El lío de Monómeros

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Sacado de Presidencia Venezuela

“Si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que va a pasar” Umberto Eco 

Sacado de Presidencia Venezuela

El pecado original

Se ha armado un lío de padre y señor mío, a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros Colombo-venezolanos S.A., según consta en el expediente que le abrieron para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” por lo cual “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

Para entender el alcance y las consecuencias de esta drástica medida, es bueno volver sobre sus antecedentes. Esta empresa fue creada en diciembre de 1967, aupada por el Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, gran impulsor y propulsor de la integración andina y del denostado modelo económico cepalino inspirado por su exsecretario ejecutivo el economista argentino Raúl Prebisch. Ello explica que concurrieran como sus accionistas ECOPETROL y el Instituto de Fomento Industrial (IFI) por el Estado colombiano y Petroquímica de Venezuela S. A (Pequiven) y que estuviera cobijada por el Acuerdo de Cartagena y sus ventajas. 

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Dirigentes regionales del Caribe colombiano de la talla de Gastón Abello Chagín, entonces director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y posteriormente Presidente de CONFECÁMARAS, respaldaron esta iniciativa, la cual además iba muy en línea con el espíritu del importante Decreto 444 del mismo año, mediante el cual se promovía la sustitución de importaciones y la diversificación de las exportaciones, en este caso de caprolactama, materia prima del nylon y fertilizantes agrícolas. Mención especial merece Hernando Celedón Manotas, quien estuvo al frente de Monómeros como gerente general por espacio de 15 años (1981-1996) contribuyendo a su fortalecimiento y consolidación. Bien dijo el director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana, Germán Umaña, al ponderar su importancia, que “Monómeros tiene mucha más historia que los gobiernos que están ahorita en discusión por ella”.

En un editorial del rotativo de mayor circulación en la región Caribe, El Heraldo, se registró el hecho de que en el año 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, presidido por Álvaro Uribe Vélez, decidió vender su participación accionaria en la empresa, en momentos en los que ésta había pasado de ser una sociedad limitada a una sociedad anónima bajo la legislación colombiana. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra. Éste fue el pecado original que a la postre le pasaría factura, como ya lo veremos, al país. 

En efecto, estábamos en el primer cuatrienio de Álvaro Uribe Vélez y en su afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, le ofreció al entonces Presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos y era su mejor amigo, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas. A la sazón era Presidente de ECOPETROL Isaac Yanovich y Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Este proceso, de traspaso de las acciones correspondientes al Estado colombiano a manos de Venezuela, se finiquitó el 18 de abril de 2006. 

En aras de hacer más expedita la operación se le torció el pescuezo a la Ley 226 de 1995 que regula la enajenación de activos y participaciones del Estado en empresas, de la cual yo fui uno de los ponentes y con tal fin derogaron el Decreto 1767 de 2004 mediante el cual se estableció el procedimiento a seguir para el proceso de venta de las acciones de ECOPETROL y del IFI en Monómeros, que el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez había expedido, esquivando su cumplimiento. En efecto, mediante el Decreto 4569 de 2005, se saltaron a la torera la Ley de enajenación, prescindiendo del procedimiento reglado por la misma. 

El cambio de escenario

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma. Como se recordará, las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela llegaron a su paroxismo con el anuncio el 23 de febrero de 2019 de su ruptura anunciada por el propio Nicolás Maduro. Desde entonces, el distanciamiento ha sido cada vez mayor y el antagonismo escaló mayormente con el reconocimiento por parte del Presidente Iván Duque como Presidente legítimo de Venezuela al autoproclamado en enero de 2019 Juan Guaidó, tanto más en cuanto que con el llamado Grupo de Lima, alentados por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, le decretaron al régimen de Maduro un “bloqueo diplomático”. 

Amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan País” para “recuperar activos venezolanos” en manos de la claque de Maduro, tomó por asalto la junta directiva de Monómeros, hizo destituir al gerente general Pedro Lugo y puso en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”. 

