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No se puede caer en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara porque, al fin y al cabo, el avión no era de él.
“En la economía, las soluciones rinden más que los problemas; en la política, los problemas valen mucho más que las soluciones”. Nicolás Bujarin
EL SALVAMENTO DE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO
En días pasados, el consultor Mauricio Cabrera tituló su columna de opinión diciendo que “hay que rescatar a Avianca” y comenzó advirtiendo que “a riesgo de ser crucificado por las redes sociales, debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando”. Y yo añadiría que no sólo Avianca sino Latam y las demás aerolíneas que conectan al mundo con Colombia y a Colombia con el mundo. Y, más que rescatar a dichas empresas, de lo que se trata es de proteger los 600 mil empleos que, entre directos e indirectos, generan, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), amén de los US $7.500 millones que le aportan al PIB del país. Por lo demás, el transporte aéreo, al igual que las demás modalidades de transporte, es el que pone en movimiento los ejes de la economía nacional; es el gran articulador del ecosistema productivo.
En el Decreto – Ley 811 del 4 de junio, uno de los últimos que expidió el Presidente Iván Duque al amparo de la Emergencia económica 2.0, dejó abierta la escotilla al darle vía libre al Gobierno para lanzarle un salvavidas a las empresas que estén al borde de la insolvencia, mediante la compra de acciones o participaciones en las mismas, con pacto de retracto. Esto es que, una vez superada la emergencia sus accionistas o propietarios, se obligan a recomprarlas dentro del plazo que se convenga entre las partes. Ello, cuando se trate de “empresas que desarrollen actividades de interés nacional”. Tal es el caso de las aerolíneas.
Preocupa sobremanera que, en dicho decreto, se deja una rendija para la eventual privatización de ISA o ECOPETROL, cuando alude a la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado…que posea en determinada empresa”. El único condicionamiento previsto es que los recursos provenientes de la venta “sean destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados con la Emergencia económica”.
Y lo que se predica para el sector transportador aplica también a los demás sectores de la economía. Todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno en pro de las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra, busca de paso poner a salvo los empleos que ellas generan. Las empresas, además de generar empleo productivo, producen bienes y servicios tanto para el mercado doméstico como para las exportaciones y de contera contribuyen a la financiación del Estado mediante el pago de impuestos. No se puede caer, entonces, en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara porque, al fin y al cabo, el avión no era de él (¡!). Como bien dice el director del diario económico Portafolio Francisco Miranda, “una empresa que se hunde es el fin de un sueño y la parálisis de un piñón del motor económico de una sociedad”[1].
Eso sí, en nuestro concepto, la ayuda oficial a las empresas debe ser temporal, acotada y condicionada. Temporal, porque debe responder y corresponder a la coyuntura que, como la actual, amerite la intervención del Estado, pero, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a ella, debe cesar. Y no como ha ocurrido en el pasado, dado que, como dijo Miguel Antonio Caro, “en Colombia para que las cosas sean definitivas, deben ser transitorias”, pues es bien sabido que, en nuestro medio, no hay nada más permanente que las normas temporales. Debe evitarse, además, que haga carrera el oportunismo de quienes quieren aprovechar la coyuntura para pasar en volandas reformas a los regímenes laboral y pensional, en desmedro de los intereses de los trabajadores, con el espejismo de generar empleos.
Acotada, porque dada la limitación de recursos con los que cuenta el Estado, se debe establecer un tratamiento diferencial y diferenciado según el tamaño de las empresas y su actividad, fijar prioridades, montos y plazos razonables. Es bien sabido que las MIPYMES, a diferencia de las grandes empresas, han tropezado con dificultades para acceder al crédito bancario, no obstante la liquidez y las garantías que el Gobierno Nacional les ha dispensado. Los créditos para las MIPYMES, al igual que los recursos del programa Ingreso Solidario, se han debido canalizar a través de las entidades públicas, como BANCOLDEX, FINDETER o el Banco Agrario y no mediante la intermediación de la banca comercial.
