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En Colombia, nos hacemos los despistados, pero para nadie es un secreto la situación que viene enfrentando Buenaventura por tantos años.
Todos lo sabemos; solamente decidimos, por nuestra enorme indiferencia hacia los negros de este país, ignorar todo lo que pasa en esa ciudad del Pacífico. Al analizar las terribles cifras de pobreza y violencia de la ciudad, dejando todo atavismo ideológico atrás y recurriendo a la razón y al sentido común, se puede concluir pragmáticamente que Buenaventura está, desde hace décadas, en una situación critica.
Según las cifras oficiales del DANE, 26,5% de la población de Buenaventura es analfabeta, el 72,4% tiene bajos logros educativos, el 54,3% está en el desempleo de larga duración, el 44,3% tiene una inadecuada eliminación de excretas, el 69,3% no tiene acceso al agua potable y el 94,2% de la población está en la más absoluta informalidad – sin contar, por supuesto, muchos otros fenómenos de violencia y pobreza que han afectado a los habitantes de Buenaventura, como las casas de pique que el clan Úsuga solía usar para desmembrar a sus enemigos -.
Debido a las nuevas disputas entre facciones de La Local, los Espartanos y los Shotas, las cuales han desatado una enorme ola de violencia en Buenaventura, se está contando en promedio un muerto por día. Estas organizaciones armadas – porque estas no son pandillas comunes – están operando, patrullando y atentando contra la población civil a plena luz del día. Están incluso, según varios reportes de la ciudadanía, ocupando de forma violenta las casas de las familias que se han ido de Buenaventura huyendo de la violencia.
Según informes de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación Paz y Reconciliación, se han presentado más de doscientos casos de desplazamiento forzado en Buenaventura en lo que va corrido del año. De acuerdo con estos informes, se han presentado constantes enfrentamientos armados que han puesto la vida de muchas familias en las comunas siete, diez y doce en peligro, lo que ha llevado, evidentemente, a que muchas familias abandonen sus hogares y engrosen las preocupantes cifras de desplazamiento. En la zona rural de Buenaventura, la seguridad tampoco ha mejorado: el avance de la disidencia de Gentil Duarte, del Frente 20 y de la columna móvil Jaime Martínez ha deteriorado la seguridad en la zona rural de la ciudad, donde los ataques a la población civil, incluyendo los asesinatos selectivos, no han cesado.
Según el último reporte de Human Rights Watch para Colombia, las medidas del Gobierno nacional, siempre basadas en la militarización y en la lucha antinarcóticos, han sido insuficientes, como también han sido insuficientes las medidas de la Unidad Nacional de Protección -especialmente cuando ésta prioriza la protección individual en vez de la protección colectiva de muchas comunidades en el país que se encuentran amenazadas y en peligro -. Este reporte también resalta que, reconociendo los enormes problemas de seguridad como consecuencia del narcotráfico en Buenaventura, la cuestión es mucho más compleja. La falta de presencia del Estado, como la falta de fiscales y de jueces en la región, por ejemplo, es un asunto estructural que ha permitido, no solamente la expansión de organizaciones armadas en la región, sino también el aumento de la violencia en general.
Se reunió José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch’s Americas Division, con el Fiscal General Barbosa. Espero que el Fiscal haya escuchado las recomendaciones que le plantearon en esta reunión y que el Estado responda, de una vez por todas, con toda la seriedad a los problemas que enfrenta Buenaventura. No puede ser, después de todo esto, que el Estado responda con lo mismo de lo mismo.
Tim Rieser, asistente de política exterior del Senador Patrick Leahy, dijo recientemente en el Miami Herald que el Acuerdo de Paz no sobrevivirá si la violencia continúa en el país, especialmente la que afecta a la población civil, a los líderes sociales, a los firmantes del Acuerdo y a los defensores de derechos humanos. Al final, según declaraciones del mismo Senador Leahy, se necesitará una respuesta integral, donde la seguridad vaya acompañada de oportunidades económicas y de servicios sociales en lugares del país donde la pobreza, el desempleo y la falta de servicios públicos son la regla y no la excepción.
Espero, por el bien no solo de la comunidad bonaverense, sino también por la de todos los colombianos que la situación en Buenaventura mejore. Es importante recordarles a los colombianos, como bien lo hizo el líder Leonel Rentería, la importancia que tiene el puerto de Buenaventura para la economía y la cultura del país. No puede ser, según declaraciones del mismo Leonel, que lo único que les importe a los colombianos y al Gobierno Nacional sea que la mercancía entre y salga del puerto, mientras que la comunidad bonaverense sigue enfrentando unos retos enormes en materia de seguridad, de garantías para la vida, de infraestructura y de derechos humanos. En conclusión, por favor, ¡póngale atención a Buenaventura!
*Carlos Zapata, politólogo e investigador en políticas de pobreza y violencia para Latinoamérica y el Caribe.
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