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La ley que reivindicó los derechos de los francófonos en Quebec terminó siendo una vendetta cultural contra las comunidades anglófonas de la provincia.
Hace algunos días, un reconocido profesor en Canadá manifestó en sus redes sociales que Quebec era una Alabama del norte, donde gobernaba una élite blanca supremacista. Este comentario, como esperábamos muchos en Quebec, causó un gran malestar en los sectores soberanistas y franconacionalistas de la provincia, como el Bloque Quebequense y el Partido Quebequense. Frente a esta intrépida aclaración, varios partidos políticos, desde el Partido Liberal hasta el Nuevo Partido Demócrata, cerraron de tajo en la Cámara de los Comunes cualquier iniciativa de debate sobre el racismo institucional en Quebec. Esto se ha vuelto costumbre en Canadá, puesto que el partido de gobierno — sea el Partido Liberal o el Partido Conservador — prefieren ignorar la realidad de las minorías en Quebec que perder los votos de los franconacionalistas, quienes representan un gran número de votantes en las elecciones provinciales de Quebec y en las federales.
Según una investigación de Víctor Armony, profesor de sociología de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), la provincia canadiense de Quebec se ha convertido, al menos en los últimos veinte años, en uno de los receptores más importantes de inmigración latinoamericana. La creación de programas de inmigración que benefician a jóvenes profesionales y la implementación de la “categoría económica” le han brindado a un incontable número de latinoamericanos la oportunidad de escapar de la angustiante realidad de sus países de origen y de emigrar a este país norteamericano en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, aunque parezca mentira, considerando la imagen favorable que tenemos los latinoamericanos de Canadá y de su multiculturalismo, el nacionalismo francoquebequense ha venido adelantando desde la década de los setenta una agenda unicultural que viola varios principios de la democracia liberal.
Desde la rebelión de 1837, los francófonos en todo Canadá, no solamente en Quebec, han estado subordinados a estructuras políticas y de gobierno donde el inglés ha sido claramente predominante. El Acta de la Unión de 1840 y la creación de la Confederación en 1867 causaron un gran malestar general en la población francófona de Canadá, especialmente en las provincias de Ontario, Nuevo Brunswick y Manitoba. La hegemonía anglófona en la política y en la economía preocupó a la población francófona de estas provincias que, frente a un eventual proceso de asimilación, veían su lengua y su cultura en riesgo. Muchos francófonos en Canadá temían seguir el rumbo de los francoparlantes en los Estados Unidos.
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En Quebec, especialmente en ciudades como Montreal, los francófonos fueron excluidos del desarrollo económico de la provincia, visto que solamente los anglófonos tenían acceso a buenos puestos de empleo y, por ende, a la movilidad social. Hasta la mitad de la década de los setenta, los francófonos en Quebec ganaban 35% menos que los anglófonos y el 80% de los empleadores eran anglocanadienses, generando un ambiente laboral hostil para la población francófona de la provincia de Quebec. Los francófonos, como resultado, solamente tenían acceso a trabajos de bajos ingresos. La única forma en que un francófono podía acceder a un buen puesto de empleo era a través de la asimilación a la cultura anglocanadiense.
Frente a esta situación, después de un proceso legal enrevesado y álgido en la década de los setenta, el Partido Quebequense, a través de la Ley 101, hizo del francés la única lengua oficial de la provincia. Por consiguiente, esta ley establece legalmente que el francés es la única lengua oficial del gobierno y de las cortes, como también la única lengua oficial de trabajo, de educación, de comunicación, de comercio y de negocios en todo Quebec. Esta ley también modificó el sistema educativo de la provincia, donde impuso amplias restricciones en el acceso a la educación pública en inglés. Los inmigrantes y un amplio número de francófonos, por ejemplo, están legalmente obligados a hacer la primaria y la secundaria solamente en francés.
Después de cuarenta años de la implementación de esta ley, se puede llegar a la conclusión que, al menos hoy en día, la Ley 101 fomenta e intensifica la discriminación lingüística — incluso cultural y étnica — contra los anglófonos y contra otras minorías en la provincia de Quebec. Esta ley, cuya naturaleza inaugural reivindicó los derechos de la población francófona de Quebec, terminó siendo una vendetta cultural contra las comunidades anglófonas de la provincia, especialmente aquellas en la ciudad de Montreal.
El problema no es que exista una ley que le permita al gobierno provincial defender el legado cultural y lingüístico de los francófonos en Quebec. El problema es que la Ley 101 no le permite ni al gobierno provincial ni a la sociedad quebequense entender y, además, comprender la diversidad cultural y etnolingüística de la provincia, puesto que, como es históricamente evidente, los francófonos no han sido los únicos que han habitado el territorio que hoy llamamos Quebec.