Condicionada, de tal suerte que el apoyo a las empresas vaya en línea con las políticas estatales y no ocurra lo que en el pasado, por ejemplo, cuando se desmontaron los parafiscales y se concedieron exenciones a cambio de que generaran empleo, pero no lo generaron y se quedaron con los beneficios fiscales otorgados. Debería existir una cláusula de reversión, pues ante el incumplimiento se deben perder las ventajas o beneficios recibidos. Asimismo, la ayuda y el apoyo a las empresas deben ser coherentes con las políticas públicas agenciadas por el Estado. Un ejemplo de ello fue lo que dispuso el Presidente Obama en Estados Unidos para salvar de la quiebra a la industria automotriz, al condicionar la ayuda estatal a la mayor eficiencia de los motores que se fabricaran, teniendo como meta 54.5 millas de recorrido por galón de combustible para el 2025 y como línea base las 35 millas de entonces. Esta medida iba en línea con su programa de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El economista turco Nouriel Roubin, célebre por pronosticar con acierto el advenimiento de las crisis afirmó, cuando apenas se empezaba a propagar la pandemia del Covid-19, que “en este año existen visibles cisnes blancos potencialmente sísmicos, que podrían detonar graves perturbaciones no vistas desde el 2008”[2]. Y así fue. Ello, en el entendido que los cisnes blancos son aquellos que son previsibles, como en el caso que nos ocupa, en donde la única duda es la duración y las secuelas de la actual crisis. Esta es de tal magnitud y gravedad que ha puesto en cuestión la sobrevivencia de la globalización como la conocemos y como ha venido operando. De hecho las cadenas globales de valor se han visto estropeadas y los países están replegándose hacia sus propias fronteras. Viviremos una reconfiguración de la globalización, en la que prime la inclusión y la cohesión social tan venida a menos en los tiempos que corren.
EL CAPITALISMO PROGRESISTA
Como lo afirma el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, terminará por imponerse el capitalismo progresista, que “sustentado en una comprensión clara de los elementos que fomentan el crecimiento y el bienestar de la sociedad, nos ofrece una opción para salir del lodazal y mejorar la calidad de vida de la población”[3]. Es la única salida ante la actual encrucijada para salvar al capitalismo de sí mismo. Hasta los magnates de la gran empresa se han persuadido sobre la imperiosa necesidad de un cambio de paradigma y están tomando distancia del viejo y anacrónico paradigma de Milton Friedman, según el cual las empresas sólo tienen obligaciones con sus accionistas.
Antes, incluso, de esta crisis sin par por la que está pasando la economía global, en agosto del año pasado la Business Roundtable, que agrupa a los representantes de 181 multinacionales estadounidenses, entre las cuales se listan Apple, Amazon, Coca Cola, Morgan, Boeing y la petrolera ExxonMobil, lanzaron un manifiesto en el cual dicen textualmente que “cada una de las partes involucradas (en la vida económica) es fundamental. Nos comprometemos a aportar valor a cada una de ellas en pos del éxito futuro de nuestras empresas, de nuestras comunidades y de nuestro país”[4] y no sólo de sus accionistas.
Hacia el futuro, hasta la métrica para medir el PIB se tendrá que revaluar. La preocupación sobre el mismo habrá de trascender su ritmo de crecimiento para dar cuenta de su composición, su distribución y estará sujeto al análisis de ciclo de vida para poder establecer la trazabilidad de la huella de carbono de la economía. Como lo planteó Robert F. Kennedy, en un elocuente discurso en Kansas en marzo de 1968, poco antes de su asesinato, el PIB “mide todo, en resumen, excepto lo que hace que la vida vale la pena” para los excluidos. Como lo acaba de plantear la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), “los gobiernos tienen que aprovechar esta oportunidad para concebir una economía más justa y duradera, volver más inteligentes a las competencias y las regulaciones, modernizar la fiscalidad, los gastos y la protección social”[5]. Definitivamente, habrá que domesticar el capitalismo; no hay de otra. Esta es una tarea inaplazable.
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
[1] Portafolio. Editorial. Mayo, 27 de 2020
[2] El Economista. Febrero, 20 de 2020
[3] The New York Times. Abril, 30 de 2019
[4] www.ambito.com. Agosto, 20 de 2019
[5] Blu Radio. Junio, 10 de 2020
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