About The Author
En reciente columna -“La mezquindad de Guaidó” -, la señora directora de este medio ha reiterado su solicitud a Juan Guaidó en el sentido de que disponga de recursos económicos a los que tiene acceso como consecuencia del reconocimiento que buena parte de la comunidad internacional le hace de su condición de Presidente de Venezuela, a los efectos de que ordene cubrir con ellos el pago de las vacunas Covid-19 de los migrantes venezolanos en condición de irregularidad que se encuentran en Colombia a los cuales el gobierno de este país les ha informado que no protegerá con ellas en virtud de su citada irregularidad.
A pesar de las críticas que internamente la decisión del gobierno del señor Presidente Duque ha generado, debe saberse, a título de ejemplo, que, en los Estados Unidos, el gobierno del estado de la Florida ha adoptado una posición similar a la expuesta, según la cual los turistas que allá llegan no recibirán la referida protección médica y de allí que podemos afirmar que el gobierno colombiano en su prédica no está solo.
Esa circunstancia no es óbice, sin embargo, para que no se busquen mecanismos que permitan la protección a la salud que, como ser humano esos migrantes merecen, de allí que, como siempre, buscamos la manera de proponer alternativas de solución.
La solicitud pública que hizo la señora directora pudiere generar como contrapartida que la decisión de colocarle la vacuna a los migrantes venezolanos que, en condición de irregularidad se encuentren, financiada con recursos que controla la administración Guaidó estuviere, vinculada a la implementación en Colombia de un nuevo registro de aquellos, a través del cual se sepa quién está en este país, donde se encuentra, qué hace y qué puede hacer, se le identifique con un PEP que le permita acceder a salud, trabajo y educación y, de esa manera, con esa nueva identificación, vacunarle contra el Covid. Así, nuevamente, todos ganamos.
Consecuencia de lo planteado es que Colombia sabría quién se encuentra en su territorio, los colombianos tendrían la certeza de que todos los que en el país habitan tendrán acceso a vacuna y que el costo de ésta por lo que se refiere a los irregulares lo asumiría el fisco venezolano. A su vez, el gobierno Guaidó evidenciaría gestión pública y los venezolanos podrían contribuir al desarrollo del país de acogida y mejorar su aporte familiar a quienes en Venezuela quedan.
La migración es un problema que nosotros le creamos a quienes nos reciben. Depende de estos convertirla en oportunidad. Los venezolanos debemos poner de nuestra parte todo cuanto sea posible para que ella se haga efectiva. La propuesta presentada va en ese camino.
Si en algún campo de actuación tienen Juan Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana posibilidad de hacer política pública de impacto, es en el ámbito internacional. A su vez, de implementarse la propuesta presentada, el gobierno del señor Presidente Duque, tendrá buena gestión que exhibirle a sus connacionales. Es entonces una ganancia general.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
Autor