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la Mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el de la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Por su parte, el basilisco de Maduro, en una de sus acostumbradas catilinarias, planteó a través de sus delegados en la mesa de negociación con sus opositores la recuperación del control de Monómeros como un punto de honor, como uno de sus inamovibles, “la punta de agenda del debate”, según él. En tales circunstancias, Colombia, como velón, ha terminado afanando más que el dueño de la olla, que es Venezuela, poniéndole un torpedo a la mesa que busca salidas “pacíficas y negociadas” a la profunda crisis humanitaria, socioeconómica y política de su país, sin la interferencia de terceros, que deben respetar la autodeterminación de Venezuela y de los venezolanos.

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El doble rasero

El gerente de la empresa, Guillermo Rodríguez, con el apoyo de su jjunta directiva, todos adláteres de Guaidó, ripostó a la Superintendencia  en un comunicado de cinco puntos que “durante el primer semestre del 2021, los resultados financieros de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. fueron realmente positivos. Incluso en los momentos más difíciles del reciente paro nacional le cumplimos a Colombia y llegamos con nuestros productos a apoyar el campo hasta en las zonas más apartadas del país“.

Al expresar su desacuerdo con los argumentos de la Superintendencia para la intervención, Monómeros manifestó que “la Superintendencia parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actualidades realidades económicas del país. Por este motivo, Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. presentará los recursos de ley, con el fin de solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que revoque su decisión“. Se fundamentan en el hecho que según la propia Superintendencia la empresa al cierre de 2020 se ubicó en la posición número 176 de las empresas con mayores ingresos operacionales. Y estamos hablando de un año crítico para todas las empresas en el país y en el resto del mundo (¡!). 

Según el reporte de la propia Superintendencia, el año pasado la empresa reportó ingresos operacionales en el país por $808.964 millones, en tanto que en 2019 éstos totalizaron $742.774 millones. En cuanto a los activos, en 2020 éstos sumaron $1,4 billones y los pasivos fueron de $815.184 millones, mientras que el patrimonio se ubicó en $598.941 millones. Llama poderosamente la atención que pese a la advertencia de la nueva administración de la empresa, en el sentido que al tomar posesión de la misma en 2019 la encontraron “en franco deterioro”, con cuentas en el exterior bloqueadas y serias “irregularidades”, no se conoce ninguna actuación por parte de la Superintendencia. Salta a la vista que esta aplica un doble rasero en su actuación. 

En una de sus más recientes baladronadas el dictador Maduro, refiriéndose a Monómeros, habló de “reincorporarla a la cadena productiva nacional” y fue enfático al afirmar que “si todo se está poniendo en su lugar, Monómeros debe volver a sus dueños, a su matriz, para que todos los productos vengan a Venezuela a contribuir en la recuperación económica e integral del país”. Esta declaración del sátrapa ha sido interpretada como su aspiración no sólo de recuperar el control perdido de la empresa sino la de trastearla hacia territorio venezolano. Pero ello es una misión imposible; eso es más difícil que soplar y hacer botellas e hipotéticamente sería tanto como desmontar, desguazar y volver a instalar pieza por pieza un complejo industrial como lo es Monómeros. 

Este tropel, que involucra a los dos países hermanados por la historia y mal que nos pese con un destino común, pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Este fue un error histórico garrafal. Colombia, además, con su equivocada política exterior frente a Venezuela ha quedado en el lugar equivocado y sin margen de maniobra y le costará mucho al país recomponer las relaciones con nuestro vecino, quedando a merced de lo que decidan otros. Y en este caso en particular lleva las de perder.

No ha faltado quien le insinúe al gobierno, como lo hizo el secretario de agricultura de Antioquia Rodolfo Correa, “darle a Maduro una dosis de su propia medicina”, apelando al artículo 58 de la Constitución Política para expropiarle Monómeros. Tal vez se quedó anclado el secretario Correa en el texto original de este artículo, tal como lo aprobó la Constituyente en 1991, en el cual se preveía que en caso de expropiación “el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización” y añade que “las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. Castro-chavismo puro y duro, que fue enmendado en 1999 mediante el artículo 1º  del Acto legislativo 01, derogando dicho texto.

Lo que está en juego

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida. Contrasta esta actitud de parte del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, ¡se está disparando un tiro en el pie!

Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, está listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en la región Caribe colombiana en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica. Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de tres millones de agricultores del país. Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. ¡Están dando palos de ciego!

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*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

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