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No puede seguir desvinculando funcionarios, al menos que su deseo sea seguir coleccionando más delitos a su palmarés. Es hora de que pare sus arbitrariedades y sus abusos.
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El día 3 de septiembre del año 2020 presenté un denuncio penal en contra de Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional, y de algunos de sus subalternos, a quienes ha utilizado para cumplir con sus infames propósitos, ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión de varios delitos.
El 22 de enero del año 2022, el doctor Leonardo Augusto Cabana Fonseca, Fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, decidió archivar la indagación preliminar, pues para su cuestionable criterio, existía atipicidad de la conducta del Registrador. Lo sustentó con unos argumentos tan vergonzosos, tan precarios y prevaricadores, que me cuesta trabajo creer que este abogado sea un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia; estoy seguro que un fiscal municipal, que desarrolle sus funciones en el municipio más olvidado del país lo habría hecho con mejores argumentos y con una mejor estructura.
Me da mucha tristeza comprobar, como en algunas ocasiones, la administración de justicia cae en manos de unos personajes moral e intelectualmente impedidos, aunque reconozco que la mayoría de nuestros fiscales, magistrados y jueces son profesionales honestos e idóneos.
Para demostrar lo que pretendo, voy a decir lo siguiente:
En la Colombia del año 2003, la Registraduría estaba siendo manoseada por la clase política y todos los políticos querían cargos en esa institución tan apetecida, lo que atentaba con la transparencia de las elecciones. Para salvar a esa institución tan importante para la democracia, los mismos congresistas decidieron crear un mecanismo imparcial, efectivo y justo para el ingreso de funcionarios a esta institución.
En ese contexto, el Congreso de la República expidió el ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003.
Éste modificó el artículo 266 de la Constitución Política y señaló:
“……La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley……” (Se resalta)
Por lo que claramente podemos concluir, que el INGRESO a la entidad debe ser EXCLUSIVAMENTE por concurso. Esta norma SUPRIMIÓ de tajo CUALQUIER EXCEPCIÓN.
A pesar de la claridad de esa norma constitucional, el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, nombró, a dedo, a muchísimos funcionarios sin cumplir con el concurso y de paso nos devolvió a esas épocas oscuras y tenebrosas, donde la democracia era manejada a su antojo por los políticos. Lo hizo, esencialmente, para que le aprobaran su Código Electoral, con varios micos que lo benefician. Ahora que ya fue aprobado ese código, en el Congreso de la República, después de haber destituido a los funcionarios de experiencia, les pidió la renuncia a los funcionarios más importantes del nivel desconcentrado, para poder negociar probablemente con los nuevos congresistas, sin importarle que estamos a pocos días de las elecciones legislativas. ¡Es de una falta de decencia con su responsabilidad que nos deja atónitos este señor!.
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A la investigación aporté infinidad de nombramientos firmados unilateralmente por él. Sin embargo, el Fiscal no encontró por ninguna parte el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN.
Además, Vega destituyó a muchos Delegados Departamentales que ingresamos por un legítimo Concurso Público de Méritos. Nuestras pruebas contundentemente lo demuestran. Pertenecíamos a la carrera Administrativa Especial de la Registraduría; olímpicamente, Vega desconoció ese concurso, a pesar que el artículo 266 de la Constitución Nacional así lo establece; que la sentencia C-230ª de 2008 lo ordenó; que la resolución 8479 de 2008 adecuó los cargos para el concurso; que se hizo mediante convocatoria No. 003 de 2008; aque la ley 1350 de 2009 fue declarada inconstitucional por la sentencia C-553 de 2.010, en el sentido que esta ley no podía crear cargos de libre nombramiento y remoción.
Con esas pruebas irrefutables aportadas a la investigación, el Fiscal no encontró el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN.
Pero el Registrador Nacional no solo destituyó a los funcionarios que ingresamos por concurso, también destituyó arbitraria e ilegalmente a muchísimos funcionarios que desempeñaban sus funciones en provisionalidad, aun cuando NO podía hacerlo, porque así lo señalan varias sentencias de la Corte Constitucional; es decir, todas las destituciones, las terminaciones de las vinculaciones laborales y demás se produjeron violentando sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional; empero, el Fiscal tampoco encontró en esas destituciones el delito de PREVARICATO POR ACCION.
El Registrador Nacional ha seguido destituyendo a funcionarios que ocupan sus cargos en provisionalidad. No puede seguir desvinculando funcionarios, al menos que su deseo sea seguir coleccionando más delitos a su palmarés. Es hora de que pare sus arbitrariedades y sus abusos. Nadie le debe presentar más renuncias. Si los quiere echar, debe cargar con las consecuencias que le traerá su abusivo proceder.
Cuando mediante derechos de petición, le pedimos que nos respondiera por el concurso, en sus respuestas en más de una ocasión escondió esos documentos, a pesar que entregamos toda la documentación que demuestra fehacientemente la existencia de ese concurso.
El fiscal en este caso y, a pesar de estar debidamente demostrado la existencia de ese concurso, tampoco encontró el delito de OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PUBLICO.
Me ha tocado presentar muchos derechos de petición y algunas tutelas en contra de la Registraduría para obtener información que siempre Vega ha tratado de ocultar. Acudí inclusive ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que me entregara información que con engaños y mentiras han trato de ocultar, pero muy a su pesar he logrado obtener información importante.
Adelantaré las acciones pertinentes, tendientes a reestablecer la justicia que en este caso transitoriamente me han negado. No voy a permitir que la corrupción me gane la partida, ni aceptaré que una institución a la que quiero tanto se la tome la corrupción impunemente.
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*Oscar Maya Guerrero. Abogado, Ex-Delegado del Registrador Nacional en diez departamentos , con una experiencia en el ente electoral de más de 11 años.
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