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Los venezolanos estamos atravesando en la actualidad distintos problemas. Eso, que no es ajeno a ninguna sociedad, en la nuestra se acentúa por un asunto de conceptos.
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Para una parte importante de los venezolanos, la gestión del señor Maduro es catalogada como una dictadura, criterio que comparten también organizaciones internacionales de derechos humanos y algunos países de la comunidad internacional. Si la percepción es correcta, a esa gestión, que por tanto es contraria a los valores de la democracia, esos mismos actores venezolanos le exigen comportamientos exclusivos de ésta, lo que es absolutamente contradictorio.
Si estamos en dictadura, no estamos en democracia, de tal manera que no es posible que quienes a aquella dirijan se les requiera como condición insoslayable comportamientos de naturaleza contraria.
Ciertamente que ellos, por cubrir las apariencias –pues no estamos en la época de los setenta del siglo pasado en Latinoamérica- harán procesos electorales con muy pocas garantías para tratar de mantener su posición o dificultarán la participación en los mismos de adversarios calificados que puedan afectar su permanencia. De eso estamos conscientes. Pero también lo estamos que cualquier resquicio -activo o pasivo- que se abra para enfrentar la gerencia venezolana, debe ser aprovechada, sin exquisitos argumentos de juridicidad o eventual legitimidad, muy válidos para Suiza, pero inaplicables en la actual situación venezolana.
Los venezolanos en los últimos 22 años hemos tratado de cambiar el estado de cosas de distinta manera. Lo hicimos con paro nacional y multitudinarias manifestaciones, obviando que en ese momento quien se encontraba en el poder había llegado por votos y contaba con respaldo popular.
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También nos abstuvimos para la elección parlamentaria del 2005 sin movilizar a la ciudadanía pensando que por la exigua cuantía de los participantes en la votación, la Asamblea Nacional elegida quedaba deslegitimada y lo cierto es que ésta legisló y habilitó a Chávez a hacerlo, facilitando con ello la construcción del sistema socialista actualmente imperante, designó magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral e integrantes del Poder Ciudadano sin que por un solo momento dudaren que tenían la competencia normativa para ello.
Años después participamos masivamente en otra elección parlamentaria -2015- y su resultado fue desconocido por los ocupantes del palacio judicial caraqueño, lo que contribuyó a exponer en el mundo la naturaleza del sistema imperante en el país, para nuevamente abstenernos el pasado diciembre, con igual desmovilización ciudadana, lo que permitirá a los parlamentarios elegidos ese mes legislar en las materias que crean conducentes y designar a los representantes de los poderes públicos cuyos períodos vencerán durante su gestión.
Si mantenemos la coherencia entre el discurso y los hechos, no se puede pedir a quien no es demócrata conductas que solo éste tiene. Pero como quiera que quienes ejercen el poder en Venezuela están obligados –repito- a cubrir las apariencias, quienes sí lo somos debemos hacer lo necesario para poner en evidencia su conducta o, en el mejor de los escenarios, obtener ventajas democráticas derivadas de los resquicios que nos dejan en su actuar.
Visto que la invasión extranjera con la que algunos soñaban no se producirá, lo conducente entonces es enfrentar con las herramientas que el sistema actual nos permite el estado de cosas que nos ocupa, mientras por vía de las negociaciones conseguimos mejoría a las actuales condiciones. No hay de otra.
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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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