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La diferencia de actuación entre tres países latinoamericanos respecto de un hermano con problemas no deja de ser llamativa. En todo caso, debe ser motivo de constante reflexión.
Ha recibido el señor Presidente Duque esta semana el premio al liderazgo por la atención a los migrantes venezolanos, el cual fue creado con el respaldo de la Asociación Colombiana Americana (CAA) y la Fundación Venezolana Estadounidense para las Artes (VAEA).
La distinción es consecuencia de la aprobación por parte de la actual administración colombiana del Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano – EPTMV – el cual es, en mi opinión, un compendio mejorado de las políticas públicas aplicable a nuestra migración que ha implementado el Estado colombiano desde que la Corte Constitucional, en un fallo del magistrado Palacio Palacio, instruyó al gobierno del Presidente Santos respecto de la identificación de la migración irregular en el país, lo que motivó que ésta diseñare el Permiso Especial de Permanencia, que es el instrumento matriz del Estatuto en curso.
Así, en cumplimiento de esa decisión judicial, desde el año 2017, Colombia, con más aciertos que errores, ha diseñado políticas para aplicarlas a los venezolanos que al país han llegado y lo ha hecho tanto con el concurso de sus mentes más lúcidas, como de extranjeros que han sido contratados para ello, y por qué no decirlo también, con buen aporte de nuestros connacionales que, de una u otra manera, han sido consultados o han hecho llegar a las instancias de decisión opiniones fundadas respecto del tema en cuestión.
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Mientras eso ocurre en esta tierra, Brasil, por ejemplo, con quien compartimos Colombia y Venezuela límites – pero no idioma – ha diseñado para los venezolanos un sistema de protección no tan amplio como el colombiano pero que facilita nuestra integración, a pesar de las adversas circunstancias en las que por lo general a esa tierra llegamos. Lamentablemente, sin embargo, al sur del continente, Chile, por ejemplo, ha involucionado en materia de recepción a nuestros connacionales. Así, por aplicación de su normativa interna, que, por cierto, va en contravía de acuerdos internacionales, está aplicando como política de Estado la expulsión masiva de cuanto venezolano ingrese en condición de irregularidad a su territorio, sin que al respecto valgan explicaciones de ninguna naturaleza.
Cuando a estas tierras continentales llegó formalmente un europeo por primera vez – 3 de agosto de 1498, a Macuro, Venezuela -, quienes la habitaban eran indígenas naturales de las mismas; a posteriori, para el imperio español, éramos criollos y ellos peninsulares. Fue la independencia la que nos dio a cada uno de nosotros una nacionalidad, la cual obvió el origen cuál es que todos somos americanos por lo que en lo personal creo que exigirle a naturales de este continente pasaporte para cruzar fronteras – en el entendido que aquellas son un invento político en función de malentendida soberanía – es una barrera que en algún momento deberemos evaluar, tal como lo han hecho algunos en función de acuerdos binacionales o multilaterales, lo que deja en evidencia que se trata de decisiones políticas. Quizás si las distintas naciones que integran nuestro continente compartieren información actualizada respecto de quiénes son nacionales de cada país se facilitaría el que ese requisito no sea exigible. Seguramente se pensará que es una utopía y es probable que así sea, pero ocurre que, con unidad de propósito, éstas pueden hacerse realidad.
Desde México a la Patagonia, no es poca cosa que se hable, mayoritariamente, español. Esa circunstancia, sumada a lazos históricos y religiosos indisolubles, no ha sido suficiente para que, en dos siglos de independencia de la mayoría de nuestras naciones, nos hubiéremos podido poner de acuerdo en cosas básicas que facilitarían la vida de quienes hacemos vida en este continente, así como en nuestra común integración.
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En todo caso, respecto de Colombia, en próximos meses más de dos millones de venezolanos estaremos en este país. Quienes a él han llegado y aquí han tenido hijos – a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 19 de agosto del 2021 – contribuyeron a estrechar los lazos afectivos y políticos entre nuestras dos naciones, puesto que los aquí nacidos son colombianos y también venezolanos. Asimismo, nuestros connacionales que se incorporen a la protección del Estatuto y aquí tengan hijos, contribuirán con esa integración, lo que también tratamos de hacer quienes con nuestro esfuerzo en esta tierra generosa nos encontramos.
La diferencia de actuación entre tres países latinoamericanos respecto de un hermano con problemas no deja de ser llamativa. En todo caso, debe ser motivo de constante reflexión.
El premio que ha sido otorgado al señor Presidente Duque lo interpreto como venezolano como una distinción al país, a su liderazgo político y a sus habitantes, pues en su mayoría han entendido nuestra situación y actuado en consecuencia, lo que en lo personal agradezco.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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