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El pasado jueves, Jorge Rodríguez respondió la propuesta de Acuerdo Nacional presentada por Juan Guaidó, aduciendo en la misma que ello implicaría el reconocimiento de delitos y es lo cierto que, en la actual situación institucional venezolana, alguien los está cometiendo.
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Conforme a nuestra legislación, no es posible que dos personas ocupen el cargo de Presidente de la República, ni que sentencien quienes no tienen la condición de juez o magistrados, por solo citar dos ejemplos. Ante esa situación y visto que es evidente que ninguno de los factores en disputa podrá derrotar al otro, solo les queda a ambos consensuar una solución factible de aplicación general, la amnistía.
Ciertamente, a principios de la gestión parlamentaria del 2016, una alternativa como esa se construyó desde el recinto que los diputados ocupaban y fue obstaculizada por el poder judicial afecto al señor Maduro, pero lo es también que en ese momento no estábamos en una situación institucional como la que vivimos actualmente los venezolanos en la cual -dado nuestro conflicto- todos los poderes públicos tienen problemas de integración.
Así entonces, de avanzar ese proceso de negociación en ciernes, quienes en el mismo intervendrán deberán tener presente que no solo vía elecciones nuestra situación se resolverá, sino que la misma es más compleja y requiere por ello soluciones jurídicas que acompañen las políticas que se acuerden.
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Ciertamente, el tema que planteo es uno de los más complejos pues ninguno de los factores en conflicto probablemente se encuentre dispuesto a ceder, pero algo tendrán que construir a los efectos de facilitar la reorganización institucional del país pues éste no puede mantenerse eternamente con la duplicidad que hoy nos ocupa.
Entiendo que la solución política al problema planteado es una elección general pero ella solo aplica a los poderes sujetos a la voluntad de los electores y no a los que derivan de la designación que aquella hicieron. Son, entonces, éstos los que primero deberían resolverse pues adicionalmente el número de los afectados por la decisión es menor y el costo de hacerlo también, aparte de que la solución facilitaría lo electoral.
En momentos en los cuales se pretende discutir una vía que propenda a resolver la situación que a todos ocupa, debemos poner nuestro mejor esfuerzo para que ello se produzca, sobre todo porque cada vez nuestro problema interno en el exterior de nuestras fronteras causa más indiferencia ante nuestra imposibilidad de resolverlo.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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