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Esto es preocupante, puesto que, a medida que pasaron las décadas, la Ley 101 normalizó y legitimó la idea de que los francoquebequenses son la única cultura auténtica y genuina de Quebec. Paulatinamente, muchas comunidades no francófonas de Quebec, como los anglófonos y los pueblos indígenas, fueron perdiendo espacios en la sociedad, en la cultura, en la economía y en la política, espacios que de por sí, especialmente para los indígenas, ya eran bastante pequeños priori a la adopción de la Ley 101. Es como si, en un contexto latinoamericano, existiese una ley que legitimase la idea de que la única identidad válida en Colombia fuese la de la cultura de los blancos y de los mestizos hispanohablantes, excluyendo de la unidad nacional a los indígenas, al pueblo raizal y a otras minorías etnolingüísticas, lo cual, desafortunadamente, también sucede.
La provincia de Quebec necesita una estructura legal, cualquiera que sea, para proteger el legado cultural y lingüístico de los francófonos en Quebec, pero que, al mismo tiempo, entienda que Quebec no es una pizarra en blanco donde solamente existen francoparlantes. Quebec necesita una ley, por esta razón, que también le haga sentir a las comunidades no francófonas que su cultura es igualmente válida y que Quebec es también su hogar. Muchas minorías, desde los judíos hasta los afrocaribeños, han contribuido enormemente en la música, las artes, la cultura, la literatura, la academia, los deportes y la economía de Quebec. Por ende, la protección de la cultura y de la lengua de los francoquebequenses no puede venir a costa de los derechos de los anglófonos, de los pueblos indígenas y de las minorías sociales, quienes por tantos años han contribuido enormemente en la construcción de lo que hoy llamamos Quebec.
Este marco teórico pluralista es de extrema importancia, visto que, a pesar de que los angloquebequenses son exteriorizados en Quebec como blancos rodesianos y los francófonos como la minoría oprimida de Canadá, estas leyes que crean asimetrías en la provisión de derechos en Quebec han causado un gran deterioro de las comunidades no francófonas. En las últimas cuatro décadas, por ejemplo, cientos de miles de anglófonos se han ido de Quebec hacia otras provincias de Canadá o hacia los Estados Unidos y más de la mitad de las escuelas anglófonas de la provincia han cerrado, lo cual menoscaba la posibilidad de las comunidades anglófonas de crecer y de perdurar.
Asimismo, las minorías en Quebec siguen rezagadas en lo político, en lo económico y en lo social. Los anglófonos, por ejemplo, no representan ni siquiera el 1% de los trabajadores públicos en Quebec y las minorías sociales solamente representan el 7,6% del total de trabajadores del sector público en la provincia. Frente a esta situación, además de otras serias acusaciones de discriminación, el gobierno de Quebec nombró recientemente a un ministro contra el racismo. Este ministro, no obstante, es un blanco francófono que niega el racismo institucional en Quebec. De igual forma, como para dar una idea general de la participación de las minorías en las altas esferas del poder, de los veintisiete ministros que tiene Quebec en este momento, solamente dos pertenecen a una minoría social.
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Lo que preocupa en estos momentos en Quebec es que incluso el gobierno federal canadiense ha abandonado a las minorías en Quebec y ha decidido, por beneficio electoral, apoyar el proyecto unicultural de los franconacionalistas. La nueva propuesta del gobierno federal que otorga derechos laborales especiales a los francófonos, pero que no provee de los mismos derechos laborales a los anglófonos de la provincia, es una clara violación al objetivo principal de la Ley de Idiomas Oficiales y contraviene la clara obligación constitucional del gobierno canadiense de garantizar el respeto del inglés y del francés como idiomas oficiales de Canadá. Esta decisión del gobierno federal se tomó a pesar de que, según un estudio de la Asociación de Estudios Canadienses, los anglófonos y las minorías etnolingüísticas de Quebec tengan un mayor porcentaje de pobreza y de desempleo en Quebec.
Entonces, que no nos sorprenda si en algunos años no queda nada más que francófonos en una provincia que alguna vez fue la cuna de una de las ciudades más multiculturales del continente. El proyecto unicultural de los franconacionalistas no va a parar hasta que toda esta provincia se arrodille y admita que los francófonos son los que mandan y que los demás tenemos que obedecer. Espero que esta columna, especialmente en un contexto poscolonial, sirva como voz de protesta contra estos proyectos blancos nacionalistas que eliminan la diferencia y que lastiman profundamente el legado indígena de nuestro continente.
*Carlos Zapata, politólogo e investigador en políticas de pobreza y violencia para Latinoamérica y el Caribe.
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