedente).
Al mismo tiempo, la fiscalía tomó acciones que directamente impedían la participación de las víctimas en el proceso. Por ejemplo, en la audiencia de imputación de cargos se les comunicó el link para ingresar a la sala con tan solo cinco minutos de anticipación. Además, según Vivian Tibaque y Carolina Ordóñez, las voceras del Colectivo Rosa Negra que brindan apoyo jurídico, no se les ha comunicado la información sobre audiencias de imputación y otras partes clave del proceso. Esto es particularmente problemático porque el colectivo es el que tiene línea directa con los medios de comunicación y los concejales que han llevado a cabo estas denuncias. Si quienes han ejercido el control político no tienen acceso a la información completa sobre el proceso, es prácticamente imposible ejercer la presión que ya ha logrado grandes avances hacia esclarecer los hechos.
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Por último, se encuentran los casos de los sobrevivientes quienes están en este momento en grave estado de salud debido a las quemaduras. En el caso de Micheal Galindo, él se encontraba en Soacha bajo custodia de la policía. El abogado de la víctima tuvo que acudir a varias instancias legales, incluyendo derechos de petición y hasta la tutela, para que el joven atendiera a las citas médicas que la familia le programaba. Cuando fue trasladado a Girardot donde el INPEC tomó custodia, según el abogado, aunque al principio faltó a citas médicas, la situación prontamente cambió. Tristemente, éste no ha sido el caso de Nelson Tovar, otro sobreviviente del incendio aún en custodia de la policía. Su madre se comunicó con el Colectivo Rosa Negra denunciando prácticamente lo mismo que denunció la familia de Micheal cuando este se contaba bajo el poder de la policía. No lo llevan a citas médicas vitales para su tratamiento poniendo en riesgo su progreso. Todo esto es particularmente grave viendo que ambos heridos son testigos claves, no solo de los sucesos del incendio, pero, además, son parte del grupo de jóvenes que denunciaron maltratos y situaciones inconstitucionales previo al incendio. Por ello, si llegaran a morir o se volvieran incapaces de dar testimonio, se vería un retroceso claro en el proceso judicial adelantan las víctimas al perder testigos clave.
Lo irónico es que los mismos que nos juzgan a nosotros de hacer estrategias elaboradas para desmeritar la fuerza pública representan las instituciones que han actuado de forma coordinada para prevenir las denuncias de las víctimas. Existe una clara coincidencia entre la Alcaldía de Soacha, la Policía Nacional y la Fiscalía cuyo único resultado hasta el momento ha sido acallar las voces de las víctimas. Aunque no haya evidencia de que estas acciones sean coordinadas, hay una clara retórica del “enemigo interno” que crea un vínculo entre todas estas denuncias. La idea de que denunciar a la Fuerza Pública es colaborar con el crimen o con las FARC ha sido el común denominador de las peores atrocidades en la historia del conflicto armado en Colombia. Sea por el motivo que sea, hay un hecho innegable que la institucionalidad está claramente tratando de tapar: el incendio del CAI de San Mateo. No se puede ignorar la realidad de las víctimas que cada día cargan con la pérdida de un ser querido y el trauma y el estigma que le sigue a todos relacionados con la situación. Es por ellos y ellas que se tienen que tomar medidas. El negacionismo no logra nada; intentar vivir en la mentira de una policía perfecta solo nos aleja de una policía que sea realmente para todos.
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*Sergio Villarreal, estudiante del Colegio Anglo Colombiano, miembro de Defendamos la Paz Jóvenes y parte del comité organizador de la marcha por la vida del 26 de Julio, @sergiolideres
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