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Tienen que verse acciones concretas, plantearse incentivos empresariales determinados y más importante aún, tienen que mejorarse las condiciones de vida de las personas del común.
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Uno de los pilares de toda política económica es la generación de empleo. Está claro que son las empresas las que lo crean y, en esa medida, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones para la prosperidad privada; pero así también, debe ser el principal garante de los derechos de quienes, con su sudor, producen la riqueza de las empresas, es decir, los trabajadores. Por esto, en este juego de intereses, el Estado tiene el papel de equilibrista.
El Estado colombiano, sin embargo, tiene que hacer un equilibrio más complejo, con intereses de tres grupos distintos. Por un lado, los empresarios, que han sido los mayores beneficiarios de las políticas económicas, al menos desde los años 90s. Pero que se han sentido atacados con la reforma laboral que radicó el gobierno el pasado 16 de marzo.
Sus argumentos versan alrededor de que subirán los costos por empleado y que aumentarán los requisitos para contratación y despido de personal. Es decir, los empresarios que están en contra de la reforma laboral aceptan que, a pesar de las gabelas de tantos años que el gobierno ha brindado, hoy no les pueden garantizar remuneración justa y estabilidad laboral a sus empleados.
Lo cierto es que la reforma no es lesiva para nadie, las empresas harán sacrificios, sí, pero en una sociedad democrática hay sectores que se deben aportar más en tiempos de crisis, y el sector obrero ya lo ha hecho por muchos años.
Otros empresarios argumentan que sus modelos de negocios se verán seriamente afectados y que no podrán asumir los costos que implicaría contratar a una masa de trabajadores que hoy son informales y de los que dependen las empresas de la “economía naranja”, específicamente es el caso de Rappi.
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Lo que Rappi ha dicho es que la reforma “hará retroceder 15 años al país” en temas de domicilios, que estos aumentarán los precios y se dificultarán. Pero realmente, si son correctos los datos, lo que pasará es que, por ley de oferta y demanda, o bien a los domiciliarios se les deberá remunerar mejor y tendrán condiciones más dignas, o se incentivara el que las personas vayan a restaurantes, lo que dinamiza la economía.
En todo caso, Rappi debe recordar que de reinventarse es que las empresas sobreviven en el mercado, eso es parte del capitalismo. Así que, si esta gran empresa no evoluciona e innova ajustándose a las nuevas condiciones, será responsabilidad exclusiva de ellos el que lleguen a un declive económico. Además, el usuario no debe preocuparse, si Rappi no puede cumplir con su trabajo en las nuevas condiciones, será otra empresa la que venga a suplir la necesidad que su vacío genera. Pero si Glovo pudo cumplir las nuevas regulaciones en España, Rappi puede hacer lo mismo en Colombia.
En todo caso, es bastante diciente que precisamente Rappi busque impedir una reforma que no tiene otro objetivo que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sus altos funcionarios han hecho gira de medios pregonando que no se apruebe la reforma, en otras palabras diciendo que necesitan seguir manteniendo en condiciones paupérrimas a sus “socios” para poder subsistir.
Por otro lado, el Estado debe tener en cuenta a los trabajadores formales, sin embargo, eso que no le gusta a los empresarios es exactamente lo que beneficia a estos. La reforma denominada “Trabajo por el Cambio” les devuelve algunos de los derechos perdidos en los últimos años y, especialmente por los derechos sindicales que retoma, nivela un poco la cancha de juego entre empresarios y trabajadores.
Empero, el gran problema de la reforma, con la que en términos generales estoy de acuerdo, es que en el mejor de los casos esta aumentará la calidad de los empleos existentes, pero no creará nuevos. Y es precisamente esta posibilidad de emplearse lo que el tercer sector requiere.
Esta tercera población, que dicho sea de paso, parece no tener representación ni en el ejecutivo ni en el legislativo, está constituida por los desempleados, que son el 13,7% de la población en edad productiva, y los trabajadores informales que son, ni más ni menos, el 57,9% de la población trabajadora (ambos datos del Dane para enero del presente año). Estas cifras no son nuevas ni son desconocidas por los hoy gobernantes que tanto las citaron en campaña.
Aquí toma sentido el que haya iniciado hablando de la política económica y de la generación de empleo, pues es lo que le ha faltado a este gobierno. El cambio no se ha visto, y hablar y discutir sobre las reformas no es suficiente. Tienen que verse acciones concretas, plantearse incentivos empresariales determinados y más importante aún, tienen que mejorarse las condiciones de vida de las personas del común.
Entiendo que es en el Plan Nacional de Desarrollo que las propuestas, como las relacionadas con agroindustria y generación de empleo, se revisten de marco legal. Pero la demora perjudica a buena parte de la población que hoy, en los casos extremos, que no son pocos, aguanta hambre.
No hay que olvidar que la sostenibilidad del sistema pensional y la calidad del sistema de salud pasan necesariamente por crear empleo digno y formal. Las reformas sin nuevos empleos no son suficientes.
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*Camilo Andrés Delgado Gómez, estudiante de ciencia política, Universidad Nacional de Colombia/sede Bogotá, @CamiloADelgadoG
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