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Así entonces, de manera perversa, es solo el funcionario público que ocupa el sillón presidencial el que tiene a su disposición todos los recurso del Estado para dar a conocer su gestión.
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Aun cuando resulte contradictorio, los hay, derechos perniciosos. Uno de ellos es el atinente a la reelección en los países con sistema presidencialista y el carácter nocivo del mismo se hace visible cuando el aspirante es una persona que, con anterioridad, ha ejercido la máxima magistratura nacional.
Ese tema fue planteado ya en instancias internacionales, correspondiendo la iniciativa al señor presidente Duque mientras ocupaba el Palacio de Nariño. El se dirigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitándole una opinión consultiva respecto de “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
En dicha consulta la corte respondió las siguientes preguntas:
1) ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, 2) ¿Resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes? O, por el contrario, 3) ¿Es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia?
En resumen, la respuesta a las mismas fue contundente: La reelección no es un derecho humano. Para llegar a dicha conclusión, dicho órgano jurisdiccional partió de una delimitación importante cual es, reelección indefinida es ejercer la presidencia de un país por más de dos períodos consecutivos de duración razonable.
Se celebra hoy en República Dominicana elección presidencial. A la misma compite, nuevamente, para ejercer por cuarta vez la presidencia de ese país, quien ya ha sido tres veces su presidente, Leonel Fernández. Menos mal que en esa isla caribeña, el ciclo vital de Joaquín Balaguer -eterno presidente de esa nación- concluyó pues, de no haber ocurrido, quizás este fuere, dado su acostumbramiento al ejercicio presidencial, otro de los contrincantes.
Mientras eso ocurre en el Caribe, en nuestra Sudamérica, el señor Evo Morales, contra viento y marea prevalido de lo que él considera un derecho humano, la ya citada reelección, aspira nuevamente que su nombre aparezca dentro de las opciones que los nacionales de ese país deberán elegir para un nuevo período presidencial; pero más cerca de nosotros, en Caracas, el señor Maduro pretende, por tercer período consecutivo, continuar ocupando el palacio de Miraflores por seis años más.
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Formo parte de quienes creen que, en estos tiempos que corren, no hay hombres providenciales. Integro el grupo de quienes concuerdan que, cuando hay conflicto de derechos, debe privilegiarse el de mayor importancia y entre el unipersonal o particular derecho a la reelección y el de las mayorías que a este no tienen acceso, debe privar el de estos.
Desconozco porque los dominicanos aspiran reelegir al señor Fernández; dudo eso sí, que en ese país no existan personas competentes y preparadas para llevar los destinos del país; me ocurre exactamente lo mismo con el señor Morales y hasta con el señor Maduro. Sin embargo, como quiera que por vinculación personal es el venezolano el caso que conozco mejor, ahondaré en este.
Los venezolanos, en ese enamoramiento fatal que tuvieron con Hugo Chávez, con votos y sentencias, permitieron establecer en nuestra tierra la reelección indefinida y es así como, en 24 años que de este siglo van, la luz de la oficina presidencial del palacio de Miraflores, solo la han apagado dos personas, el finado comandante y Nicolás Maduro Moros.
Para complicar más la situación de quienes aspiran a ocupar dicha dependencia –y es muy escaso el venezolano que no quiere hacerlo- en la Constitución de 1999 se estableció la prohibición de que, con dineros públicos se financien las actividades políticas. Así entonces, de manera perversa, es solo el funcionario público que ocupa el sillón presidencial el que tiene a su disposición todos los recurso del Estado para dar a conocer su gestión, pudiendo desde allí, prevalido de todos los resortes del poder, inhibir –y porque no, inhabilitar- a todo el que pueda competirle, mientras sus eventuales contrincantes deben recurrir a acuerdos bajo cuerda con particulares que les colaboren su actividad pues, si se hacen públicos, estos serán perseguidos por la institucionalidad al servicio del Estado.
Esas dos perniciosas normas, no tengo duda alguna, deben ser modificadas en lo adelante estableciendo, bien una sola reelección o mejor aún, la posibilidad de que quien ejerza la presidencia, solo pueda ocupar el cargo hasta dos períodos, aún inconclusos para evitar renuncias que faciliten unos adicionales y asimismo, permitir que, en función de los votos obtenidos en elecciones parlamentarias, los partidos reciban financiamiento público con vista al apoyo popular obtenido.
Con esas dos medidas que pudieren implementarse sin mucha complicación vía enmienda o reforma constitucional, se oxigenaría, sin ninguna duda la democracia venezolana y corregiríamos –por una parte- el error que fue, vistos los resultados, establecer en la Constitución de 1961 la reelección presidencial en los términos en ella pautados y la indefinida que actualmente nos afecta en tanto que, por la otra, el haber convenido que no hubiere financiamiento público para los partidos políticos, cuando que estos son absolutamente necesarios para la vida de un país pues, a través de los mismos, buena parte de los ciudadanos canalizan aspiraciones y expectativas.
Ya veremos si somos capaces de implementar cambios como los aquí referidos.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
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