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Quienes asistimos a la reunión esperamos que, como consecuencia de nuestra visita y los temas tratados en la misma, el proyecto ginebrino se concrete pues es un área que amerita atención.
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Este mes, la señora Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, publicó su informe anual, con sus respectivas observaciones y recomendaciones, sobre el estado de los mismos en el país.
Al leerlo, observa uno que no hay una sola mención a situaciones que conforme a la normativa internacional serían de su competencia, relativa a los problemas que en el país impactan tanto a retornados colombianos como a migrantes trabajadores y sus familias.
Esa omisión -y en ello coincidimos con una distinguida investigadora venezolana- es más imputable a quienes en Colombia hacemos vida defendiendo esos derechos que a la propia organización internacional pues, si a esta, por estar enfocada -como ciertamente lo está- en las afectaciones derivadas del conflicto interno colombiano, no se le ponen de presente las que conocemos y fueron omitidas en el informe, ella nunca las conocerá.
A fin de solventar esa situación, gracias a las gestiones de una de las más prestigiosas universidades venezolanas, se coordinó una reunión de trabajo con dicha instancia internacional a la cual asistimos cuatro representantes de instituciones y organizaciones que conocemos en Colombia, de manera directa, la problemática omitida.
En la misma, durante casi 80 minutos, expusimos, con ejemplos, la necesidad de que esa representación internacional se vinculare al tema planteado pues hay áreas de afectación que no necesariamente pueden ser atendidas, ni lo son, por ACNUR, dado que carecería de competencia para ello en función del mandato que este último órgano tiene.
En lo personal, como representante de Fundacion2Paises en dicha oportunidad, me correspondió exponer lo relativo a dos temas que hemos abordado de manera intensa en Colombia durante el último año, a saber: lo relativo a las trabas que para la inscripción de colombianos nacidos en Venezuela ha establecido -y continúa haciendo- la Registraduría Nacional del Estado Civil y en segunda instancia la cancelación masiva de cédulas de ciudadanía y anulación de nacionalidad por falsa identidad, a personas que ya dicho ente registral había reconocido como nacionales del país.
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Por lo que se refiere a lo primero, expliqué sucintamente la normativa aplicable, la interpretación restrictiva relativa a la misma que ha hecho la Registraduría y las pautas que la Corte Constitucional en reciente sentencia le estableció las cuales, por casos que hemos observado, continúan dificultando el reconocimiento de la nacionalidad a la que tienen derecho los nacidos en Venezuela hijos de colombianos.
Respecto de lo segundo, por cierto, con el auxilio de los abogados que nos colaboran en la fundación, hemos logrado que a 205 personas afectadas por la decisión de cancelación de cédula, la Registraduría reconozca que les privó de cédula y nacionalidad vulnerando la Constitución y la ley y adicionalmente, causándole un agravio injustificado, a la vez que hemos logrado que a otras 69 se les permitiere inscribir nuevamente como nacionales de esta tierra de Nariño y Caldas luego de la cancelación acordada. A esa primera cifra de afectados se suman cerca de 150 otras personas que otra de las asistentes a la reunión informó que las organizaciones con las que trabaja, habían hecho lo propio.
350 personas que perdieron-y recuperaron su nacionalidad- debería ser una cifra llamativa.
Ella es similar a la que, respecto de Nicaragua, originó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitiera una declaración de protesta cuando el señor Ortega -en Nicaragua- hizo lo mismo que la Registraduría en Colombia con similar número de nicaragüenses, les privó de nacionalidad, aún cuando debe enfatizar que, en Colombia eso ocurrió con más de 40 mil personas.
En la reunión se nos admitió que, hasta la fecha, la atención prioritaria de la oficina de la señora Representante estaba enfocada en temas distintos a los planteados por los asistentes más sin embargo, se nos afirmó que en la sede central en Ginebra, se estaban haciendo los ajustes conducentes para incluir el ámbito migratorio como área de trabajo próximo en el país.
En todo caso, quienes asistimos a la reunión esperamos que, como consecuencia de nuestra visita y los temas tratados en la misma, el proyecto ginebrino se concrete pues es un área que amerita atención.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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