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La política antidrogas del gobierno tiene un camino bastante espinoso, por ello los retos son gigantescos y se requiere muchísima acción fina del Estado.
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A pesar de que no existe un documento público sobre la política antidrogas del gobierno, y según el ministro Néstor Osuna, esta va a estar lista en agosto, se han expuesto los pilares de esta política pública en las declaraciones del presidente y del ministro, y en el Plan Nacional de Desarrollo, en síntesis, estos son:
1- Dejar de perseguir a los cultivadores de hoja de coca y consumidores de cocaína.
2- Transformar los territorios cultivados con hoja de coca y productores de cocaína, y
3- Combatir las organizaciones multicriminales relacionadas con las economías ilegales
Cabe resaltar que esto se ha realizado con una exitosa gestión de política exterior sobre el asunto, y una destacada construcción de la política nacional de drogas con base en la opinión de las comunidades cocaleras, indígenas y campesinas.
Aunque es bastante sustancial la propuesta del gobierno en torno a este tema, este es un reto grande para las agencias del gobierno, y para los tres poderes públicos, pues esto requiere un engranaje con instituciones como las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, y el Congreso de la República. Actualmente las relaciones del gobierno con estas dos últimas instituciones no pasan por sus mejores momentos.
En cualquier caso, con estos pilares de política pública, los retos en esta materia son:
1- Sí se van a dejar de perseguir a los cultivadores de hoja de coca y consumidores de cocaína. Se tiene que:
a. derogar los decretos que clasifican de contravenciones y delitos, a las acciones como el porte y tenencia de sustancias psicoactivas, sobre todo en zonas cocaleras.
b. Proponer un nuevo estatuto nacional de estupefacientes.
c. Cambiar los lineamientos estatales de lucha contra las drogas.
d. Reformar la ley 30 de 1986.
e. Realizar un proyecto de Ley que reconozca la legalidad de productores étnicos y pequeños productores de hoja de coca.
Mientras todo esto se materializa, lo cual puede tardar varios meses o años, es imprescindible armonizar la política antidrogas con las leyes vigentes y compromisos internacionales actuales, la estructura Estatal y las infraestructuras burocráticas que hoy se tienen. Como se puede intuir, lo anterior es sumamente complicado y requiere de un trabajo artesanal por parte del gobierno.
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2- Si se van a Transformar los territorios cultivados con hoja de coca y productores de cocaína, la gerencia del Estado debe ser muy eficiente a la hora de solucionar los problemas públicos, por ejemplo, construir vías, acueductos, continuar la sustitución de cultivos, y demás acciones de gobierno en zonas cocaleras, con una coordinación eficaz de la SAE, el DNP, el ministerio de justicia, el ministerio de defensa, el ministerio de agricultura, y demás organizaciones del gobierno.
Si bien no hay certeza sobre sí se cumpla o no lo anterior, actualmente existen pistas sobre el asunto, por ejemplo: en el discurso presidencial del 20 de julio de 2023 las cifras e indicadores de éxito sobre este tema durante el primer año de Petro, estuvieron ausentes, luego entonces, aunque la política antidrogas hasta ahora va a conocerse, el gobierno lleva un (1) año en este tema, y frente a esto debería tener datos preliminares, cifras y logros, e inclusive señalar sí se cumplió o no con los retos del Acuerdo Final de Paz en torno a las zonas PNIS, que debían estar en un 100% libres de cultivos ilícitos para el año 2022.
A propósito de lo anterior, no hay que olvidar que en marzo de 2023, cuando se le preguntó sobre el tema de Colombia al subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols, este señaló: “creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión para disminuir los cultivos [ilícitos], y particularmente, sin que el programa de erradicación voluntario esté en marcha”.
3- Sí se va a combatir las organizaciones multicriminales relacionadas con la producción de cocaína, debería tenerse en cuenta que la acción militar del gobierno debe ser altamente efectiva, pues aunque EEUU tiene al fentanilo como su problema número uno, el inconveniente de Colombia en torno al narcotráfico, no ha desaparecido. Agregado a lo anterior, el Informe Mundial sobre la Cocaína en 2023 que analiza el mercado ilegal del alcaloide en el mundo, dice que Colombia continúa siendo el primer proveedor de cocaína de EEUU y está en camino a consolidarse en otros lugares como Europa, Australia, Nueva Zelanda, África y Asia, por ende las agencias del Estado deberían perseguir a ultranza a las organizaciones multicrimen. No obstante, a la luz de este primer año de gobierno se puede decir que, no se siente la mano dura con estas estructuras multicriminales, POSTFARC, POSTPARAMILTIARES y ELN, entre otras cosas, porque “la paz total” está empantanando la persecución.
En síntesis, la política antidrogas del gobierno tiene un camino bastante espinoso, por ello los retos son gigantescos y se requiere muchísima acción fina del Estado. Sin embargo, en el primer año de acción de la “Colombia potencia mundial de la vida” no hay mucho que mostrar en torno a este tema, lo cual no es un buen presagio para lo que se viene.
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*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).
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