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Una vez le escuché a alguien citar un estudio para sostener que, si hubiésemos gastado todo el presupuesto destinado a la implementación de la Ley de Víctimas de 2011 en las víctimas, la mayoría de ellas hubiese recibido un monto indemnizatorio. Nunca encontré la investigación aludida. Pero resulta relativamente fácil sumar y dividir. Desde la adopción de la Ley 1448, el Estado ha hecho un esfuerzo enorme para financiar la política pública de víctimas, pasando de 6.1 billones en 2011 a 13.9 billones en 2018, con un presupuesto de entre 1.4 y 1.8 billones anuales en promedio para la Unidad de Víctimas.
Tengo estas cifras en la cabeza desde que estalló la controversia entre el Director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, y el gobernador de Caldas, Guido Echeverri.
Echeverri se enfureció porque, con buen criterio, la Unidad le retiró el financiamiento al Festival de Teatro de Manizales. Según él, todos los años, la Unidad le entregaba 150 millones al Festival y, si es así, solo este evento se podría haber llevado más de 1.000 millones. Este año, consciente de las restricciones presupuestales, la gobernación solo solicitó 90 millones.
No se trata, por supuesto, de negar el carácter reparador del arte. Colombia entera es terreno fértil para expresiones artísticas sanadoras que reconocen a las víctimas del conflicto armado y crean escenarios de reconciliación. Pero las entidades estatales tienen mandatos y deben establecer prioridades y, en un momento de apretón fiscal y con solo 10% de las víctimas registradas indemnizadas, la decisión de Rodríguez está llena de lógica.
La Línea del Medio solicitó a la Unidad de Víctimas los gastos en las artes de 2011 a la fecha. Grande fue la sorpresa al ver que solo reportó de 2016 a la fecha, como si los cinco años anteriores no hubiesen existido. La cifra fue de casi 2.200 millones, como se muestra a continuación.
La respuesta entera, que se publica al final de este artículo, indica que la Unidad no puede o no quiere entregar los montos adicionales de 2011 a 2016. Al parecer, está teniendo dificultades para recrear la historia porque las partidas se incluyeron en un rubro general como “medidas de satisfacción” y porque salieron de varios operadores logísticos. Lo cierto es que la cifra total podría estar superando los 10.000 millones en menos de diez años.
Por ejemplo, entre eventos no incluidos figuran varias producciones de El Colegio del Cuerpo (La Consagración de la P(az)rimavera; Inxilio, la danza que conmemora a las víctimas). La Unidad también aceptó entregar dineros para la filmación de una telenovela de RCN (No olvidarás mi nombre), una decisión que Alan Jara alcanzó a detener a su llegada. Todo esto, además, se realizó sin coordinación con el resto del gobierno. La Unidad entregó más de 600 millones al Festival Iberoamericano de Teatro en 2016 para que 30 víctimas participaran en dos montajes (Víctimas del conflicto se vinculan al Festival Iberoamericano de Teatro). Treinta. Treinta. No trescientas. La Ministra Garcés que, en ese momento, le hacía fuertes reclamos al Festival por su administración le expresó su disgusto a la directora Gaviria.
Esta es la caja con la que funcionarios y contratistas fueron recibidos en la nueva sede.
Para una jornada de atención a víctimas en Francia y España, el director Rodríguez se hizo acompañar de lo que parece un número exagerado de funcionarios de la Unidad y de la Organización Internacional para las Migraciones. Este es el equipo que viajó.
Los familiares de una víctima de homicidio y desaparición y la víctima de un secuestro tienen derecho hasta 40 salarios mínimos, o sea, unos 33 millones. Solo lo gastado en eventos artísticos hubiese podido financiar unas 300 indemnizaciones. Ni hablemos de lo que se hubiese podido hacer si, en estos diez años, no se hubiesen destinado tantos recursos a gastos superfluos como el ‘branding’, los viajes, los eventos, los regalos.
La reparación integral incluye las medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantías de no repetición e indemnización. La Unidad define las medidas de satisfacción como aquellas “que buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas”. Esta categoría, por importante que sea, no puede convertirse en prioritaria, ni mucho menos servir para ocultar gastos innecesarios.
¿No deberíamos dar un viraje en la implementación de la Ley de Víctimas que enfatice más el pago de indemnizaciones y menos las demás medidas? La gente está harta de esperar.
Me preguntarán por qué una defensora de la Ley de Víctimas escribe un artículo contra su implementación. Soy consciente que más de uno usará la información de este artículo para atacar la Ley y el Acuerdo de Paz. Pero es el despilfarro el verdadero enemigo de las víctimas, no su visibilización.
Esta fue la respuesta de la Unidad de Víctimas.
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