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¿Podríamos, entonces, inducir caracterización de la legalización de la cocaína como una de las acciones climáticas promovidas desde el Acuerdo de París que amerita el apoyo de todos los que estén interesados en disminuir los daños causados por el calentamiento del planeta?
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A pesar de que uno de los candidatos a la Presidencia, Juan Manuel Galán, tuvo valor suficiente para pedir la “legalización de todas las drogas”, casi todos los demás continúan acatando las órdenes de quienes estiman que es imprescindible continuar la guerra contra las drogas iniciada por Nixon en 1971, esa misma que está derruyendo a Colombia desde entonces y que logró nada menos que el fracaso de buena parte de la Constitución del 91
Pareciera, entonces, que en el próximo cuatrienio continuará siendo imposible el control total del territorio colombiano. Las tres o cuatro guerrillas seguirán existiendo, el dinero de los narcos estará disponible para destruir la selva húmeda del Amazonas y el Pacífico y la selva andina en Antioquia y en Nariño, los campesinos no tendrán más opciones que sembrar cocaína, los líderes y las lideresas locales y nacionales que se opongan seguirán siendo asesinados y, sobre todo, los más de 10.000 dólares ilegales que entran anualmente serán, durante cuatro años más, fundamento de la corrupción pública y privada que hoy nos caracteriza globalmente.
¿Qué hacer? ¿Simplemente repetir todas las estrategias que han fracasado durante 50 años? ¿Olvidarnos de la gravedad de la existencia de esos dineros ilegales, como lo hacen la mayoría de los economistas colombianos? ¿Pensar que los asesinados no son importantes porque son el resultado de enfrentamientos entre grupos ilegales?
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Quienes esperábamos que el presidente Biden cambiara la política contra las drogas nos hemos enterado que solo lo hará marginalmente y nos hemos dado cuenta de que la situación política polarizada hace muy difícil optar por una decisión tan polémica como legalizar la cocaína. Que hacen falta argumentos mucho más duros para que un presidente de los Estados Unidos se enfrente a los millones de familias que consideran que sus hijos adictos son víctimas de los campesinos colombianos que cultivan cocaína. ¿Podríamos los colombianos construir esos argumentos?
El Pacto por la Vida abre la puerta para que todos los que consideramos que la existencia de nuestra nación está en peligro aportemos estudios y conclusiones de mayor fortaleza que las que hasta el momento han sido insuficientes para lograr la legalización del consumo de cocaína, tal vez porque quienes desean continuar la guerra no tienen información suficiente acerca de los daños irreparables que ella está ocasionándonos. Uno de estos daños es la deforestación de nuestra selva y, por consiguiente, la pérdida de nuestra biodiversidad y la alteración del clima local y mundial.
¿Podríamos, entonces, inducir la caracterización de la legalización de la cocaína como una de las acciones climáticas promovidas desde el Acuerdo de París que amerita el apoyo de todos los que estén interesados en disminuir los daños causados por el calentamiento del planeta? Existe información suficiente para calcular cuántas toneladas de carbón producen las deforestaciones causadas por el dinero del narcotráfico. Tal vez ese dato podría convencer a quienes no les inquieta cuántos inocentes mueren o se corrompen en Colombia como resultado de la guerra que inventó Nixon para poder atacar a quienes no estaban de acuerdo con la guerra de Vietnam.
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*Julio Carrizosa Umaña, ingeniero, ambientalista, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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