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Queda por consiguiente a la comunidad de donantes internacionales que contribuyen con la migración, empresas venezolanas y autoridades colombianas, aprovechar este nicho de acción.
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Así se llama un sector del sur occidente de Barranquilla. Su nombre entiendo que deriva de la circunstancia que el 85% de su población es venezolana, de esos que la Corte Constitucional de Colombia definió como personas en extrema condición de vulnerabilidad. Allí estuvimos en una jornada de atención legal de sus 3.850 habitantes, la primera de campo desde la pandemia.
Para la población de niños de esa comunidad, no hay centros educativos cercanos disponibles, lo que implica que ellos, respecto de otros de su edad, estarán en desventaja al no asistir a la escuela, teniendo a mano la posibilidad de que no sea así.
Si se hiciera un censo de los adultos que en el sector viven, seguramente se encontrarán personas que pudieren impartirle a esos niños materias básicas como matemáticas, castellano o ciencias naturales, por ejemplo, que son materias de conocimiento general en cualquier país y ello pudiere perfectamente financiarse con recursos plurales, no necesariamente del fisco colombiano.
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Así por ejemplo pudiere arrendarse el parqueadero de cinco casas vecinas adyacentes al desarrollo en cuestión durante ocho horas diarias para que, durante dos turnos diarios, los niños pudieren educarse.
Los beneficios de esa medida no sólo alcanzarían a los niños sino que se extenderían a la población docente de la comunidad pues de la misma saldrían las maestras venezolanas que coadyuvarían en la formación de ellos. Los propietarios de las casas que sirvan de salón de clases recibirían ingresos no previstos que por cierto impactarían al fisco nacional.
Así las cosas, la propuesta en cuestión es beneficiosa para todos, por lo que quedaría en manos de quiénes están en capacidad económica, política y jurídica de hacerlo implementarla.
Queda por consiguiente a la comunidad de donantes internacionales que contribuyen con la migración, así como las empresas venezolanas que hacen vida en Colombia y a las autoridades colombianas y venezolanas aprovechar un nicho de acción que muy bien pudieren explorar.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural
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