Un fiscal de opereta

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El lenguaraz e irresponsable Francisco Barbosa, en su papel de director de orquesta, no permite que sus músicos toquen con la independencia debida.

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Si las investigaciones penales de los altos funcionarios amigos de Francisco Barbosa, fueran dirigidas por juristas independientes, responsables, honrados e idóneos, Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil, estimo que él estaría preso.

A pesar de todos los riesgos que ha corrido esta fiscalía para ocultar lo que a mi juicio constituyen continuados y constantes delitos del Registrador Nacional, por un error de cálculo del fiscal (in) competente, éstos saldrán a la luz. Hay esperanza. El político poco mesurado que hoy ocupa el cargo de Fiscal General de la Nación tiene los días contados para abandonar su cómodo búnker. Vislumbro que únicamente después de su salida podremos remover la inmensa cantidad de tierra que le han echado a la investigación del Registrador Nacional denunciada por nosotros.

El lenguaraz e irresponsable Francisco Barbosa, en su papel de director de orquesta, no permite que sus músicos toquen con la independencia debida, como debe ser una correcta administración de justicia. Todos deben seguir estrictamente los parámetros de su poderosa batuta, sobre todo si la interpretación de la obra afecta a sus cercanos amigos.

Convirtió a los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia en unos obedientes músicos que deben seguir su partitura, según se deduce de una directiva comunicada por Gabriel Jaimes, coordinador de ese grupo de  fiscales, que ordenó hace algún tiempo, que las decisiones importantes, antes de ser falladas, debían ser conocidas previamente por el director de la opereta. Esta directiva demuestra que la independencia de esos fiscales, en la administración de Francisco Barbosa, no es más que una mentira.

El doctor más capacitado de Colombia, quien considera a la Corte Penal Internacional una justicia de opereta, asumió la dirección de los montajes de sainete, en que ha convertido las investigaciones protagonizadas por su círculo de amigos, donde todo indica que no solo es el director de la orquesta y del teatro sino su abombado consueta.       

Desde el año 2020 presenté, ante la más eficiente fiscalía de la historia, un denuncio penal contra Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil, por presuntos delitos que hubiesen contado con la colaboración de algunos de sus subalternos, pertenecientes a la cúpula de la institución.

Denuncio penal al que aporté más de 38 pruebas documentales, en mi criterio irrefutables, que demuestran plenamente la existencia de esos delitos; aporté, por ejemplo, una larguísima lista con nombres y apellidos completos de funcionarios que fueron nombrados violando flagrantemente el artículo 266 de la Constitución Nacional.

Nombró unilateralmente por montones a recomendados del presidente anterior, de políticos, de magistrados de altas cortes, de periodistas, de fiscales, de amigos, sin cumplir con el necesario requisito de ingreso por Concurso de Méritos, como lo exige la norma constitucional, con lo que cometió el delito de prevaricato por acción.

Considero que este actuar le permitió crear una muralla protectora inexpugnable que hasta ahora le ha permitido  delinquir a sus anchas, convirtiéndose en el más poderoso Registrador que se tenga noticia en la historia de la institución, bajo la mirada complaciente de un fiscal de opereta, que nos prometió hacer la mejor fiscalía de la historia.

Aporté también pruebas documentales fehacientes que demuestran sin hesitación que nos declaró insubsistentes a varios Delegados del Registrador Nacional que ingresamos a ocupar nuestros cargos por un legítimo Concurso Público de Méritos, el mismo que nos permitió pertenecer a la Carrera Administrativa Especial de la Registraduría.

Claro, para poder hacer esos indecorosos nombramientos, no solo de los Delegados, sino de todos los funcionarios a nivel central y desconcentrado, declaró insubsistentes o destituyó o no les renovó sus vinculaciones laborales a igual número de funcionarios, sin tener en cuenta que ello está prohibido por las sentencia C-230A de 2.008 y C-553 de 2.010, sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional.

Estoy convencido de que cometió también el delito de prevaricato por acción, por montones, pero el consueta más preparado, el escritor de libros, el doctor, el especialista, el magister, al director de la orquesta a quien solamente le faltó estudiar la ética y la moral, al que no le gusta la justicia de opereta, no encontró que las acciones denunciadas apunten a evidentes e irrefutables delitos de su amigo Alexander Vega Rocha ni ninguna tacha en su evidente delictual actuación.   

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Mediante derechos de petición le pedimos al Registrador Nacional que nos entregara los documentos que dan constancia de la existencia de ese legítimo Concurso Público de Méritos, que nos permitió ocupar nuestros cargos. Sin escrúpulos, para poder nombrar a quien le diera la gana y no debilitar su grotesco e ilegitimo poder, negó la existencia de ese concurso, que fue ordenado por la sentencia C-230A de 2008 y realizado mediante convocatoria número 003 del mismo año.

Sostengo que el Registrador Nacional delinquió con una ingenuidad inusitada. Lo digo porque es imposible borrar la sentencia, la convocatoria, la lista de elegibles, las resoluciones de nombramiento. Es más, puedo decir que es tan torpe en su actuar que no se dio cuenta que en la misma página web de la Registraduría se hacía mención a la existencia de ese concurso y allí mismo aparecía la lista de los ciudadanos que superamos las etapas de esa competencia.

Cuando se dio cuenta que yo lo denuncié penalmente, desmontó de la página esa información, con la torpe idea de haber sepultado para siempre un real Concurso Público de Méritos. Para su infortunio, rescaté esa prueba y la aporté a la investigación criminal en tiempo oportuno.

