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El consenso debería estar cruzado por un acuerdo de gobernanza del país, que avance a la eliminación definitiva de la corrupción en todas sus expresiones y genere un gran diálogo nacional e internacional.
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Colombia se encuentra inmersa en un momento político excepcional de su historia reciente, marcada desde los años 90s por la terminación de lo que se denominó en el sistema mundial como la “Guerra Fría”, la incorporación de grupos políticos armados que disputaban el poder del Estado y la nueva Constitución Política Nacional. No es casualidad que el actual candidato presidencial más opcionado provenga de uno de esos grupos, el Movimiento M-19.
Los procesos de reinserción y reincorporación han ocupado tres décadas sin obtener un cierre definitivo hacia la paz integral que incluya como elemento fundamental la reconciliación. A estos procesos de normalización de la vida política se le suma, en los últimos años, la incorporación de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, hecho que ha influenciado los acontecimientos políticos actuales e indudablemente es pieza importante para definir el futuro próximo del Estado y la sociedad.
Colombia fue definiendo, en medio de las violencias recicladas y del conflicto armado, su matriz política e identidad nacional a partir de un conjunto de expresiones socio – político – culturales, entre las cuales se destacan la relación amigo – enemigo, el aniquilamiento del contradictor político y el bipartidismo. Tienen su mito fundacional en los conflictos no resueltos que emergieron en el momento mismo de la llamada independencia nacional. Se reproducen y retroalimentan hasta nuestros días, con un profundo envilecimiento ético. Este conjunto de expresiones, valores y anti-valores ha conllevado, de manera trágica, a que la violencia y la ilegalidad se constituyan en el sistema omni-abarcador de la sociedad y del Estado, de sus relaciones, interacciones e interdependencias.
La sociedad colombiana ha intentado, en varias oportunidades y periodos de su historia republicana, lograr el equilibrio del sistema político y para ello ha generado lo que se puede denominar los Frentes Nacionales, seis en total para algunos historiadores, desde 1830 hasta nuestros días, siendo el último laboratorio el Frente Nacional de 1957. La fórmula utilizada ha sido, como lo expresé en una columna anterior, la matriz relacional inclusión / exclusión, que ha tenido como resultante el complejo panorama de violencia social y política actual.
¿Cómo construir una supremacía política y cultural que genere las condiciones necesarias y guíe la alternancia cuatrienal de gobierno, para un período de por lo menos 20 años, que contribuya al equilibrio del sistema político, a la transición democrática y a la paz integral y total?
El palpitante debate político por la Presidencia de la República en Colombia, aunque está determinado por actores protagonistas de las últimas dos décadas, tiene diferencias sustanciales respecto de las contiendas electorales. Una diferencia radical consiste en la conformación de amplias coaliciones que generaron rupturas y reagrupamientos en el sistema de partidos, como consecuencia de la fórmula de las consultas interpartidistas y el desarrollo de las redes sociales e influenciadores virtuales, que han democratizado la información y también promovido discrepancias y manipulaciones, desde lo que se conoce como fake news o las falacias de verdades a medias. Esta fórmula, por un lado, contribuye a debilitar a un más el ya maltrecho sistema de partidos existentes en el país, y, de otro, contribuye a generar los cimientos para un proyecto cultural y político consensual de largo alcance que permita el surgimiento de nuevas condiciones en correspondencia con el Estado Social de Derecho.
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El Pacto Histórico, que se propone avanzar hacia un Frente Amplio por la Democracia y la Paz, y la Coalición Centro-Esperanza, serían elementos centrales para modular y estructurar con un amplio acuerdo político una supremacía bajo la matriz inclusión / exclusión / inclusión, una vez electo el nuevo presidente de la República, contrarrestando de una vez por todas las amenazas de proyectos autoritarios y la violencia como dispositivo regulador del sistema social, político y cultural, con fundamento en acuerdos globales que bien pudieran esbozarse de la siguiente manera:
Se requiere un profundo diálogo político nacional y un acuerdo amplio legislativo que recompongan los desajustes institucionales y las reformas anti-Estado social de derecho, que han contribuido al desequilibrio de los tres poderes públicos y que se profundizaron a partir de la reelección presidencial de Alvaro Uribe Vélez. Lo anterior podría devenir en un conjunto de reformas institucionales, formas de designación y elección de altos funcionarios del Estado, reglas de oposición, entre otras materias.
El consenso político debe permitir el diseño y la implementación del cumplimiento del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las extintas FARC – EP y las posibilidades de acuerdos parciales o globales con los diferentes actores armados y macrocriminales que se expresan en el país. Esto implicaría un enfasis en la implementación del Punto 2 del Acuerdo sobre Participación Política, que promueva el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y sociales y el fortalecimiento del poder de decisión del constituyente primario.
Las dos coaliciones han puesto de relieve las debilidades en materia de educación y las necesidades de cambios estructurales en el proyecto educativo nacional. El país requiere y reclama un acuerdo que revolucione el sistema educativo nacional, que vaya mucho más allá de las viejas aspiraciones en cuanto cobertura, universalidad, gratuidad, cátedras específicas, entre otros aspectos, y reconozca la necesidad de revolucionar las pedagogías y la vivencia escolar, teniendo como parte de sus pilares la verdad, la historia, la reconciliación y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
El proceso de cambio y evolución del sistema político mundial y nacional que cerró la Guerra Fría ha avanzado, aunque con dificultades importantes, a la instalación de una cultura que repudia la guerra y las violencias armadas, lo que debe contribuir a generar modificaciones del modelo de seguridad ciudadana y comunitaria actual, rompiendo definitivamente con la regulación del denominado enemigo interno y la relación amigo / enemigo. El consenso puede tener como uno de sus ejes la incorporación constitucional y legal de la seguridad humana y todas sus implicaciones doctrinales, institucionales y reglamentarias en las diferentes fuerzas de seguridad del Estado.
La matriz inclusión / exclusión / inclusión deberá estar acompañada de una amplísima reforma de la relación gobierno – oposición con todas las garantías necesarias que alimenten, fortalezcan y revitalicen la democracia colombiana, entre ellas, las formas de elección de altos funcionarios del Estado y la vigilancia de los organismos de investigación y control del Estado.
Por último, y no menos importante, el consenso debería estar cruzado por un acuerdo de gobernanza del país, que avance a la eliminación definitiva de la corrupción en todas sus expresiones y genere un gran diálogo nacional e internacional en la búsqueda de una salida eficaz al fenómeno del narcotráfico, que no niegue la posibilidad de la legalización de la producción y comercialización de cocaína. Un acuerdo que incorpore las enseñanzas del pasado y nos ubique en un nuevo horizonte hacia la paz integral.
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*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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