Empleo garantizado o renta básica

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La gente necesita empleo más que subsidios y, si el empleo no lo provee el sector privado, el sector público debería proveerlo. Eso sí sería un verdadero sistema de seguridad social del trabajo.

Tal vez uno suene todo un marciano tratando de hablar de temas técnicos en medio de una crisis política de la magnitud que vivimos en la actualidad, pero una cosa cierta que la actual situación ha desnudado es la precariedad de nuestro sistema de seguridad social para sostener los ingresos de la gente en épocas de vacas flacas. La verdad es que el sistema, no es que sea precario, sino que es prácticamente inexistente. Hasta el gobierno de derecha que tenemos lo ha reconocido. En medio de la crisis, el gobierno ha tratado de montar un esquema de “ingreso solidario” y un esquema de “devolución del IVA”, y se dio cuenta de que el esquema era temporal (y cuantitativamente) insuficiente.

Hay ideas cuyo momento llega, y la idea de la renta básica parece que llegó para quedarse. Desde el punto de vista económico, la principal idea que ha planteado el Comité del Paro es una renta básica que costaría más de 70 billones anuales, y pareciera que lo que está en discusión es el monto, pero no la idea en sí. Algunos llegaron a defender la propuesta de reforma fiscal que presentó el gobierno, no porque consideraran buena la reforma tributaria, sino porque consideraban que la oportunidad de avanzar en la implementación de una renta básica no se podía perder.

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Ya todos sabemos qué fue lo que pasó con la reforma fiscal que presentó el Gobierno. Yo creo que la idea de la renta básica no se ha perdido, porque algo en ese sentido saldrá de los acuerdos entre el gobierno y la oposición, o porque el próximo gobierno haga algo en ese sentido. El punto que quiero desarrollar aquí es que la renta básica bien puede ser una política social necesaria, pero claramente no es una política social suficiente. La razón es muy simple: en todas las sociedades, es necesario que los ricos subsidien a los pobres, y eso se logra, naturalmente, con tributación negativa (es decir, subsidios) para los pobres. Pero lo que los pobres necesitan desesperadamente es empleo, un empleo digno y bien pago. Tratar de sostener una sociedad en la cual aproximadamente el 15% de la fuerza laboral no tiene empleo y aproximadamente la mitad se tiene que conformar con condiciones de empleo informal es simplemente imposible. Dicho en otras palabras: los pobres necesitan ingresos, pero los ingresos deben provenir, principalmente, de su empleo, no de subsidios. Desde esta perspectiva, la respuesta del ingreso solidario suena completamente insuficiente. Para un pobre, recibir 40 mil o 60 mil pesos mensuales de subsidio puede ser bienvenido, e incluso puede servir para sacarlo de la definición formal de pobreza, pero lo que es claro es que eso no lo saca de sus problemas económicos estructurales.

La política social se debe basar en el empleo y, si el sector privado no provee los empleos, el sector público debería hacerlo. Por esta razón, en vez de un programa de ingreso solidario, yo prefiero un programa de empleo garantizado. Uno puede pensar que un programa de empleo garantizado es como una renta básica, pero con dos diferencias: uno, no es universal, sino sólo para las personas que tienen condiciones de empleo inadecuadas o inexistentes, y dos, no es sin condiciones: para acceder al ingreso hay que trabajar.

Obviamente, un programa de empleo garantizado tiene retos grandes: su costo fiscal podría ser importante, pero probablemente no tanto como lo que está pidiendo el Comité del Paro en la actualidad para la renta básica. El reto organizativo sería mayúsculo, y esta quizás sea su principal dificultad. Y algunos dirán que para qué contratar gente cuyo trabajo va a ser, probablemente, altamente improductivo. Alguien descartó la idea del trabajo garantizado con el comentario de que lo que haría la gente sería abrir huecos para tapar otros.

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Incluso si fuera así, sería mejor tener a la gente haciendo algo que no haciendo nada. Además, la perspectiva de vida de la gente cambiaría radicalmente. Una es la sensación sicológica del que no tiene nada qué hacer y otra es la del que tiene un trabajo. La empleabilidad de la gente en el sector privado también aumentaría, porque todas las personas tendrían una experiencia de trabajo. Y, por último, el empleo garantizado no haría a los pobres dependientes de los subsidios del Estado, sino que los haría dependientes de su propio trabajo, con las nociones de responsabilidad individual que eso conlleva. Los subsidios puede que saquen a las personas de su condición de pobreza, pero no las saca de su condición de dependencia, y en un sistema político tan precario como el colombiano, no hay forma de que la entrega de subsidios no se convierta en un mecanismo de clientelismo.

Un programa de empleo garantizado podría proveer, incluso, el espacio político necesario para remover algunas de las imperfecciones que aquejan el mercado laboral formal. Por ejemplo, con empleo garantizado, el salario mínimo podría eliminarse. Mejor dicho, el salario mínimo ya no aplicaría sobre las empresas del sector privado, sino sobre el empleo que provee el programa de empleo garantizado. Así, el salario en el programa de empleo garantizado debería ser algo parecido a un salario mínimo, de modo que sea un salario al menos de subsistencia, pero que tampoco compita con la contratación en el sector privado. Una junta técnica debería fijar los salarios que se paguen en el programa de empleo garantizado.

El mensaje de fondo es que la coyuntura actual nos ha demostrado que nuestro sistema de seguridad social en el trabajo es prácticamente inexistente y que la idea que se nos ha ocurrido para resolver eso es poner al Estado a regalarle plata a todo el mundo. El típico asistencialismo, en otras palabras. La gente necesita empleo más que subsidios y, si el empleo no lo provee el sector privado, el sector público debería proveerlo. Eso sí sería un verdadero sistema de seguridad social del trabajo.

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*Daniel Castellanos García, @castellanosgd, economista, director de la Fundación Impacta, organización para la transformación social.

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