No obstante, el mejor sabueso de la historia, en su papel de director de la obra teatral y de consueta, ordenó el archivo de la investigación por atipicidad de la conducta, con unos argumentos francamente vergonzosos y contraevidentes, desconociendo que esos delitos están establecidos en los artículos 413 y 292 del Código Penal Colombiano. Allí se tipifican con absoluta claridad los delitos de prevaricato por acción y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, delitos que tienen una pena de hasta de 12 años de cárcel y unas multas considerables.      

Por razones de espacio en este escrito solo me refiero a esos dos delitos y no toco los demás por los cuales también denuncié al Registrador Nacional y algunos de sus más importantes funcionarios, que también estimo plenamente demostrados en la investigación criminal.

En este artículo solamente pretendo demostrar que no tiene ninguna razón el Fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Augusto Caban Fonseca, para ordenar archivar esa investigación criminal por una supuesta, grotesca  y mentirosa atipicidad de la conducta.

No niego que el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal le da plenas garantías a un Fiscal para archivar con autonomía una investigación penal cuando existe atipicidad de la conducta y que además no existe ni el recurso de reposición ni el de apelación para atacar esa actuación, pero también es cierto que la sentencia 1154 de 2.005, proferida por la Honorable Corte Constitucional, declaró ese artículo exequible, pero condicionado a que, si el denunciante no estaba de acuerdo y presentaba nuevas pruebas, el caso podría ser conocido por un juez de control de garantías.

Si no se consigue nuevas pruebas es absolutamente imposible desarchivar una investigación, por lo que podemos concluir que fue a eso que le jugó la fiscalía. Pensó que yo no podía contar con nuevas pruebas, sin las cuales el caso quedaba cerrado para siempre y la opereta montada por la fiscalía habría cumplido con su delictual propósito.

Ellos sabían que esta situación es muy difícil que se dé, porque uno generalmente aporta todas las pruebas con el denuncio. Afortunadamente yo me guardé una prueba, pedí el desarchivo y aporté esa nueva prueba a la investigación criminal, para cumplir el requisito establecido en la sentencia mencionada, por lo que este asunto podrá ser conocido por un juez de control de garantías, en caso que el fiscal tercamente no desarchive esta investigación criminal, como se lo he solicitado.

Concluyo que son tan evidentes y contundentes las pruebas que al fiscal del caso le quedan dos alternativas: 1.- seguir sosteniendo la indefendible atipicidad de la conducta e insistir en el archivo de la investigación, por lo que necesariamente tendré que hacer las diligencias necesarias para que este señor se enfrente ante un juez de control de garantías y a una posible investigación penal y disciplinaria o 2.- imputarle cargos al Registrador Nacional, con lo que necesariamente este funcionario tendrá que enfrentarse a las pruebas presentadas. 

Existe otra alternativa que consiste en presentarle un denuncio penal al fiscal del caso por el presunto delito de prevaricato por omisión. No lo he hecho porque, mientras el director de la opereta sea el dueño de la batuta, sería ingenuo creer que encontraré la tan anhelada imparcialidad, por lo que tendré que esperar al nombramiento de un nuevo fiscal en el año 2024, si pretendo conseguir mis objetivos de justicia.

Estas son las razones que me permiten concluir que Alexander Vega Rocha se exponer a terminar en la cárcel y el fiscal del caso, quien hasta ahora no ha desarchivado la investigación, correrá con la misma suerte. Si éste actuó por presión de su sabio jefe, el director de la opereta, seguramente esto terminará en la Comisión de “Absoluciones” de nuestra “respetable” Cámara de Representantes. Ríase, ríase como un bufón, que todos sabemos que este tribunal de políticos siempre le ha causado risa a los victimarios y mucha rabia a las desilusionadas víctimas.

Se aproximan las elecciones de autoridades locales. Éstas serán dirigidas por Alexander Vega Rocha, un hombre que tiene en sus manos el destino de la democracia, gracias a un fiscal de opereta que decidió dirigir un sainete convencido de que era el mejor director del mundo.

No hay alternativa el impolut Registrador Vega seguirá manejando multimillonarios contratos, así como manejó más de dos billones de pesos en contratación de las elecciones anteriores para el congreso de la república, contratación que gozó de reserva legal, es decir, que contrató sin vigilancia de las autoridades de control, así como ha manejado muchísimos otros contratos como el de la cédula digital declarado ilegal por la autoridad competente.

Es el mismo que produjo un desastre en las elecciones para el congreso de la república anteriores, porque lo importante es nombrar funcionarios recomendados por poderosos, para sentirse más poderoso, así haya perjudicado a cientos de familias con sus destituciones grotescas, delictuales y abusivas.

La Revista Cambio, el año anterior dijo que Alexander Vega Rocha, cuando salió del cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral, había comprado un edificio completo en la Cabrera, uno de los sitios más costosos de Bogotá y que había comprado un apartamento en un sitio exclusivo en España. En el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil, maneja multimillonarios contratos sin ninguna vigilancia de los organismos de control.

Muchas gracias señor fiscal por brindarnos esa comedia tragicómica, que para infortunio de los colombianos será más trágica que cómica, ya que usted en su infinita sabiduría decidió habilitar a quien podría ser declarado delincuente como garante de la democracia, a pesar que usted es consciente de la existencia, en la investigación, de las muchas pruebas que demuestran su culpa y su dolo y del gran daño que le ha hecho a la institución.  

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*Oscar Maya Guerrero. Abogado, Ex-Delegado del Registrador Nacional en diez departamentos, con una experiencia en el ente electoral de más de 11 años.

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