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Es evidente que Margarita Cabello, al igual que el Fiscal, el Contralor, el Registrador y el Defensor están completamente a merced de los intereses de los partidos que los han puesto en el poder.
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La Procuradora Margarita Cabello es una mujer excepcional sin lugar a dudas. Su hoja de vida la dota con toda certeza de la capacidad de dirigir el Ministerio Público, pues es una mujer con una gran trayectoria tanto en los tribunales como en las altas cortes y, ahora también, en política. Y no cualquier política sino esa política del establecimiento, esa política de intereses y amistades, esa política cuestionable. ¿Quién mejor para estar a la cabeza de semejante institución que alguien con la experiencia y además la cuota clientelista necesaria para hacerse con el cargo? Probablemente nadie.
La señora Cabello Blanco fue durante largo tiempo una funcionaria respetada de la rama judicial, pero renunció a su trayectoria de jueza cuando finalmente aceptó el nombramiento como Ministra de Justicia en el gobierno actual. A partir de allí, su semblante cambió y dejó ver abiertamente su simpatía por las filas del uribismo y los partidos afines. Además, la barranquillera también ha ido mostrando una simpatía particular por una de las familias más cuestionadas del país, la familia Char. Si bien la Procuradora Cabello debe su cargo principalmente al Presidente Iván Duque, fue también gracias a la influencia de esta familia, quienes tienen una enorme influencia sobre las bancadas de Cambio Radical, que logró hacerse con su cargo actual.
Lastimosamente para la democracia, este tipo de “ayudas” en la política no llegan gratis, sino atravesadas por pactos amangualados y soterrados que beneficiarán tanto a unos como a otros. Evidencia de ello son los procesos cuestionables de la Alcaldía de Barranquilla con el señor Alberto Mario Carrasposo Cabello, hijo de la Alta Funcionaria, quien hizo contratos multimillonarios con la misma cuando todavía era dirigida por el señor Alejandro Char. En efecto, este contratista realizó un contrato con dicha alcaldía por $537.160.258 y otro por $280.443.496. Para aquellos que piensan que esto puede ser solo una coincidencia hay que aclarar que su cercanía con la familia Char no acaba allí y se torna mucho más problemática. Cabello fue nombrada en varias ocasiones por el contratista Luis Enrique Guzmán Chams dentro de sus confesiones ante la Fiscalía y la Procuraduría cuando denunció el pago de unas presuntas coimas, hechas por él mismo, a la alcaldía de Alejandro Char. En esta ocasión las denuncias que cayeron sobre la hoy Procuradora General fueron por intimidación para que Chams retirara sus denuncias y cambiara su versión de la historia.
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Como si ello no fuera suficiente para evidenciar los vínculos peligrosos y oscuros entre la funcionaria y este poderoso clan de la Costa Atlántica, se puede recordar la tibia y tímida reacción de Procuradora frente al escándalo de la ex ministra de las TIC, la famosa Karen Abudinen, quien perdió 70.000 millones de pesos por hacer procesos licitatorios torpes y/o corruptos con la unión temporal Centros Poblados. Para quien no lo sabe, Abudinen es una ficha directa de la casa Char en el gobierno Duque. Recordemos que, además del proceso dilatorio de la investigación, la señora Cabello se reunió con la cuestionada ministra en reiteradas ocasiones, tanto antes como después del proceso. Por esta razón la Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común decidió recusar a la Procuradora, pues sus vínculos amistosos con la ministra eran más que evidentes y esto preveía de entrada un conflicto de intereses por la posible falta de neutralidad que pudiese tener ella y su procuraduría en las investigaciones. Falta de neutralidad que, en efecto, ha favorecido a la ministra al no hallar responsabilidad política en el detrimento patrimonial causado por su ineptitud.
Esta falta de neutralidad, sin embargo, no ha sido solo usada para favorecer los intereses de sus amigos y aliados políticos, sino también para irse, lanza en ristre, contra los opositores de este gobierno. ¿Será acaso por esto que decidió inhabilitar el pasado 11 de mayo al Alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, por poner un tweet que, supuestamente, demostraba su apoyo a Gustavo Petro? Si bien la Procuradora también destituyó a otros alcaldes del país quienes se encontraban participando en política, la situación de la capital antioqueña es diferente, pues está atravesada por los intereses que guardan el Centro Democrático y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) sobre las decisiones que puedan darse en dicha alcaldía. Parece que con este enroque antidemocrático se busca destruir y obstaculizar todo lo que ha hecho Quintero con la EPM, principalmente porque el Alcalde suplente, el señor Juan Camilo Restrepo, es cercano al mismo GEA y fue elegido como suplente, de manera anticonstitucional, por el mismo Iván Duque. Lo que resulta difícil de digerir, además de la bofetada que se le dio a la democracia con esta movida, es que la Procuradora no haya reaccionado con la misma rapidez para otros casos mediáticos tanto o más problemáticos de participación en política como, por ejemplo, el del General Zapateiro.
Este tipo de actuaciones erosiona la confianza que depositamos los y las colombianas en las instituciones, y pisotean la Constitución y las funciones de control de poderes que se supone deberían tener los organismos de control. Solo queda preguntarse qué otra triquiñuela tendrán por debajo de la manga estos funcionarios para seguir interviniendo en la contienda electoral. Es evidente que Margarita Cabello, al igual que el Fiscal, el Contralor, el Registrador y el Defensor están completamente a merced de los intereses de los partidos que los han puesto en el poder y éstos, a su vez, haciendo todo lo posible para que gane Federico Gutiérrez, su candidato, el candidato del continuismo y aquel que representa la permanencia de estos funcionarios de bolsillo en el poder.
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*Martín Zamudio. Politólogo y periodista. @MartinZamudioE
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