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Aunque restan todavía seis largos meses para que finalice el mandato presidencial, Iván Duque ya está posicionado como el peor presidente de la historia reciente.
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El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por una ambigüedad moral y ética en todas sus acciones. El manejo del proceso de paz se puede catalogar como todo un corolario de falacias y eufemismos, pronunciados sin vergüenza ante los escenarios más respetables de la institucionalidad internacional.
Mientras el gobierno buscaba socavar la Justicia Especial para la Paz interponiendo seis objeciones ante la Corte, alcanzó a recibir gustosamente USD 487.840.140 en su primer año de gobierno proveniente de la comunidad internacional, que debía destinarse a la implementación del Acuerdo. Paralelamente, basado en una confusa retórica , se inventó la “paz con legalidad”, buscando engañar a esa comunidad que de buena fe confió en el descarado gobernante de los colombianos.
Lo evidente es que “hacer trizas el Acuerdo” será la única promesa de campaña que cumplirá en sus cuatro años. Mientras recorre el mundo culpando a Juan Manuel Santos, por el rotundo fracaso de su gobierno en materia de seguridad, puerilmente oculta que en 2020 se presentaron 76 masacres y 292 asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo que de acuerdo a la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, fueron los números más altos desde 2014. Las cifras posteriores son aún más desalentadoras. En 2021, las masacres ascendieron a 187 y en las pocas semanas de 2022, llegan a 19, de acuerdo con la información de Indepaz. En sumatoria, aquí está el resultado de un egoísta gobierno, incapaz de asumir las responsabilidades de su mediocridad.
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El dantesco panorama se hace más tenebroso al estudiar el informe de la FAO que devela la inseguridad alimentaria a la que se enfrentan los colombianos como consecuencia de un aumento desmesurado de la crisis migratoria, una creciente inflación, la profunda inestabilidad política y social, las demoras en la implementación del Acuerdo de Paz y el desplazamiento forzado. Las dos últimas son el producto de esa fallida entelequia pomposamente llamada seguridad con legalidad.
La respuesta del gobierno se ha enmarcado en el componente militar. Mientras los países desarrollados propugnaban por aumentar la inversión social desde el inicio de la pandemia, Colombia aumentó el gasto militar en 2020, alcanzando la cifra de 1,8 millones de dólares, aumentando un 3,9% en relación con el año anterior, de acuerdo con el informe presentado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Adicionalmente, en complicidad con el congreso, aunó los esfuerzos para crear una norma propia de regímenes tiránicos encaminada a coartar la libertad de expresión y socavar el derecho a la protesta. Toda una macabra puesta en escena para justificar la violencia policial que ya dejó por lo menos 80 muertos luego del paro nacional reciente, según Indepaz.
Aunque restan todavía seis largos meses para que finalice el mandato de Duque, ya está posicionado como el peor presidente de la historia reciente. Los libros lo recordarán como el gobernante que le dio la estocada final a la democracia derrumbando los órganos de control e intentó aniquilar el Acuerdo de Paz. Todo guiado por un titiritero que quiso replicar un modelo de seguridad que dejó por lo menos 6.402 inocentes asesinados por las fuerzas armadas del Estado. Quizás sea lo que Duque pretendió emular, con su fracasada seguridad con legalidad.
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*Héctor Galeano David, analista internacional. @hectorjgaleanod
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