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Los presidentes no son jueces de manera tal que no les corresponde decidir sobre la libertad o no de una persona.
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Poco a poco, a la chita callando, nos acercamos al tiempo de elecciones presidenciales en Venezuela, una que se celebrará cuando quienes ocupan Miraflores quieran y no en fecha cierta, como ocurre por ejemplo en Colombia o Estados Unidos, por solo citar dos ejemplos.
Ese tiempo permitirá a quienes ejercen el poder validar su gestión y a los que le adversan ofrecer la construcción de un país distinto.
Los primeros afirmarán que sus resultados son consecuencias de las sanciones. Les contradice sin embargo el nivel de vida que buena parte de sus funcionarios lleva así como la actual campaña que tiene desfilando por pasarelas judiciales -debidamente uniformados- a un buen número de los integrantes del staff gubernamental y empresarios que bien les han servido. Las sanciones seguramente impactaron los resultados pero a eso debe sumarse la ineficiencia, el dogmatismo político y según lo afirma el gobierno, la corrupción de sus funcionarios.
Por el lado opositor queda escuchar propuestas y por cierto, no de persecuciones judiciales. Los presidentes no son jueces de manera tal que no les corresponde decidir sobre la libertad o no de una persona.
Desde la presidencia, sin embargo, si es posible propender a la reinstitucionalización del país y tiene para ello iniciativa constitucional.
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Reducir el periodo presidencial, eliminar la reelección indefinida, reducir el número de diputados de la Asamblea Nacional, crear el senado, reestructurar el TSJ, son propuestas que desde la presidencia pueden plantearse para, por vía de reforma constitucional, darle solidez institucional al país.
Pero quien resulte electo debe gobernar para mejorar la calidad de vida del país. Está obligado a generar políticas públicas que faciliten la recuperación del tiempo perdido e incentiven la inversión privada, por una parte, así como el retorno del capital humano que, en calidad de migrante, salió de nuestras fronteras.
En ese contexto, la industria petrolera tiene gran importancia.
Distinto a lo que piensa el actual gobierno colombiano respecto de su país, a los venezolanos nos corresponderá recuperar la industria petrolera, probablemente rediseñando el papel de PDVSA y ello porque tenemos, en ingentes cantidades, el petróleo que el mundo requiere. Para ello se necesitará importantísima cantidad de recursos los que sólo vendrán a Venezuela si hay estabilidad institucional y sobre todo, seguridad jurídica.
Este 25 de abril, luego de la reunión en Washington de los presidentes de Estados Unidos y Colombia, habrá en Bogotá -convocado por el señor presidente Petro- una conferencia internacional sobre Venezuela. Colombia es, aparte de nosotros, uno de los países más interesados en que nuestro conflicto se resuelva. Esa conferencia es un magnífico escenario para que ello empiece a ocurrir, entendiendo que, de haber importantes avances, el presidente colombiano se habrá anotado un importante éxito internacional con obvias implicaciones internas.
Mientras eso ocurre, quedan ocho meses para el 2024 y menos de veinte para el 10 de enero del 2025. Va entonces llegando el tiempo de decisiones de los ciudadanos venezolanos respecto del futuro que podremos construir.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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